Trabajadoras del hogar en riesgo con y sin Covid
Las trabajadoras del hogar en México es un colectivo laboral tradicionalmente discriminado que, en los últimos meses, ha celebrado cambios legales y de políticas públicas importantísimos en defensa de sus derechos laborales.
En México existen 2.394.069 personas trabajadoras del hogar (datos ENO, INGI para 1er trimestre 2020) de ellas el 91,5% son mujeres. Se trata de un colectivo laboral tradicionalmente discriminado que, en los últimos meses, ha celebrado cambios legales y de políticas públicas importantísimos en defensa de sus derechos laborales. Gracias a una sentencia de la Suprema Corte de diciembre de 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social inauguró el 1 de abril de 2019 un programa piloto para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar remuneradas al Seguro Social. Se trata de un programa muy innovador que permite realizar la mayoría de los trámites por internet, la inscripción de trabajadoras que laboran para varios patronos y el acceso a todas las prestaciones- tanto para ellas como para su familia directa- del Seguro Social: sistema de salud, incapacidad por maternidad, enfermedades laborales, seguros por invalidez, ahorro para el retiro y acceso a guarderías del IMSS, entre otros.
En estos momentos la incorporación al Programa Piloto del IMSS es voluntaria, sin embargo en unos meses se prevé que pase a ser obligatoria sobre todo tras el cambio, en julio de 2019, de la Ley Federal del Trabajo. Gracias a la reforma de julio de 2019 se equiparan muchos de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar a los del personal asalariado en México. Supone este cambio el reconocimiento legal de que el trabajo del hogar remunerado es un trabajo asalariado más, con todas sus obligaciones y derechos. Por ello, desde julio de 2019 las personas trabajadoras del hogar pueden trabajar al día un máximo de 8 horas (antes se permitían jornadas de 12 horas) y se le reconocen prestaciones laborales que hasta ahora la Ley no reconocía para este colectivo como vacaciones pagadas, aguinaldo y la obligatoriedad de afiliación al sistema de Seguridad Social. Las buenas noticias no acaban ahí, en diciembre de 2019 el Senado mexicano ratificó el Convenio Internacional 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre condiciones de trabajo decentes para las y los trabajadores del hogar en México. Gracias a esta ratificación México se compromete a garantizar los derechos sindicales, de negociación colectiva, inspección laboral o eliminación de trabajo infantil remunerado del hogar, entre otras medidas. El programa piloto del IMSS para la afiliación de trabajadoras el hogar, la reforma de la Ley Federal del Trabajo y la ratificación del Convenio 189 suponen sin duda unos avances sin precedente en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar en México. Sin embargo las buenas noticias contrastan con los datos. De nuevo en México la aprobación de la ley se topa con la realidad de su incumplimiento.
Las buenas noticias contrastan con los datos. De nuevo en México la aprobación de la ley se topa con la realidad de su incumplimiento
Un año después de la aprobación del Programa Piloto del IMSS en marzo de 2020 sólo están afiliadas en este esquema 0,82% de las personas trabajadoras del hogar (19.648 trabajadores). En su mayoría, afirma el IMSS, son mujeres (73%) con una edad promedio de 49 años.
A finales del primer trimestre de 2020 todavía existen según datos (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI) que evidencian las malas condiciones laborales que sufre este colectivo. El 96,16 % no tienen acceso a instalaciones de salud públicas o privadas como prestación por su trabajo. Si tomamos este concepto como síntoma de formalidad laboral, vemos que México está muy por detrás de las tasas promedio de formalización del trabajo del hogar remunerado en América Latina, donde el 77,5% trabaja en la informalidad. Esta cifra confirma que México es uno de los peores países de la región en tasas de formalización laboral del trabajo del hogar remunerado. El 71% de las personas trabajadoras del hogar no tienen acceso a aguinaldo o vacaciones pagadas, el 98,04% no tiene un contrato escrito. El 50% gana menos de un salario mínimo, es decir 123,22 pesos diarios y el 88% ganan menos de dos salarios mínimos, es decir menos de 246.44 pesos diarios. Se trata de un sector productivo feminizado que, si bien ha visto mejoradas sus condiciones de trabajo en la ley, en términos efectivos ese bienestar no se refleja en sus cifras de prestaciones sociales ni salarios.
Hacen falta medidas de política pública para incrementar su afiliación al Seguro Social y mejorar los porcentajes de las trabajadoras con acceso a prestaciones por su trabajo y con salario dignos
Al día de hoy lo que queda claro es que hacen falta medidas de política pública para incrementar su afiliación al Seguro Social y mejorar los porcentajes de las trabajadoras con acceso a prestaciones por su trabajo y con salario dignos. Siguiendo la experiencia internacional sería necesario implementar campañas de información para lograr su inscripción. Campañas en medios masivos de comunicación destinadas a trabajadoras y empleadores. También sería deseable contar con incentivos fiscales para su incorporación al Seguro Social, así como contar con medidas sancionadoras para castigar a quien no cumpla con sus obligaciones laborales. Todo ello contribuiría, sin duda, a incrementar las cifras de trabajadoras afiliadas a la seguridad social y el bienestar laboral y social que ello supone.
En este contexto enfrentamos actualmente en 2020 los estragos de la pandemia del Covid que ha afectado en términos laborales al colectivo del trabajo del hogar remunerado. La OIT estima que la pandemia tendrá efecto sobre el trabajo del 77% de las personas trabajadoras del hogar en América Latina y afectará, en mayor medida, a las y los trabajadores de este sector que laboran en la informalidad.
Muchas trabajadoras han visto incrementar sus labores de cuidado a personas de alto riesgo en la pandemia
Esta situación ha afectado de diferente manera a las trabajadoras del hogar. El reporte de ONU Mujeres, OIT y CEPAL, que acaban de publicar en junio de 2020, alerta que las tareas de las trabajadoras del hogar en muchos casos se han incrementado, sobre todo en el cuidado de personas dependientes como ancianos, ancianas, niñas y niños. Muchas trabajadoras han visto incrementar sus labores de cuidado a personas de alto riesgo en la pandemia. Eso ha marcado que muchas de ellas no hayan podido abandonar el lugar de trabajo por miedo al contagio de las personas que cuidan. Muchas han sido presionadas para permanecer en el domicilio de trabajo sin poder ver a sus familias. Además, la falta de salida de estas trabajadoras ha conllevado también un incremento de sus horas de trabajo sin un pago adicional de las horas extras.
Entre las trabajadoras de entrada por salida, quienes continúan laborando lo hacen con el riesgo del uso del transporte público y de salidas a realizar compras de alimentos sin contar, en muchos casos, con el debido equipo de protección y aumentando el riesgo al contagio.
Recordemos, además, que muchas de ellas, tal y como hemos evidenciado, no tienen acceso a los sistemas de salud como prestación por su trabajo, lo que dificulta que sean atendidas si se llegan a enfermar.
Pero, de acuerdo al informe de ONU, CEPAL y OIT, sin duda otro gran problema que enfrenta este colectivo laboral en tiempos de pandemia es la cancelación de sus servicios sin indemnización y la reducción de su tiempo de trabajo y por lo tanto de sus ingresos. En muchos países estas trabajadoras no cuentan con un seguro para el desempleo, como es el caso de México, por lo que su vulnerabilidad ante la falta o pérdida de ingresos se traduce en riesgo de pobreza inmediato.
En muchos países estas trabajadoras no cuentan con un seguro para el desempleo, por lo que su vulnerabilidad ante la falta o pérdida de ingresos se traduce en riesgo de pobreza inmediato
Este hecho nos lleva a la reflexión de que, un colectivo ya de por si vulnerable se enfrenta en estos momentos a una dramática reducción de personas que laboran y de sus ingresos. Tal y como indican ONU Mujeres, OIT y CEPAL en su informe, sería deseable contar con ayudas económicas para la población que se ha quedado sin ingresos y contar con un seguro de desempleo para este colectivo. Sería necesario incentivar que las trabajadoras que no han perdido su trabajo cuenten con apoyos gubernamentales para mantenerlos, garantizar su acceso a sistemas de salud como prestación por su trabajo, difundir campañas de información masivas sobre sus derechos y tener protocolos de salud y seguridad para las personas que laboran en los hogares.
Se trata de un colectivo vulnerable que ahora más que nunca necesita medidas de política pública para contar con condiciones de trabajo y de seguridad social favorables que se traduzcan en el bienestar laboral y social de las personas trabajadoras del hogar.
REFERENCIA CURRICULAR
Marta Cebollada Gay es maestra en políticas públicas comparadas por FLACSO-México. Coordinadora académica del departamento de ciencia política del ITAM; autora del libro Hacer visible lo invisible. Formalización del trabajo del hogar remunerado en México: una propuesta de política pública (CONAPRED, 2017).