Luciana Ramos

En circunstancias de paz, la violencia sexual es de por sí la más ocultada y normalizada y en condiciones de violencia extrema, como las que ocurren en vastos territorios del país, tiene implicaciones particulares por sus graves consecuencias en la salud, agravadas por la impunidad de la que gozan los agresores sexuales

Oficialmente México no vive una guerra, sin embargo, no podemos decir que vive en paz considerando los incrementos en los homicidios, feminicidios, delitos “comunes” y delitos de alto impacto, el mayor uso de armas de fuego, y la existencia de organizaciones con mandos estructurados que ejercen poder y control sobre territorios, poblaciones locales y recursos.

En circunstancias de paz, la violencia sexual es de por sí la más ocultada y normalizada y en condiciones de violencia extrema, como las que ocurren en vastos territorios del país, tiene implicaciones particulares por sus graves consecuencias en la salud, agravadas por la impunidad de la que gozan los agresores sexuales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” [2].

 Esta violencia es experimentada mayormente por mujeres en cualquier parte del mundo, aunque también se ha documentado en hombres que no se ajustan a las normas sociales con respecto a la orientación sexual o la identidad de género. Son las niñas y en menor medida los niños sus víctimas principales, reportando la OMS una prevalencia mundial aproximada de 27% en las primeras y de 14% en segundos [3].

La denominada violencia sexual relacionada con el conflicto hace referencia a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma ocurrida en situaciones de conflicto

En situaciones de guerras o conflictos armados, mujeres y niñas son afectadas desproporcionadamente por esta violencia. La denominada violencia sexual relacionada con el conflicto (VSRC) (en inglés conflict-related sexual violence) hace referencia a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma ocurrida en situaciones de conflicto o posterior a éstos, que guarden relación temporal, geográfica o causal con el propio conflicto [4]. Como crimen de guerra, la VSRC hace referencia al cometerla como parte de un plan o política, o bien como parte de la comisión a gran escala de dichos crímenes. Como crimen de lesa humanidad, implica un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Ahora bien, en vista de que la VSRC no ocurre siempre ni necesariamente en todos los conflictos armados, se ha planteado que los factores que pueden explicar su presencia son los niveles de violencia sexual y las desigualdades de género preexistentes al conflicto en la sociedad concreta de la que se habla [5]. Desde esta perspectiva, la VSRC tiene raíces similares a la violencia sexual que ocurre en tiempos de paz, aunque sus niveles de brutalidad y odio podrían explicarse por factores étnicos, religiosos o ideológicos.

En un informe reciente del Consejo de Seguridad de la ONU (2018) [6], se señala que la presencia de violencia sexual asociada con un conflicto puede observarse en el perfil del perpetrador (quien a menudo está afiliado a un grupo armado estatal o no estatal), en el perfil de la víctima (que frecuentemente es o se cree que es miembro de una minoría política, étnica o religiosa perseguida, o que tiene alguna orientación sexual e identidad de género que se aleja de la normatividad social), en el clima de impunidad (generalmente asociado con el colapso del Estado), en las consecuencias transfronterizas (como el desplazamiento forzado o la trata de personas), y/o en la violación de acuerdos de suspensión de acciones militares. El término también abarca la trata de personas con fines de violencia o explotación sexual cuando ocurre en situaciones de conflicto.

El feminicidio sexual es una forma brutalizada de mantener las desigualdades de género existentes

En México, estamos observando incrementos en la frecuencia de la violencia sexual y también en la saña con la que se llevan a cabo violaciones y feminicidios sexuales, acompañadas de desapariciones previas y con un alarmante aumento de niñas y adolescentes victimizadas tanto dentro como fuera del ámbito familiar. Sin embargo, dado que en la situación actual de violencia en nuestro país: a) no se puede clasificar en términos estrictos como una guerra o conflicto armado interno según estándares internacionales; b) no puede considerarse una confrontación étnica, religiosa o ideológica claramente definida; c) participan diversos actores estatales y no estatales involucrados en los hechos de violencia, no puede hablarse de VSRC. Es sin duda una violencia sexual que ocurre en un contexto de violencia extrema, pero que no podemos decir que es excepcional, en la medida en que existe y se ha documentado desde hace décadas -con todo y sus limitaciones de registro-, y que la impunidad que le acompaña ha ocurrido históricamente en “tiempos y contextos de paz”. El feminicidio sexual es una forma brutalizada de mantener las desigualdades de género existentes y, en esta lógica, se manifiesta como una expresión extrema de dominación masculina. Ya lo mencionaba Julia Monárrez respecto a Ciudad Juárez: “El feminicidio sexual es un sistema que muestra la lógica irrefutable del cuerpo de las niñas y mujeres que son secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas desérticas, los lotes baldíos, en los tubos de desagüe, en los tiraderos de basura y en las vías del tren. Los asesinos, por medio de actos crueles, fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género que distinguen los sexos: otredad, diferencia y desigualdad. Al mismo tiempo el Estado secundado por los grupos hegemónicos refuerza el dominio patriarcal y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa, a través de un período continuo e ilimitado de impunidad y complicidades al no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las víctimas” (p. 375) [7].

Aunque en México existen leyes, normativas y programas y existen mecanismos en instituciones de procuración de justicia, de salud, de adelanto para las mujeres e incluso de desarrollo social, en la realidad los obstáculos para su cumplimiento e implementación efectivos son innumerables [8]. Esto es peor todavía en el caso de niñas y niños. La ausencia de legalidad, la impunidad, el tener instituciones estatales débiles y marcadas desigualdades de género, son factores que pueden generar condiciones para ejercer más violencia sexual, más brutal y más extendida y diversificada.

El impacto de ésta sobre la vida de quienes la sobreviven puede resultar devastador, sobre todo si no se recibe el apoyo y la atención física y mental que se requiere. En el ámbito de la salud, se requiere una atención integral que incluya servicios de salud mental especializados, información sobre anticoncepción de emergencia y aborto seguro, exámenes forenses si se decide denunciar, así como acompañamiento legal. El tema no es menor y hay mucho qué hacer al respecto.

NOTAS

[1] Parte de esta información son fragmentos de un capítulo de libro, actualmente en proceso, escrito por la autora y Karla Flores Celis: Impacto de la violencia sexual en la salud mental en entornos de violencia colectiva.

[2] Organización Mundial de la Salud (2013a) Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Violencia sexual. Washington, DC: OPS.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pdf?sequence=1

[3] Ibídem.

[4] Koos, C. (2017). Sexual Violence in Armed Conflicts: Research Progress and Remaining Gaps. Third World Quarterly, 38(9), 1935-1951.

[5] Ibidem.

[6] Organización de las Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos. 23 de marzo de 2018. Consultado en: http://www.refworld.org.es/pdfid/5ad4da0c4.pdf

[7] Monárrez F.J. (2010a). Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 1993-2005. En: Monárrez, F. J., Gómez, C. L.E., Flores, F., César, M., & Salas, R. (Coords). Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez. México, Ed. El Colef, Miguel Ángel Porrúa, pp. 361-394.

[8] Esto lo muestra claramente el propio diagnóstico realizado por la CEAV. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. (2016). Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México. Informe Final. Ciudad de México: Secretaría de Gobernación. Recuperado de: http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Diagno%C3%8C%C2%81stico-Cuanti-VS-Versi%C3%83%C2%B3n-completa-14-marzo-CVS.pdf

REFERENCIA CURRICULAR

Luciana Ramos Lira es Doctora en Psicología Social por la UNAM. Investigadora de tiempo completo en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría «Ramón de la Fuente Muñiz» de México. Ha realizado investigación en torno a la violencia contra las mujeres y sus efectos en la salud mental.

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