Antonio Medina Trejo

Ser gay, lesbiana, bisexual o trans (LGBT) en México puede motivar la exclusión, rechazo, burlas, negación de servicios y discriminación social

Así lo demuestra el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en su última encuesta (ENADIS 2010) en la que seis de cada diez personas encuestadas preferiría no vivir con una persona LGBT; en tanto, el 50 por ciento de personas LGBT reportan haber sido discriminadas en algún momento de su vida, mientras que un porcentaje muy amplio de esta comunidad continúa excluido del acceso a la seguridad social cuando viven en relaciones de pareja estables y sin ningún vínculo legal.

A estos datos se suma lo que ha venido aportando la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH) desde 1998, cuando informó que, en el periodo 1995-1998, habían perdido la vida de manera violenta 164 personas homosexuales en México debido a su orientación sexual. En su último informe, en 2013, la cifra llegó a 887 personas asesinadas, en promedio 50 personas por año, siendo 2012 cuando más crímenes se reportaron: 97.

Una de las denuncias de esta Comisión fue que el 99 por ciento de ese tipo de asesinatos quedan impunes, pues los ejecutores tienen la certeza de que no serán atrapados. Esto se debe a que, cuando se sabe de un homosexual asesinado, los prejuicios de peritos, ministerio público, policías, agentes judiciales, y de los mismos familiares, hacen que se dé carpetazo a la investigación y se clasifiquen esos hechos como “crímenes pasionales entre homosexuales” y no “crímenes contra homosexuales”, como denunció en diferentes momentos el escritor Carlos Monsiváis, quien fuera uno de los impulsores de dicha Comisión.

Los móviles de las ejecuciones contra homosexuales se han perpetrado de la siguiente manera: de todos los casos, “los ataques con arma blanca (340) representan 37 por ciento de los casos, por encima de los golpes (180), arma de fuego (110), estrangulamiento (79) y asfixia (65), entre otros”. Con respecto al lugar donde aparece el cuerpo de las víctimas, el domicilio de la víctima ocupa el primer lugar, con 365 casos; la calle (207); el hotel (61); terrenos baldíos (55) y el lugar de trabajo (40). “El promedio de crímenes registrado entre 1995 y 2004 es de 33 casos por año, mientras que entre 2005 y 2013 es de 51”.

Los datos geográficos a destacar son que la capital del país es la entidad con el mayor número de casos (164), seguida por el Estado de México (92), Nuevo León (67), Jalisco (56) y Michoacán (58). De acuerdo al registro hemerográfico, revisado hasta finales de 2013 por la organización civil Letra “S”, se constata que los hombres homosexuales han sido las principales víctimas (700 casos), además de mujeres trans (181) y mujeres lesbianas (6 casos).

No se registran crímenes por motivos de orientación sexual contra lesbianas porque se invisibilizan en las cifras de feminicidios

Es interesante ver que la cifra en crímenes contra mujeres se mantiene igual desde el primer informe de 1998. ¿Será que no se registran crímenes por motivos de orientación sexual contra lesbianas porque se invisibilizan en las cifras de feminicidios?

Ante este fenómeno de homofobia, que no respeta edad, condición social, estatus económico ni género, cabría preguntarse si a mayor visibilidad del movimiento LGBT, mayores actos de violencia criminal pueden gestarse en la sociedad pues, precisamente en los últimos años, el activismo de disidencia sexual en la ciudad de México ha logrado grandes avances sociales y políticos: las marchas ya rebasan las 100 mil personas y la tolerancia en muchos espacios públicos de la capital y otros estados del país se puede observar a simple vista.

Los mensajes que, este colectivo, lanza en cada salida masiva, año tras año a finales de junio, tienen que ver con la inclusión en políticas públicas, el acceso a derechos negados históricamente y la eliminación de todas las formas de discriminación por motivos de orientación sexual. Un tema fundamental ha sido la exigencia de este sector por la lucha contra la homofobia social que, en ocasiones, se gesta desde las mismas instituciones educativas, de salud o de justicia, por mencionar algunas.

En ese sentido, ha sido muy importante ver cómo el término “homofobia” se ha mimetizado en el lenguaje común en los últimos años. Socializar la palabra, su significado, y convertirla en un término de uso corriente en los medios, en el lenguaje político y de denuncia social, ha permitido comprender lo que significa el rechazo hacia quienes aman a personas de su mismo sexo/género, y cómo los prejuicios y estigmas heredados del judeocristianismo han afectado al colectivo homosexual.

Con el inicio del nuevo milenio y el cambio de gobierno en el país, el tema de la homofobia ha cobrado una importancia significativa en el discurso político y, aunque limitado, se han emprendido acciones encaminadas a mitigar este flagelo. En el imaginario social la connotación de esa palabra ha ido acompañada de cifras e imágenes de personas asesinadas, de denuncias por discriminación de jóvenes gays, personas trans o activistas iracundos que reclaman justicia. También la lucha en contra de la homofobia en México ha contado con apoyo de un sector académico, artistas, intelectuales, líderes de opinión -y cada vez más-, activistas de diversos movimientos, no sólo del LGBT.

El gobierno de la ciudad de México y un puñado de Estados celebran el 17 de mayo como día contra la homofobia, a sugerencia de activistas de todo el mundo que han exigido a sus gobiernos que asuman la postura de la Organización Mundial de la Salud que ese día, pero de 1990, quitó del catálogo de enfermedades la homosexualidad, tal como lo hizo en 1974 la Asociación Psiquiátrica Americana.

El cabildeo del sector LGBT de México logró que el presidente Enrique Peña Nieto, firmara un decreto para que el 17 de mayo se conmemore el Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia, lo que significa un gran avance si no queda solamente en un buen deseo y palabras bonitas. Es decir, si realmente se materializa en acciones de gobierno tanto a nivel federal como en los gobiernos estatales, municipales o en congresos de todo el país.

En todo caso, lo que se hace actualmente en México para mitigar el impacto de la discriminación y la violencia contra gays, lesbianas, bisexuales o personas trans, es el resultado de una lucha de más de 36 años cuyos frutos comienzan a materializarse pues, si bien se visualizan avances en la materia, existen situaciones de la vida cotidiana de las personas LGBT que no se denuncian, no se socializan y a las que no se hace justicia, entre otras cosas, porque las personas mismas no se sienten sujetas de derechos debido a la herencia cultural homofóbica que les niega de facto la posibilidad de acceder a la justicia.

El cambio cultural es lento. Las instituciones del Estado tienen su responsabilidad. Como sociedad en su conjunto tenemos el reto de transformar entornos de violencia, discriminación y exclusión a partir del cambio de actitudes y de exigir el acceso a la justicia para todos y todas.

REFERENCIA CURRICULAR

Antonio Medina Trejo es Profesor de periodismo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Activista pro Derechos Humanos. Esposo de Jorge Cerpa y papá de Mateo Cerpa Medina.

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