Los derechos de las mujeres en Marruecos en la encrucijada
Violeta Doval
“No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos e las mujeres sean cuestionados”
(Simone de Beauvoir)
Marruecos no ha estado fuera de la ola de levantamientos populares y revoluciones que se iniciaron en el mundo árabe hace ahora diez años en un grito por los derechos económicos y las libertades políticas
Las crecientes desigualdades sociales que vive el país en las últimas décadas y desde 2011 bajo el gobierno del PJD, ponen en jaque los avances en los derechos políticos, económicos y sociales.
Marruecos no ha estado fuera de la ola de levantamientos populares y revoluciones que se iniciaron en el mundo árabe, hace ahora diez años, en un grito por los derechos económicos y las libertades políticas: desde el denominado movimiento “20 de Febrero”, de 2010, hasta las más recientes manifestaciones contra la precarización del sistema público universitario (2019), pasando por las movilizaciones en el Rif desde 2016. Y es que, como señala el profesor Sami Zemni [1], las reformas de liberalización económica que Marruecos ha implementado, desde la década de los años 90 hasta la actualidad, siguiendo las directrices de los organismos internacionales como el FMI o el BM, lejos de ampliar la justicia social, están contribuyendo a fragilizar el acceso a los derechos económicos y sociales básicos de la población, tales como el acceso a un sistema de salud universal, el acceso a la educación en las zonas rurales, entre otros.
“En Marruecos y Túnez se ha pasado en estas décadas de unas economías “keynesianas”, más o menos dirigidas por el Estado, a rápidos procesos de globalización que incluyen la liberalización parcial de algunos servicios básicos. Unas reformas neoliberales que aumentan la inestabilidad social” (Sami Zemni) [2]
En este proceso, Marruecos se ha ido configurando en los últimos años a espejo de las maquilas en México con los Estados Unidos, es decir, como taller de las fábricas europeas e internacionales, en zonas francas (espacios exonerados de impuestos) y dónde es frecuente la precarización y la falta de condiciones laborales dignas. En este proceso de “acumulación por desposesión” (o trasvase de los fondos públicos a manos privadas) y de configuración del país magrebí según determinadas demandas de los países de la Unión Europea, ha jugado un papel importante la promoción de una zona de libre comercio con la UE, que entró en vigor en el año 2000, así como el proceso de externalización de las fronteras europeas en Marruecos, a través de la agencia europea FRONTEX [3].
Esta progresiva liberalización y privatización a la que viene sometiéndose Marruecos, presionada a nivel internacional, ha dado lugar a contradicciones como que el país con tasas más bajas de escolarización de la región y problemas recurrentes de sequía, invierta en proyectos como el puerto Tanger-Med, los trenes de alta velocidad TGV, o centros turísticos de lujo con inmensos campos de golf y piscinas. En contraste, vemos un Marruecos con los índices más bajos de desarrollo humano (IDH) de la región, en el puesto 121 de 188 países (2019) muy por atrás de Túnez, Libia, Argelia o Egipto.
Es en este contexto de insatisfacción creciente con el statu quo que obtuvo la victoria electoral el partido islamista Partido Justicia y Democracia (PJD) en las dos últimas elecciones en Marruecos, primero en el año 2011 y posteriormente en octubre de 2016. Este partido, con un programa profundamente conservador en los social y liberal en los económico, ha puesto en jaque los avances y reivindicaciones de las organizaciones feministas. Desde 2016, el PJD se ha visto obligado a gobernar en una coalición con otros partidos, no sin asegurarse antes uno de los Ministerios clave respecto a los derechos de las mujeres: el denominado “Ministerio de Solidaridad, Desarrollo Social y de Igualdad de la Familia”.
Manifestación en Rabat de profesorado universitario (2019, Reuters /EP)
Este contexto supone un freno al impulso de las últimas décadas de las organizaciones que habían dado como fruto importantes reformas y avances en el ámbito de los derechos económicos y sociales de las mujeres. En este sentido, uno de los hitos más importantes del movimiento feminista marroquí, desde los años 80s, fue la reforma del código de familia (o Moudawana) que se logró en 1993, tras una campaña en la que se obtuvo un millón de firmas y posteriormente con nuevas reformas en el año 2003. Esto supuso el reconocimiento de derechos tan importantes como el divorcio judicial, la prohibición del matrimonio de menores o la emancipación de la mujer de la figura legal del “tutor masculino”.
La coronación de estos avances se considera la Constitución del 2011, aprobada en referéndum con el telón de fondo de los movimientos de la “Primavera Árabe” y que establece, en su artículo 19, que los hombres y las mujeres disfrutan de los mismos derechos y libertades civiles, políticas, económicas, culturales, sociales y medioambientales y, además, garantiza la obligación de velar por la igualdad entre ambos.
Desde entonces, la sociedad civil se resiente sin embargo de un retroceso en materia de derechos humanos y, en particular, de los derechos de las mujeres y muchas asociaciones se encuentran teniendo que hacer frente a oposiciones tanto de los Estados como de actores no estatales. Así, según denuncian muchas organizaciones y los informes de instituciones como IEMed o Amnistía Internacional, existe una tendencia regresiva en materia de derechos y las mujeres se enfrentan a una sistemática discriminación.
Esto es visible en numerosos ámbitos económicos, políticos y sociales cómo refleja el Informe Nacional de 2015 de los Objetivos del Milenio. El informe señala cómo la tasa de participación femenina en la economía marroquí pasó de un 30,4% en 1999 a un 25,1% en 2013, es decir, bajó en 5,3 puntos. Así, en 2014 sólo un 20,6% de las mujeres trabajaban como asalariadas (frente a un 22,0% en el año 2000). Por otro lado, si bien la tasa de desempleo femenino ha conocido una tendencia descendente (del 13,2% en 1999 al 9,6% en 2013) cabe señalar que la mayoría de las mujeres se dedican a actividades que no requieren estudios o cualificaciones y se encuentran en una mayor situación de precariedad [4/5]. En efecto, las mujeres están más presentes en el sector de la agricultura (59,9% del empleo femenino) sobre todo en el medio rural (93,2%), siendo estas actividades a menudo carentes de remuneración (el 73,6% de este trabajo). Además, frecuentemente las mujeres no se benefician de ninguna cobertura médica (el 81,6% de las mujeres ocupadas según la encuesta marroquí HCP de 2013) por lo que se encuentran globalmente tanto en el área rural como urbana, en una mayor situación de gran precariedad y sin recursos [6].
A nivel de la participación de la mujer marroquí en las élites políticas, esta es débil, tanto a nivel local como nacional y, por lo tanto, no forman parte del proceso de adopción de decisiones a pesar de su involucración en diferentes luchas políticas y sociales. Así, no fue hasta 1993 que Marruecos tuvo la primera parlamentaria mujer. Esto, a pesar de que la nueva Constitución establece, en su artículo 154, que “los servicios políticos se organizan sobre la base del acceso igual de las ciudadanas y de los ciudadanos.”
Por su parte, la Ley Orgánica nº 27-11 de 2011 estableció la aplicación del principio de discriminación positiva, con cuotas del 15% para las mujeres en el Parlamento. Así, el número de mujeres electas en las elecciones de noviembre de 2011 llegó a 67 parlamentarias, implicando un 17%, de los escaños en el parlamento marroquí, aunque se trata de una tasa inferior a la media a escala mundial situada en un 20,3% (Sahuquillo, 2013). Por otro lado, en las elecciones municipales y regionales de septiembre de 2015, la tasa de las mujeres llegó a un 21,64% respecto a los candidatos de las elecciones municipales. Sin embargo, las cifras demuestran que, a pesar de las reformas, la representación de la mujer marroquí es insuficiente si tenemos en cuenta que la población femenina marroquí representa un 56,8% de la población total [7].
Las organizaciones feministas demandan coherencia al gobierno de Marruecos para que se alinee y cumpla con sus compromisos
Las organizaciones feministas demandan coherencia al gobierno para que se alinee y cumpla no sólo lo establecido en la nueva Constitución de 2011, sino con los compromisos que Marruecos ha ido adquiriendo a nivel internacional en derechos humanos, desde la Plataforma de Acción de Beijing, en 1995, a la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW).
Las seis entrevistas realizadas para el presente número reflejan cómo, a pesar de las dificultades, existen ciertas conquistas que perduran, logradas en gran parte por el empuje del movimiento feminista marroquí. En este marco, leeremos a Nouzha Skalli, que como ex Ministra realizó la primera encuesta sobre la violencia de género en 2009. Encuesta que se ha repetido en 2019, reflejando que el 57% de las mujeres y niñas habían experimentado al menos un acto de violencia en los 12 meses previos (frente al 63% en 2009) [8].
A su vez, las entrevistas a Houda Benmkark y Touria El Oumri, responsables de centros de orientación dirigidos a mujeres supervivientes de violencia, nos permitirán entender las limitaciones que presenta la ley contra la violencia 103-13, aprobada por el actual gobierno del PJD y en vigor desde el año 2019. Según la “Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre VCMN”, solo el 58% de las mujeres habían oído hablar de dicha ley que penaliza la discriminación de género, y solo el 41% de las mujeres conocían sus servicios públicos relevantes. La denominada ley 103-13 ha supuesto una decepción para la sociedad civil por su débil alcance y falta de aplicación en el contexto del Covid-19.
Por su parte, la profesora Nadia Näir y la artista Khadija Tnana nos permiten entender mejor el movimiento feminista por las libertades individuales en el norte de Marruecos, en zonas de gran influencia ex colonial española, y que está siendo pionera en el país en cuanto a los debates sobre la despenalización del aborto o la sexualidad fuera del matrimonio, a través de la plataforma “Mi cuerpo, mi libertad”.
Por último, la entrevista a Fatima Outaleb, miembra de una de las organizaciones clave en el impulso de las reformas institucionales de las últimas décadas por la igualdad y los derechos de las mujeres, la Unión de Acción Femenina, nos hablará también, como activista de origen bereber, de la discriminación que vive la población amazigh en Marruecos, a pesar de ser casi la mitad de la población del país y de que la nueva Constitución de 2011 establezca por primera vez que la lengua “tamazigh” es también una lengua oficial.
Esperamos que este número contribuya en alguna medida a una visión menos eurocéntrica a la hora de acercarnos a comprender los retos de la sociedad marroquí y que, conociendo mejor su movimiento feminista, esto nos impulse a seguir cooperando con más fuerza por los derechos de las mujeres en las dos orillas del Mediterráneo, especialmente en este contexto de regresión global de ciertas conquistas sociales.
NOTAS
[1] Coordinador del grupo de investigación sobre Oriente Medio y Norte de África en la Universidad de Gante (Bélgica). Conferencia del ciclo Aula Mediterránea 2017-2018, organizado por IEMed.
[2] Coordinador del grupo de investigación sobre Oriente Medio y Norte de África en la Universidad de Gante (Bélgica). Conferencia del ciclo Aula Mediterránea 2017-2018 organizado por IEMed.
[3] Como resultado del Proceso de Barcelona (1995) y la firma de los Acuerdos Euro-Mediterráneos, Marruecos se embarca en una zona de libre comercio con la Unión Europea.
[4] Así, en los datos del desempleo de la población sin ningún diploma, la tasa de desempleo femenino es muy baja (2,6% en 2013) siendo la única categoría donde no supera a la tasa desempleo masculino. Esto demuestra que las mujeres con estudios tienen más dificultad para encontrar un puesto de trabajo que los hombres, al contrario de las que no tienen estudios.
[5] La mujer marroquí y los objetivos de desarrollo del milenio Mohamed Laghdas BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, Nº 22, pp. 67-80, 2017, ISSN: 1575-0825 70
[6] La mujer marroquí y los objetivos de desarrollo del milenio Mohamed Laghdas BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, Nº 22, pp. 67-80, 2017, ISSN: 1575-0825 70.
[7] La mujer marroquí y los objetivos de desarrollo del milenio Mohamed Laghdas BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, Nº 22, pp. 67-80, 2017, ISSN: 1575-0825 70.
REFERENCIA CURRICULAR
Violeta Doval Hernández es Doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense y estudió Sociología en la misma Universidad. Desde 2009 ha trabajado evaluando proyectos de cooperación en América Latina y África para diferentes organizaciones. Ha coordinado proyectos de investigación y cooperación dirigidos principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad en Túnez, Senegal, Mauritania o Ecuador, en entidades como Alianza por la Solidaridad y Asamblea de Cooperación por la Paz. Violeta ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Saint Louis (Bruselas), y trabajó en la Dirección General de Cooperación Internacional (DG DEVCO) de la Comisión Europea.
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