Desaparecer en la Ciudad de México
Socorro Damián
Este texto da constancia de la violencia institucional que enfrentan las víctimas indirectas de la desaparición cuando intentan acceder al aparato de justicia/búsqueda de las mujeres desaparecidas, que he observado a partir de nuestro acompañamiento de casos en Ciudad de México
La Ciudad de México, estado dónde se despenalizó por primera vez el aborto y se reconoció el matrimonio igualitario, alberga universidades públicas que, para las y los jóvenes, son la meta a alcanzar. Aquí, donde hace pocos años se respiraba cierta tranquilidad, hoy, en sus 16 alcaldías, las mujeres y las niñas desaparecen a plena luz del día, con total impunidad, ante la indiferencia del Estado y sus instituciones.
Este texto da constancia de la violencia institucional que enfrentan las víctimas indirectas de la desaparición cuando intentan acceder al aparato de justicia/búsqueda de las mujeres desaparecidas, que he observado a partir de nuestro acompañamiento de casos. Mi objetivo es señalar el entramado de omisiones por parte de las servidoras y servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad (PGJ CDMX), a través de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE). Estas instituciones han impedido búsquedas de mujeres con debida diligencia, perspectiva de género y apegadas a los más altos estándares en materia de derechos humanos y en materia de desaparición.
La desaparición de la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Mariela Vanessa Díaz Valverde, nos mostró la otra cara de la Ciudad de México: la de las desapariciones. Mariela, salió de su domicilio el 27 de abril de 2018, y se dice que ya no regresó, como si ése hubiera sido su deseo, su voluntad. No, no es que ella no quisiera regresar: a Mariela, como a muchas mujeres y niñas, no la dejaron regresar a casa sus captores, ni tampoco el Estado que debe garantizarnos protección y seguridad.
Sobre todo, las mujeres buscan a sus hijas, hermanas, hijas, sobrinas y madres, ellas son las principales buscadoras
Cuando en México se piensa en desaparición, se piensa en otros Estados, no en la capital. Los gobiernos, pasado y actual, han preferido negar el problema, antes que enfrentarlo. Y quiénes enfrentan la realidad devastadora de la desaparición son, precisamente, las familias y sobre todo las mujeres que buscan a sus hijas, hermanas, hijas, sobrinas y madres, ellas son las principales buscadoras: existe una feminización de las búsquedas de las personas desaparecidas (Paula Cuéllar, 2019).
El fenómeno de la desaparición sí tiene una dimensión de género: son las mujeres jóvenes quiénes más desaparecen. No pretendemos hablar de cifras, porque no existen registros ni datos confiables, pero contamos con el acompañamiento a las familias y el acercamiento a ellas, las víctimas recurrentes de este sistema depredador. Acompañar nos ha permitido adentrarnos en este laberinto de omisión e impunidad, de negligencia y de violencia institucional, que ha impedido y obstaculizado que muchas jóvenes, como Mariela, no vuelvan a casa.
Un punto de partida imprescindible para las autoridades de Procuración de Justicia en la CDMX, para entender y no errar en la atención diligente de las desapariciones de mujeres, es volver la mirada a Ciudad Juárez. A los feminicidios, que se empezaron a visibilizar en 1993, precedió la desaparición de las víctimas. Ahí, las madres en búsqueda han dejado antecedente de lucha y organización ante la trágica desaparición de sus hijas, y desde 2009 la sentencia “Campo Algodonero”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó al Estado Mexicano atender con debida diligencia la desaparición de mujeres, lo que se debe traducir en acciones inmediatas de búsqueda física y no de escritorio.
Cuando Mariela desapareció, las y los servidores públicos del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes a cargo del caso de Mariela y otros, básicamente recibían la noticia de la desaparición (ausencia o extravío para CAPEA), enviaban oficios institucionales y esperaban a que las jóvenes volvieran a sus casas. Nada más así.
En ese entonces se empezó a presionar para la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada para atender delitos de desaparición, conforme a la ley correspondiente de enero 2018. Ésta inició labores en septiembre de 2018. El fiscal nos informó que se contaba con tecnología de vanguardia para buscar a las personas desaparecidas. Pronto vimos que no era así. En enero de 2019 supimos del indignante hallazgo del cuerpo sin vida de Leslie Leticia Hernández Moreno, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desaparecida desde noviembre de 2018. Aunque su familia aportó información valiosa para tejer líneas de investigación, éstas no se agotaron, ni se echó mano de la tecnología existente.
Las familias que denuncian la desaparición de mujeres se enfrentan con la falta de debida diligencia, perspectiva de género y derechos humanos por parte del personal de la Fiscalía Especializada que, además, las criminaliza y culpa de la desaparición de sus propias hijas. El personal no está capacitado porque gran parte proviene de CAPEA, sin cumplir el perfil requerido.
El problema es que no se ha querido ver la dimensión de género que subyace a las desapariciones de mujeres. Hay contextos específicos que deben atenderse para la investigación de los casos y la planeación de acciones de búsqueda, y para diseñar políticas de prevención.
Algunas alcaldías han reflejado un incremento en las desapariciones de mujeres pero, hasta ahora, las autoridades no atienden al contexto que ha permitido la violación sistemática de derechos humanos de las mujeres en su territorio. Ven cada caso como aislado y, lejos de trazar líneas de investigación de oficio, como la trata con fines de explotación sexual o laboral, se enfocan en aspectos familiares y personales que rodean a las víctimas para tratar de convencer a las madres, o familias en búsqueda, que la “ausencia” de sus hijas ha sido “voluntaria”.
El camino que recorren las familias en la búsqueda de las mujeres y jóvenes desaparecidas está atravesado por la violencia institucional, desde que acuden a la fiscalía a denunciar
El camino que recorren las familias en la búsqueda de las mujeres y jóvenes desaparecidas, en la capital y en el país, está atravesado por la violencia institucional, desde que acuden a la fiscalía a denunciar. En la entrada se toparán con agentes de policía cuyas preguntas retrasarán la inmediata atención de las víctimas.
La sala de espera de la Fiscalía Especializada aloja a las familias que acuden a denunciar o a preguntar cómo va la investigación de sus casos. Se respira un ambiente de angustia, tristeza, desesperanza y hartazgo, sobre todo a medida que el tiempo transcurre sin avances en la localización. El tiempo de las Fiscalías nunca ha sido el de las mujeres víctimas de violencia de género: si las órdenes de protección no llegan para las mujeres violentadas, a las desaparecidas las autoridades no las buscan, o no a tiempo, para localizarlas con vida.
Pese a contar con un Protocolo para la búsqueda, invierte en peritajes, de psicología y antropología social, cuyos dictámenes son revictimizantes y criminalizantes para las víctimas directas e indirectas del delito de desaparición. En el caso de Mariela, el peritaje concluyó que padecía “depresión crónica” y el perito se apresuró a determinar que, probablemente, su “ausencia” era voluntaria, conclusión conforme a la predisposición de las autoridades, a considerar que las mujeres se han ido de casa de manera voluntaria, con lo cual justifican su inacción. Lo hacen incluso cuando las madres han proporcionado datos de prueba de lugar/es dónde, con alta probabilidad, fueron llevadas sus hijas, incluso los nombres de los victimarios.
Otro aspecto a destacar es que, mientras la Fiscalía no dé cuentas de las mujeres localizadas, las condiciones en que fueron encontradas, los lugares y delitos que se cometieron mientras estuvieron privadas de su libertad o en calidad de desaparecidas, los perpetradores y las condiciones de su regreso, los casos quedarán impunes y las mujeres y niñas a merced de los grupos criminales o particulares que operan en determinadas zonas, en probable colusión con las autoridades.
Las víctimas de desaparición, no sólo son las que no están físicamente con nosotras, lo son también las madres, hermanas, hijas, abuelas: mujeres buscadoras, ellas también son desaparecidas, cada vez que el Estado no escucha sus reclamos de verdad, justicia y reparación, cada vez que el Estado se niega a cumplir sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Son ellas mismas, quienes, en la Ciudad de México, han creado el colectivo “Hasta Enxontrarles: CDMX”, caminan juntas, se acompañan, se abrazan y transforman su dolor en acción: buscar a sus desaparecidas/os, una obligación que corresponde al Estado y en cuya exigencia no claudicaremos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
– Cuellar, Cuellar Paula, La Feminización de la Búsqueda de las personas desaparecidas. Animal Político, 25 de octubre de 2019. Fecha de consulta: 29 de octubre de 2019. Disponieble en: https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/la-feminizacion-de-la-busqueda-de-las-personas-desaparecidas/?fbclid=IwAR1zzUi-ETFh0l1iv3gb9WixgehScdb5SbBmnHv_0hG7OjYzBY_21OLd_Yg
– Sentencia González y otras (Campo algodonero) Vs México. Excepción preliminar, fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 2015. Párrafo 284.
– Ley Genera en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 2018. Versión electrónica: Recuperado el 29 de octubre de 2019.
– Protocolo Homologado para la Búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del Delito de Desaparición Forzada. Aprobado por el Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia el 20 de agosto de 2015. Disponible en:
– Animal Político, enero, 2019. Hallan muerta en Xochimilco a Leslye, estudiante de la UACM: estuvo dos meses desaparecida. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2019/01/leslye-estudiante-uacm-hallada-muerta-xochimilco/
REFERENCIA CURRICULAR
Socorro Damián es Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Civil por la UNAM. Fue abogada de la Unidad para Atender la Violencia de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es responsable del Área de Género y Derechos Humanos de la UAM-I. Asesora jurídica en casos de desaparición de personas.
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