Permítanme que vuelva a las andadas con el tema de la vivienda, retomando el artículo anterior de esta sección. Y es que resulta que, desde que fuera publicado, hace apenas dos meses, parece que al derecho a la vivienda en nuestro país se le opone otro mucho más importante: el de proteger la sacrosanta propiedad privada. Pero ¿la de quién?

En el sopor de este extraño verano pandémico, los magazines matinales se han nutrido de preocupantes historias de ocupación de viviendas por todo el país. Viviendas propiedad de personas como usted o como yo: una ilusionada pareja que había firmado la hipoteca de su primera casa; la señora que se encontraba en una residencia de ancianos, o esa familia trabajadora a la que unos desalmados arrebataban su hogar durante sus merecidas vacaciones.

Nadie duda de la existencia de estas situaciones y de los perjuicios que acarrean, que no son pocos. Pero conviene subrayar que existen dos tipos de delitos: el allanamiento de morada y el de usurpación, y en la abrumadora mayoría de casos que nos cuentan en televisión, se comete el primero de ellos, el allanamiento, en el que existen garantías judiciales para recuperar la vivienda con relativa rapidez. Pero bajo el refrito de desinformación y miedo puede entreverse que, a quienes cuentan las noticias, les preocupa más que se legisle sobre el segundo tipo de delito, la usurpación. Éste es el que se comete mayoritariamente contra viviendas vacías en las que no mora nadie, y que son en su mayoría propiedad de bancos o fondos buitre… o de quien no las necesita.

Ojalá las Ana Rosas del verano hicieran el mismo hincapié en hacernos temer otro problema, de mucha mayor dimensión: el de las personas y familias cuyo derecho humano y constitucional a la vivienda se ve permanentemente vulnerado y sin soluciones sostenibles. Aunque bastaría de momento con que, por lo menos, se ejerciera un periodismo riguroso con cifras y fuentes fiables. Y es que según datos del INE (2011) hay 3.443.365 viviendas vacías en España. Y según el Ministerio del Interior, en 2019 se denunciaron ante la Policía, la Guardia Civil y los cuerpos autonómicos un total de 14.621 ocupaciones ilegales de inmuebles. Pocas parecen, si atendemos a las cifras de Foessa (Cáritas) sobre vulnerabilidad y vivienda: a las 33.000 personas en situación de sinhogarismo hay que sumarle 800.000 personas en situación de vivienda insegura, -con incertidumbre de poner mantenerla en el corto plazo-,  y 1.300.000 en situación de vivienda inadecuada, es decir, que no reúne las condiciones mínimas para vivir en ella: paredes que se caen, pobreza energética, hacinamiento. También hay medio millón de personas que combinan ambas situaciones: malviven, y ni siquiera saben hasta cuándo. Y estas situaciones tienen, mayoritariamente, rostro de mujer, de persona mayor en soledad, de familia monomarental, de trabajadora precaria.

Hagan cuentas: tres millones y medio de casas vacías, alrededor de tres millones de personas sin vivienda digna y catorce mil ocupaciones denunciadas en un año. Si la ocupación fuera cosa tan sencilla, y de ella se entrara y saliera indemne, muchos andarían ya cambiando las cerraduras para instalarse sin consecuencias en algún chalet de El Viso o de Pedralbes. Como no parece tal cosa, podemos estar tranquilas, salir e irnos de veraneo, y vivir sin alarma de seguridad, (aunque la anuncien en cada pausa publicitaria) y tampoco hace falta tener a mano el teléfono de una empresa de macarras y filonazis “desocupadores” por si hubiera que echar a alguien de nuestra casa a patadas.

En un escenario de crisis económica, social y sanitaria, con un panorama previsible de impagos hipotecarios y de miles de personas condenadas a perder sus hogares, o a perpetuar una vida indigna en muchos de ellos, es a las personas más frágiles a quienes nos enseñan a odiar y temer, en un “sálvese quien pueda”, como en el viejo poema de Niemoller, hasta que no quede nadie para salvar a nadie.

Una pintada en un muro resumía muy pragmáticamente toda esta situación: “te enseñan a temer a los okupas* de la casa que no te puedes comprar, durante las vacaciones que no te puedes permitir”.

Nota: se evita aquí el uso de “okupar” con k, entendiendo que esa expresión tiene su origen en un movimiento social de largo recorrido y presente en todo el mundo, basado en la okupación colectiva de espacios vacíos o abandonados para su uso comunitario en forma de centros sociales, artísticos, culturales, solidarios o de vivienda (teatros, huertos, talleres…) y que presenta diferentes corrientes de pensamiento y repertorios de acción, y no sirve para definir los fenómenos de allanamiento anteriormente descritos.

REFERENCIA CURRICULAR

Irene Zugasti Hervás es Licenciada en Ciencias Políticas y en Periodismo. Se especializó en Relaciones Internacionales, Género y Conflicto Armado para terminar transitando hacia otro terreno no menos conflictivo: el de las Políticas Públicas para la Igualdad de oportunidades y contra la violencia de género. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes administraciones públicas, desde la AGE a la Comisión Europea, en paralelo a su trabajo como docente y consultora para proyectos internacionales. Actualmente trabaja como responsable de Políticas de Género en Madrid Destino, en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.

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