Clío. Después de tres años de cruenta represión contra el descontento civil por la rampante corrupción y autoritarismo -que contó con la complicidad de las fuerzas armadas y la participación directa de la Policía Nacional y fuerzas paraestatales-, Ortega y Murillo crearon un proceso que no puede nombrarse como uno de elecciones democráticas

Los resultados de las votaciones del pasado noviembre en Nicaragua no fueron ninguna sorpresa. El candidato eterno del Frente Sandinista, Daniel Ortega, junto a su esposa, Rosario Murillo, han vuelto a nombrarse presidente y vicepresidenta por cuarta vez consecutiva, sumando así casi quince años en el poder [2]. Después de tres años de cruenta represión contra el descontento civil por la rampante corrupción y autoritarismo -que contó con la complicidad de las fuerzas armadas y la participación directa de la Policía Nacional y fuerzas paraestatales-, Ortega y Murillo crearon un proceso que no puede nombrarse como uno de elecciones democráticas [3]. Un lugar donde reina la impunidad, la Constitución y el código penal pueden contradecirse gracias a decretos presidenciales, medios de comunicación son confiscados y donde candidatos opositores son secuestrados  a plena luz del día, no ofrece las condiciones mínimas para ningún ejercicio de elección libre. Represión, censura e impunidad son tres sustantivos que condensan la experiencia de la mayoría de nicaragüenses que no apoyan a Ortega-Murillo [4].

Las mujeres que se han atrevido a criticar o participar en las numerosas formas de disidencia civil contra el poder sin límites de la pareja presidencial han sido foco de todo tipo de agresiones

En este contexto, las mujeres que se han atrevido a criticar o participar en las numerosas formas de disidencia civil contra el poder sin límites de la pareja presidencial han sido foco de todo tipo de agresiones; ellas han sido intimidadas, censuradas, vigiladas, golpeadas, expulsadas al exilio, secuestradas, acosadas sexualmente, encarceladas. En fin, cualquier mínimo gesto de inconformidad con la dictadura es hoy razón suficiente para una muerte civil, propia y del círculo familiar. Mujeres de distintas tendencias políticas, de una variedad de movimientos sociales, pertenecientes a diferentes clases y orígenes geográficos, así como mujeres jóvenes, y otras cuya trayectoria se remonta a la oposición de la dictadura somocista (1936-1979), se encuentran como parte de la masiva desaprobación, crítica y resistencia contra la dictadura.

La magnitud de la violencia política del régimen puede entenderse como un reflejo de una sociedad profundamente misógina que todavía castiga a las mujeres por participar en asuntos políticos y defender sus derechos. Nicaragua es el país donde el presidente ha sido acusado en reiteradas ocasiones de abuso sexual pero nunca ha sido juzgado gracias a su inmunidad. Es, además, la nación que penaliza el aborto en cualquier circunstancia, inclusive si la vida de la mujer está en peligro [5]. Es el lugar donde criminales de delitos sexuales son liberados en vísperas del día de las madres [6].

Si bien la agresividad y arbitrariedad con la que la dictadura ha tratado a las presas políticas pareciera indicar que tal hostilidad es reciente, el régimen ha atacado los derechos de las mujeres y exacerbado el grado de precariedad de sus vidas de forma sistemática desde hace tiempo. Luego de un poco más de un año de la aprobación de la Ley 779 que, gracias a años de trabajo organizativo del movimiento feminista y de mujeres, por primera vez tipificaba el crimen de femicidio y expandía la noción de violencia de género al ámbito psicológico y económico, Ortega obstaculizó su puesta en marcha con la invención del recurso de la mediación. Usando un discurso heteropatriarcal de fundamento cristiano en defensa de “la unidad familiar,” la pareja presidencial ha utilizado los consejos de poder ciudadano, una estructura local partidaria, como actores en tales mediaciones, entorpeciendo el proceso contra los abusadores de las mujeres [7]. La pandemia de covid 19 aunada al contexto de impunidad que se ha instalado desde 2018 ha profundizado aún más las desigualdades de género en Nicaragua. Por ejemplo, a pesar de que nunca se declaró encierro como medida de salud pública, los casos de abuso doméstico y femicidios han aumentado significativamente en los últimos cinco años. En ese sentido, la desconfianza a la policía y al sistema judicial que han impuesto un estado de impunidad han tenido un costo fatal para las mujeres [8].

La infame pareja presidencial de América Latina ha condenado a las mujeres a sufrir la maternidad como tortura y la existencia política como un castigo

Una de las historias de la represión de la dictadura que más me ha tocado cuando la leí es la de una de las primeras jóvenes capturadas en abril de 2018. Debido al maltrato, los golpes y los interrogatorios a manos de la policía, fue obligada a abortar. ¿Qué clase de perversidad es este país que obliga a las mujeres, muchas de ellas niñas abusadas, a continuar con un embarazo aun cuando eso signifique su muerte y ser el mismo lugar que induce el aborto en otras que quizá no lo consideran? La infame pareja presidencial de América Latina ha condenado a las mujeres a sufrir la maternidad como tortura y la existencia política como un castigo. El derecho constitucional a protestar está suspendido por un decreto de la policía que lo prohibió desde octubre del 2018. Aunque la gente ha encontrado formas de hacer público su descontento con piquetes express, muchas personas han sido apresadas solamente por participar en estos piquetes callejeros o peor, por exhibir la bandera del país que se ha vuelto el símbolo de la oposición contra los Ortega Murillo.

Nota sobre fuentes: El grado de censura y persecución gubernamental del régimen Ortega-Murillo contra el periodismo no oficialista mantiene encarcelados a periodistas y ha permitido que hoy no existan periódicos impresos de circulación nacional. El Nuevo Diario fue cerrado en 2019 y El Diario La Prensa, a unos meses de las votaciones de 2021, fue confiscado por la policía. Para contrastar las afirmaciones de este texto con el discurso del gobierno se intentó consultar el periódico El 19 Digital. Sin embargo, el contenido de sus titulares se encuentra bloqueado para lectores fuera de Nicaragua.

NOTAS

[1] Al momento de la escritura de este texto, más de trescientos cincuenta nicaragüenses han sido asesinados por el terrorismo de estado infringido desde abril de 2018 por el régimen de Daniel Ortega (2007-). Todos sus casos se mantienen en impunidad. Asimismo, más de ciento cincuenta presos políticos permanecen en cárceles sin debido proceso pues no tienen acusación formal y/o su período de prisión preventiva ha expirado sin ser liberados. Muchos de ellos, como Dora María Téllez excombatiente sandinista e historiadora, están siendo torturados, sin derecho a abogado o visitas regulares de familiares.

[2] Daniel Ortega gana la presidencia por segunda vez en la historia del país en noviembre de 2006 gracias a reformas electorales que le permiten ser electo en primera vuelta con un mínimo de 35%. Estas reformas son resultado de un pacto con el principal partido opositor del momento, cuyo líder, el expresidente Arnoldo Alemán, fue acusado por corrupción durante su gestión.

[3] En diciembre de 2018, Ortega ordenó la expulsión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI compuesto por un grupo de abogados expertos en violaciones a derechos humanos un día antes de publicar un reporte que concluyó que el gobierno había perpetrado crímenes de lesa humanidad. En aras de evitar cualquier escrutinio internacional, la Asamblea Nacional, controlada por el partido Frente Sandinista, aprobó una ley de amnistía en junio de 2019.

[4]De acuerdo con la última encuesta de Cid Gallup llevada a cabo en octubre de 2021, 69% de la población nicaragüense desaprueba la gestión de Ortega. Solamente un 29% la aprueba. CID Gallup Encuestas de Opinión Pública, octubre 2021, consultado el 25 de noviembre de 2021, https://www.cidgallup.com/uploads/publication/publication_files/publication_1634309671000.pdf

[5]Es importante recordar que fue el Frente Sandinista el que, con fines electorales y en alianza con la iglesia católica, penalizó el aborto terapéutico en septiembre de 2006.

[6]Martha Vásquez Larios, “Orteguismo liberó a violadores de niñas y femicidas sin que estos cumplieran sus condenas,” La Prensa, 5 junio de 2020, consultado el 24 de noviembre de 2021, https://www.laprensa.com.ni/2020/06/05/politica/2681635-orteguismo-libero-a-violadores-de-ninas-y-femicidas-sin-que-estos-cumplieran-su-condena?fbclid=IwAR10w37XtsN-iTnQ9lR94RHgkcubjdKs8U8d3tMJZKYqSTRUDElqomfmC7c

[7] Azahaléa Solís, “La Ley 779 tiene una larga historia de lucha y su reforma envía a la sociedad un mensaje muy negativo,” Revista Envío 380, noviembre 2013, consultado el 25 de noviembre de 2021, https://www.envio.org.ni/articulo/4770

[8] El monitoreo del Grupo Católicas por el derecho a decidir Nicaragua contabiliza 66 femicidios y 120 intentos frustrados de violencia machista de enero al 25 de noviembre de 2021. https://www.facebook.com/watch/CDDNICARAGUA/

LA REDACCIÓN DE CON LA A INFORMA QUE LA ARTICULISTA NO HA PODIDO PUBLICAR NI SU FOTOGRAFÍA NI SU NOMBRE NI SU REFERENCIA CURRICULAR POR TEMOR A LAS BRUTALES REPRESALIAS DEL GOBIERNO NICARAGÜENSE. DESDE CON LA A NOS SOLIDARIZAMOS CON LA LUCHA DEL PUEBLO DE NICARAGUA Y EN PARTICULAR CON LA DE LAS MUJERES, QUE SUFREN REPRESIÓN Y VIOLENCIA, EN SU LUCHA POR CONSEGUIR UN PAÍS LIBRE, JUSTO, IGUALITARIO Y DEMOCRÁTICO.

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