Lucía Melgar

El 24 de abril las mujeres de la Ciudad de México conmemoramos el décimo aniversario de la despenalización del aborto en esta capital. Diez años en que más de 176.000 mujeres pudieron acudir a hospitales públicos para dar término a un embarazo no deseado o no planeado, sin dar explicaciones

El 24 de abril las mujeres de la Ciudad de México conmemoramos el décimo aniversario de la despenalización del aborto en esta capital. Diez años en que más de 176.000 mujeres pudieron acudir a hospitales públicos para dar término a un embarazo no deseado o no planeado, sin dar explicaciones. Diez años en que también mujeres de otros estados de la República pudieron beneficiarse de un procedimiento que debería estar a su alcance en su lugar de origen.

¿Quiénes acudieron a los hospitales públicos? Principalmente habitantes de la Ciudad, y un tercio de otros estados. La mayoría tenían entre 18 y 24 años y un cuarto eran estudiantes. Como en países con legislación liberal, uno de los mayores logros de la despenalización es la reducción de la muerte materna, que en la Ciudad de México es prácticamente nula, en contraste con los riesgos que conlleva un aborto clandestino, inseguro. El 80% de los casos se llevó a cabo con medicamentos. Otro logro es que, tras el aborto, la mayoría de las mujeres se llevaron algún método anticonceptivo.

No todo es celebración en México o América Latina, sin embargo. En este continente el aborto sólo está permitido en 4 países: Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay (éste desde 2014). En otros países sólo existen las tres causales básicas: por riesgo para la salud de la madre, por inviabilidad del feto o por violación. En Chile, tras una larga batalla, se aprobó apenas la iniciativa de las tres causales pero falta que se legisle para que se haga realidad. Subsisten, además, países que someten a las mujeres a una prohibición total, a costa de su vida y su salud, e incluso en caso de violación, como Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. El grado de “democracia” existente no parece incidir en el bienestar de las mujeres puesto que El Salvador, que ha tenido un gobierno supuestamente “progresista”, tiene una legislación tan obtusa como la dictatorial Nicaragua.

En México, las tres causales están vigentes en la mayoría de los Estados federales pero sólo el aborto por violación es legal en toda la República. Esto no implica que los derechos de las mujeres se respeten, ya que en los hechos la norma sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046) no se cumple: el personal médico recurre a la objeción de conciencia, o exige una denuncia previa de la violación (que ya no se requiere según una reforma de 2016) o simplemente se niega y da largas al asunto. Esta actitud, no sólo patriarcal sino anti-ética y contraria a la ley y los derechos humanos, se manifiesta con más brutalidad contra mujeres que acuden al hospital a consecuencia de abortos mal practicados o hasta por abortos espontáneos. Más de 600 mujeres han pisado la cárcel, acusadas de homicidio en razón de parentesco, algunas condenadas hasta por 30 años.

La aberración no parece tener límite cuando de controlar los cuerpos y la vida de las mujeres se trata. El año pasado, en el estado de Veracruz, donde se cuentan por cientos las desapariciones y el feminicidio desde 2012, el gobernador envió al Congreso una iniciativa para incluir en la Constitución local “la protección de la vida desde la concepción”, cláusula que, con variantes, se ha inscrito ya en la carta magna de 17 Estados. Los “representantes del pueblo” no tomaron en cuenta ni las protestas que ya había provocado una iniciativa anterior, ni que Veracruz estuviera sujeta al proceso de “alerta de género por agravio comparado”. Éste se había iniciado en abril, a instancia de organizaciones civiles indignadas por la violencia contra mujeres y niñas y por la desigualdad institucionalizada que supone que, en su Estado, el aborto se castigue con tratamiento médico-psicológico (código penal) y amenaza de cárcel, y se obstaculice el aborto legal hasta en caso de violación, mientras que a unos cientos de kilómetros las mujeres pueden ejercer sus derechos hasta la duodécima semana.

Manuela murió por la infamia del personal médico y del sistema penal y de la gente “bien-pensante” que rechaza el aborto y se dice “defensora de la vida”

Desde luego que en América Latina hay situaciones más terribles, como la de “Manuela”, en El Salvador, encarcelada por aborto equiparado con homicidio y que murió en la cárcel a causa de un cáncer linfático que probablemente le provocó el aborto. Es positivo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recién haya aceptado revisar su caso y es de esperar que se repare el daño a la familia, pero no es ningún consuelo. Manuela murió por la infamia del personal médico y del sistema penal y de la gente “bien-pensante” que en su país, como en Honduras, rechaza el aborto, se dice “defensora de la vida”, por aquello de que “Dios da la vida” y “sólo él la puede quitar”, y pretende imponer esta creencia personal a los demás.

Los usos de la religión, del derecho, incluso del discurso de los derechos humanos, y de la ciencia por parte de quienes se oponen al derecho a decidir libremente acerca de la maternidad se repiten una y otra vez en nuestros países. En pleno siglo XXI y en medio de la ola regresiva que asuela al mundo, resurgen argumentos que deberían ya guardarse en el desván del obscurantismo. Cuando no se alude al origen divino (e intocable) de la vida, se argumenta que el cigoto ya es “persona” con los mismos derechos que un nacido vivo, se pasan por alto las etapas de la gestación para negar toda interrupción, o se recurre a estudios seudo-científicos que alertan contra los efectos negativos del aborto en la salud mental de las mujeres, sin distinguir entre aborto seguro o clandestino ni considerar la historia de vida de las mujeres. Los derechos de la mujer embarazada se pisotean como si ésta fuera incapaz de decidir lo que es mejor para ella o como si rechazar la maternidad fuera un acto contra natura.

No vale la pena repasar los argumentos más gastados. Sí, en cambio, señalar el grado de aberración a que pueden llegar incluso algunos legisladores al discutir la causal de aborto por violación. Un ejemplo es un senador chileno que se opuso a esta causal porque alegó que las mujeres podrían “inventar” haber sido violadas o incluso “acordar” una violación para abortar. Esto no indica ignorancia sino máxima estupidez y crueldad. Dada las irracionales afirmaciones acerca de la violación que proliferan en estos debates (recordemos que según un republicano estadounidense en una “verdadera violación” no hay posibilidad de embarazo), es obvio que hay quienes no quieren entender que ésta es una agresión, un acto de poder patriarcal con que se busca someter a las mujeres. Tampoco quieren entender entonces que negar un aborto en caso de violación es imponer una tortura.

Ante tal cerrazón, resulta paradójico que en la mayor parte de América Latina nos conformemos con la legalización del aborto por sólo las tres causales o alguna más. Sin duda esto es mejor que la prohibición, pero en cierto modo es conformarse con migajas. En un continente con altos grados de pobreza y marginación, ésta, por ejemplo, debería ser una causal válida. Si sumamos causales moderadas, lo lógico sería exigir la despenalización del aborto en términos similares a los del occidente europeo.

Quizá hoy podamos aducir que la coyuntura está en contra de un verdadero avance feminista. Sin embargo, habría que hacer una revisión autocrítica y trazar estrategias para construir un movimiento feminista continental capaz de apropiarse de la “defensa de la vida” como defensa de la vida de las mujeres y del derecho a decidir. Aunque el contexto mundial nos sea adverso, el reto es sacar el aborto voluntario del código penal y acabar con la violencia institucional contra mujeres y niñas.

REFERENCIA CURRICULAR

Lucía Melgar es crítica cultural y coordinadora para América latina de con la A.

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