Martha Juárez Pérez

En CDMX, el aborto comienza a ser un delito a partir de la semana 13 y, entonces, las sanciones para las mujeres que lo practiquen serán incluso de meses de prisión que pueden conmutarse con trabajo a favor de la comunidad

El 24 de abril de 2007 [1], quienes integraban la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizaron una sesión que marcó un antes y un después en la legislación que beneficiaría a las mujeres del país e incluso extranjeras.

Aquel día, diputados y diputadas integrantes de la VI Legislatura de esa Asamblea aprobaron en el Código Penal del Distrito Federal cambios radicales en la legislación penal y de salud de esta entidad. Eliminaron la figura del carácter de delito al aborto hasta la semana 12 de gestación, realizado con el consentimiento de las mujeres. De acuerdo con estos cambios legales, el aborto comienza a ser un delito a partir de la semana 13 y, entonces, las sanciones para las mujeres que lo practiquen serán incluso de meses de prisión que pueden conmutarse con trabajo a favor de la comunidad

Además, se mantuvieron otras razones que existían en el código y que excluyen la responsabilidad penal a las mujeres cuando necesitan acceder a abortos en casos de embarazos resultados de violación sexual o inseminación artificial no consentida; cuando afecte de manera grave su salud; cuando el producto de la gestación presente alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales al límite que puedan poner en riesgo su sobrevivencia y cuando, por una conducta no intencionada de la mujer, se produzca el aborto. En cualquier caso, si el aborto se ejecuta en contra de la decisión de las mujeres se sanciona como aborto forzado.

Lo más relevante es que se dio pie a que las instituciones del gobierno instrumentaran, de manera inmediata, una política pública de salud

De manera paralela, ese cambio en materia penal se acompañó con modificaciones

en la Ley de Salud. Lo más relevante, desde mi punto de vista, es que se dio pie a que las instituciones del gobierno instrumentaran, de manera inmediata, una política pública de salud que volviera realmente accesible la interrupción legal del embarazo para las mujeres que así lo requirieran, sin que tuvieran que actuar de manera clandestina e insegura para lograrlo.

A quince años de este relevante cambio a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, en reconocimiento a su autonomía y libertad reproductiva, que ha servido para garantizar su derecho a la salud y a la vida, entre otros, se pueden observar logros que consolidaron las demandas que, durante décadas, promovieron feministas y grupos feministas, quienes, además, en 2007 estuvieron presentes para consolidar el cambio legal mediante su constante presencia, asesoría especializada y acompañamiento social durante el desarrollo del proceso legislativo que culminó con la despenalización del aborto.

Entre esos logros, se pueden mencionar las 5 mil mujeres que en 2007 accedieron al servicio público para interrumpir el embarazo de manera segura en las clínicas del gobierno de la Ciudad. Esta cifra aumentó a 20.765 en 2013. El 2020, principal año de la pandemia por covid 19, es el año que ha registrado el menor número de servicios: 11.269, para remontar en 2021 a 12.295 mujeres que han accedido a estos. Desde su despenalización y hasta marzo del 2022, se han llevado a cabo un total de 247.210 interrupciones legales del embarazo en 23 hospitales públicos [2].

Como se mencionó antes, mujeres de todos los estados han viajado a la CDMX para ser atendidas. Además de la capital, de donde más han acudido es del Estado de México (67.375), Puebla (1.554), Morelos (951), Jalisco (699), Querétaro (697), Michoacán (570), Guanajuato (514) y 62 extranjeras.

Por otro lado, los datos nos indican que 84% de las usuarias tienen entre los 18 y los 34 años de edad, 61% cuentan con estudios de educación media superior y educación superior, y 31% con secundaria. El resto reporta primaria [básica] o no tiene estudios. Las principales ocupaciones reportadas son de mujeres que se dedican al hogar (30.4%), empleadas (28.8%), estudiantes (24.4%) y comerciantes (5%).

El derecho a decidir está relacionado con la autonomía personal y la libertad reproductiva

Por último, de las poco más de 247 mil mujeres que durante estos quince años han interrumpido su embarazo, la mayor parte de ellas no tenía hijos: 71.235, mientras que 104.812 tenían entre 1 y 3 hijos. Es decir, la medida adoptada por ellas implica el ejercicio de su derecho a decidir tener o no tener hijos o más hijos, lo que confirma que el derecho a decidir está relacionado con la autonomía personal y la libertad reproductiva.

En la Ciudad de México se puede hablar de una política de salud consolidada en materia de interrupción legal del embarazo (ILE) que convendría evaluar de manera sistemática para detectar áreas de mejora, como en general se requiere con los servicios públicos de salud en México. Por ejemplo, evitar la práctica de distribuir en las madrugadas un número limitado de fichas en los centros u hospitales que brindan el servicio de ILE, y que este fuera asequible y accesible de manera permanente para todas las mujeres que lo solicitan. Así mismo, restringir la presencia de grupos conservadores que se apuestan afuera de los servicios (públicos y privados) y desinforman a las mujeres que acuden a las clínicas, con el fin de intervenir en su decisión y desincentivar la práctica del aborto [3].

Los otros estados que han despenalizado el aborto

La historia entre 2007 y 2022 ha sido intensa respecto al derecho a decidir de la mujeres. Múltiples ejercicios de resistencia feminista se reprodujeron para detener la reacción conservadora contra el posible avance de este derecho en otras entidades del país: grupos conservadores buscaron limitar el derecho al aborto al incluir en 21 constituciones estatales el supuesto derecho a la vida desde la concepción, después de la despenalización en la capital del país. En ese contexto, se multiplicaron los casos de demandas ante la Suprema Corte impugnando esas determinaciones reaccionarias y buscando el reconocimiento para los derechos de las mujeres. La Corte, finalmente, dio un fallo fundamental en septiembre de 2021: reconoció que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

En esta lucha por defender el derecho a decidir de las mujeres, y en medio de pugnas sociales, legislativas y judiciales, el contexto se modifica y, a partir de 2019, el estado de Oaxaca despenaliza el aborto. Siguieron en 2021: Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, para continuar Sinaloa en 2022. Salvo este último estado que despenalizó hasta la semana 13, el resto mantuvo las 12 semanas de gestación como plazo para la ILE. 

Por su parte, en Colima se añadieron dos causales para que las mujeres puedan acceder a la ILE: cuando una autoridad niegue el aborto previo a las 12 semanas y cuando el personal de salud omita informar sobre el derecho a la ILE en ese plazo [4].

En este sentido, se reitera la importancia de vincular la despenalización con la garantía del acceso a los servicios. Por ello, llama la atención que ni los estados de Hidalgo ni Veracruz hayan reformado su respectiva ley de salud para incluir la manera en que se regula la ILE.

Como puede observarse, a partir de 2007 y hasta 2022 la historia mínima del derecho al aborto para las mexicanas tiene aún mucho por decir y escribirse. Se mantienen retos ineludibles: que este derecho sea el mismo para todas las mujeres en todos los lugares; es decir, aún faltan 25 estados por despenalizar el aborto, y que esos cambios se den conforme a los mejores parámetros en contenido, definiciones, plazos, acceso a servicios, etc. Que el derecho a la salud se garantice, de manera amplia, y se evalúen estos servicios para que las mujeres reciban la mejor atención para garantizar su salud y su libre autodeterminación reproductiva.

NOTAS

[1]     Se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de abril de 2007.

[2] Todos los datos sobre aborto en la CDMX son tomados de http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/WEB_11042022.pdf

[3] https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-10-19/these-clinics-in-mexico-are-trying-to-stop-abortions-by-duping-women

[4] https://ipasmexico.org/2021/12/01/con-dos-nuevas-causales-colima-se-convierte-en-sexta-entidad-en-despenalizar-el-aborto/

REFERENCIA CURRICULAR

Martha Juárez Pérez es titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, de 2019 a la fecha. Biblotecóloga de formación profesional, ha sido activista defensora de derechos humanos que ha colaborado en diversas organizaciones sociales en México. Sus temas de interés han sido, principalmente, los derechos reproductivos, la participación política de las mujeres y los presupuestos públicos asociados a la igualdad de género. 

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