El 2 de enero de 2023, Norma Lucía Piña Hernández fue electa por sus pares Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México. Esta es una gran noticia no sólo porque por primera vez en 200 años, y en 62 desde que se nombró a la primera Ministra, una mujer presida el máximo tribunal mexicano, sino, sobre todo, porque es ella y no otra, porque llega a ese cargo por su trayectoria, por su independencia y porque se ganó la confianza de la mayoría de sus colegas, con seis de once votos en total.

México, como sabemos, es un país con una profunda veta machista, donde las mujeres hemos ganado terreno a través de esfuerzos constantes a lo largo de dos siglos por ejercer el voto, ganar la plena ciudadanía, hacer respetar todos nuestros derechos y vivir en igualdad. Si mucho se ha logrado en lo político, todavía quedan muchos retos pendientes, entre otros vivir sin violencia, sin discriminación y con mejores oportunidades económicas. Apenas en 1953 obtuvieron la ciudadanía política las mexicanas y apenas, en 2015, un grupo plural de políticas logró que la paridad se reconociera como norma en la formación del Congreso y como lineamiento deseable en los poderes ejecutivo y judicial. Así, poco a poco, las mujeres han ido ocupando cargos de mayor responsabilidad en el aparato gubernamental, lo cual no implica que todas se sientan comprometidas con las causas de las mujeres o feministas, ni mucho menos, pero demuestra (por si aún hiciera falta) que el género no tiene por qué impedir el desarrollo personal y profesional ni en el ámbito político ni en ningún otro.

Por fortuna, la Ministra Norma Piña no es un simple ícono de la paridad. Desde que la propuso el presidente Peña Nieto, en 2015, nombramiento aprobado por el Congreso, su desempeño la caracteriza como una jurista convencida de la necesidad de respetar la Constitución y proteger los derechos humanos de todas las personas, con particular atención a las más vulnerables, entre ellas las mujeres atravesadas por múltiples factores de discriminación. 

Norma Lucía Piña Hernández nació en una familia modesta, de padre abogado y madre ocupada de su casa, en la Ciudad de México. Se inició profesionalmente como maestra normalista, profesión fundamental pero mal remunerada y poco reconocida en México. Trabajó como profesora de primaria y estudió derecho; obtuvo su título de abogada con mención honorífica en la UNAM, cuenta con especialidades en derecho penal, derecho constitucional y amparo, entre otras; cursó un master en argumentación jurídica (U. de Alicante) y es doctorante en derecho por la UNAM. Además de la excelencia en sus estudios, destaca su trayectoria ascendente en distintos ámbitos del derecho y del sistema judicial: ha sido técnica académica en la UNAM, secretaria proyectista, Secretaria de Estudio y Cuenta en la SCJN, jueza por oposición en temas administrativos, magistrada de circuito por oposición, magistrada de tribunal colegiado y, como se ha dicho, ministra de la Corte Suprema desde 2015.

Desde uno de los cargos más altos al que puede aspirarse en la carrera judicial (la Presidencia de la Corte es la cima), Norma Piña participó en importantes discusiones y decisiones que afectan tanto al desarrollo social y económico como al estado de la democracia y la legalidad en el país.

Entre los temas más relevantes para las mujeres y los derechos humanos, destaca su defensa del derecho al aborto en 2021, cuando por fin la Corte se decidió a abordar el fondo del asunto de los derechos sexuales y reproductivos. En efecto, si bien en 2008, a raíz de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, el asunto llegó a la SCJN por los escandalosos recursos legales de la Comisión de Derechos Humanos (así de contradictorio) y el entonces Procurador (Fiscal) de la República, los Ministros  -entre los cuales sólo había dos mujeres- optaron por andarse por las ramas técnicas y sólo reconocieron el derecho de las instancias federales a modificar sus leyes penales y de salud, pero no el derecho a terminar un embarazo no deseado, más allá de las causales aceptadas en todo el país (violación) o en los Estados (que varían de uno a otro).

En 2021, tras más de una década de continuo activismo feminista en México y América Latina, periodo en el cual se pasó de la reacción antiderechos a una sucesiva aprobación del derecho al aborto a nivel estatal, la SCJN, ya con cuatro ministras, fue al fondo del asunto y discutió el derecho a abortar en el contexto de un recurso interpuesto contra una ley de Coahuila que castigaba el aborto con tres años de cárcel. La Corte resolvió entonces por mayoría que cualquier ley que criminalice el aborto es inconstitucional. En ese marco, la ministra Piña argumentó a favor del derecho a interrumpir el embarazo, entre otros con un contraste que sacó a la luz la hipocresía social y el afán de controlar a las mujeres a través de su cuerpo (que está en la base de la prohibición o limitación del aborto):  

“Este tipo de normas lo que está castigando es la conducta sexual de la mujer, en violación aún se trate de embrión, de feto o a punto, o bien limitan a doce o bien, no limitan, pero ¿por qué? Porque tiene carácter de víctima y no otorgó consentimiento; en cambio, cuando otorga consentimiento no le permiten, -esta norma- por ejemplo, abortar en ningún tiempo, entonces, está referida a la conducta sexual de la mujer, lo que -a mi juicio- también la hace inconstitucional” (Proceso, 2.I.23).

En temas de género y diversidad sexual, también ha tomado posturas liberales, como votar a favor del matrimonio de personas del mismo sexo cuando se han presentado recursos contra entidades federativas que no lo respetan o cuyas normas son discriminatorias. Sin embargo, en temas polémicos en el feminismo como los vientres de alquiler, su postura a favor de la regulación de esta práctica -y no su prohibición- le ha valido críticas de unas y aplausos de otras.

La independencia de la ahora ministra presidenta en temas de género, en que reivindica la visión interseccional y de derechos humanos, caracteriza también sus decisiones en otras áreas que en este momento son cruciales para la vida económica, social y política del país. Ha argumentado a favor de la defensa del medio ambiente, incluyendo la legalidad de la protesta contra el mal llamado “tren maya”, proyecto depredador que por capricho presidencial es hoy una de las prioridades del gobierno. Defiende la libertad de expresión limitada sólo por el respeto a las creencias de los demás, y considera inconstitucional la prohibición legal del consumo de marihuana. Además de estos asuntos de derechos sociales y personales, ha tomado posturas que chocan con los proyectos del actual gobierno y le han ganado cierta animadversión del presidente.

Piña, por ejemplo, votó contra la ley de reforma eléctrica impulsada por el presidente, aprobada en el Congreso por el partido en el poder y cuestionada legalmente ante la Corte por la oposición, pues favorece las energías sucias y limita el desarrollo de las limpias. Igualmente importante es el rechazo de Píña a la prisión preventiva oficiosa, práctica que se ha ampliado en este régimen y que, en México, ha dejado a miles de personas sin sentencia encarceladas durante años y se ha usado como amenaza política. También hay que destacar su oposición a la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía que, so pretexto de evitar delitos cibernéticos, habría dado al gobierno mayor control y vigilancia sobre las comunicaciones personales. Este tipo de decisiones, argumentadas con base en la Constitución nacional, dejan ver su respeto por las libertades y los derechos de la ciudadanía.

En cuanto a otras iniciativas presidenciales que hoy amenazan la democracia mexicana, como la militarización del país, con la expansión de las tareas de las fuerzas armadas en la seguridad pública y otras áreas civiles, y la creación de una Guardia Nacional que anunciaron “civil” y resultó militar, la ahora Ministra Presidenta votó a favor del decreto presidencial que legalizó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, política criticada por la oposición, especialistas en seguridad y parte importante de la opinión pública, incluidas organizaciones feministas que han alertado acerca de los abusos que han cometido el Ejército y la Marina contra mujeres y niñas. Habrá que ver si y por qué mantiene este apoyo a las fuerzas armadas y al proyecto militarizador cuando la SCJN procese otros recursos contra la extensión del periodo de participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana hasta 2028. La decisión de la Corte acerca de las nuevas leyes electorales recién aprobadas a fines de 2022 por la mayoría oficial en el Congreso, pese al rechazo de la ciudadanía, de los partidos de oposición y pese a las críticas de organismos internacionales, será determinante para el rumbo de la democracia mexicana. Más allá de su voto, la Presidenta de la Corte puede decidir cuándo se discuten estos temas, si se les da prioridad o se guardan en un cajón, como hizo el anterior ministro presidente.

Al tomar posesión de la Presidencia de la Corte, Norma Piña aludió a su logro como resultado de un trabajo colectivo de las mujeres y señaló que con su llegada se rompió el techo de cristal. Ojalá, como muchas esperan, su presidencia corrobore su compromiso con la Constitución y los derechos humanos y sea benéfica para las mujeres dentro y fuera del sistema judicial. Su tarea no será fácil, pues tendrá que enfrentar retos dentro de la propia Corte y sobrellevar los embates de un presidente que no respeta demasiado la separación de poderes y ya la ha criticado por “votar contra” sus iniciativas. Para las mexicanas y las latinoamericanas, la carrera de Norma Piña es un ejemplo de cómo se puede romper el techo de cristal en el estudio, trabajo, dedicación y congruencia aun en sociedades misóginas como la mexicana.

Ambas posturas explican que el presidente López Obrador, poco respetuoso de la separación de poderes, dejara ver sus simpatías por otras candidaturas antes de la votación y después se quejara de que Piña “siempre vota contra nuestras iniciativas”, como si las decisiones de la Corte tuvieran que ceñirse a la voluntad presidencial.

Artículo realizado por: Redacción

NOTA DEL EQUIPO DE REDACCIÓN: el objetivo de esta sección, desde su creación, ha sido poner en valor los avances de las mujeres en estructuras de toma de decisiones, así como de hacer visibles iniciativas innovadoras, protagonizadas por mujeres, con la finalidad de conseguir la igualdad plena entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.

Con este artículo, desde el equipo de redacción nos despedimos hasta un futuro y deseado reencuentro.

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