Artículo 10 de la Declaración universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”

Este artículo 10 de la Declaración universal de Derechos Humanos, nos habla de las relaciones entre el sistema judicial y las personas. Su lectura trasluce una realidad subyacente: que no todos los seres humanos acudimos a este sistema en términos de igualdad.

Que las personas que integran los tribunales, a cualquier nivel que se contemple, tienen la obligación de aplicar justicia basándose en lo que establecen las leyes y aplicarlas sin asomo de prejuicio.

Reconoce el artículo que el sistema judicial se produce en un contexto cultural y que los jueces y juezas incorporan bagajes culturales previos que, en ocasiones, vienen teñidos de una cierta discriminación. Cada mes la prensa nos informa de casos realmente preocupantes. Recientemente, una jueza preguntó a una denunciante de abusos sexuales: “¿Cerró usted bien las piernas para evitar la violación?”.

La jueza preguntante, de manera evidente, traslada una parte al menos de la responsabilidad del delito a la que, presuntamente claro, lo sufrió.

¿Hay cultura, por no decir prejuicios previos, en esta pregunta? Creo que mucha y muy patriarcal. ¿La mujer agredida fue oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial?

Rotundamente, NO.

Desde otro de los ángulos desde los que podemos interpretar este artículo, como es el del acceso de las mujeres que presentan denuncias por ser víctimas de violencia de género, tampoco el ejercicio de este Artículo 10 está bien resuelto.

Los recortes en todo el sistema de ayudas para la prevención ha pasado de 34.3 millones de euros en 2010, a 25,2 millones en 2016, según fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Una merma de 9,1 millones de euros supone alguna merma en los fondos que se dedican a mantener el derecho de asistencia letrada en casos de violencia de género.

Sin embargo, algunas voces como la del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, suponen un reconocimiento de la realidad de las mujeres que sufren violencia de género.

El señor Carnicer pidió que se incluyera la asistencia de letrados, “de forma necesaria”, en la nueva Ley Integral contra la Violencia de Género para garantizar la asistencia legal y el conocimiento de sus derechos por parte de las mujeres que sufren maltrato. “Solamente de esta manera estaremos poniendo los niveles de protección necesarios con arreglo a las necesidades de las víctimas”, aseguró en la inauguración del V Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que acogió el Senado, bajo presidencia de Pío Escudero, que se celebró en noviembre de 2014.

Han pasado ya casi dos años de esta declaración…, esperemos que vengan tiempos mejores, que traeremos, como siempre, las mujeres…

REFERENCIA CURRICULAR

Rosario Segura Graiño es Licenciada en Ciencias Políticas. Funcionaria de Carrera ha realizado su desempeño en el Instituto de la Mujer. Pertenece a la Fundación de las Mujeres por la Mediterranía y a la Red Transversal de Mujeres Científicas GENET del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la actualidad es Secretaria General de la Asociación con la A.

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