Revista con la A

25 de noviembre de 2020
Número coordinado por:
Lucía Melgar y Alicia Gil
72

La pandemia de las violencias contra las mujeres

#Liberarlas es Justicia: el Covid y la crisis humanitaria en las prisiones de América Latina

R. Aída Hernández Castillo

R. Aída Hernández Castillo

Aurora llegó al Centro de Reinserción Social mexicano con una lesión de cuello y espalda que la mantenía con dolor crónico, producto de los golpes y torturas que sufrió durante su detención. Como muchas mujeres en las cárceles latinoamericanas, fue obligada a confesar delitos que no cometió y, después de dos años, sigue sin recibir sentencia

Aurora llegó al Centro de Reinserción Social mexicano donde la conocí, hace tres años [1]. Ingresó con una lesión de cuello y espalda que la mantenía con dolor crónico, producto de los golpes y torturas que sufrió durante su detención. Como muchas mujeres en las cárceles latinoamericanas, fue obligada a confesar delitos que no cometió y, después de dos años, sigue sin recibir sentencia. En mayo pasado, Aurora, junto con otras cinco internas de ese centro, empezó a sufrir de fiebres, ataques de tos, y dolores musculares. Una semana antes, una de las custodias había muerto de COVID19 y otra estaba gravemente enferma. El esposo de Aurora pidió a las autoridades que le dieran atención médica urgente porque, por ser diabética, corría un alto riesgo en caso de que fuera coronavirus. La asistente médica, que usa la cédula profesional de otro doctor, la revisó y la diagnosticó con paludismo. Pero, para evitar riesgos, se optó por aislar a las cinco enfermas de “paludismo” sacándolas de las celdas en donde cada una compartía el espacio con otras cuatro o cinco internas.

A la semana, la salud de Aurora no mejoraba, la habían aislado en un cuarto vacío, sin baño y con una colchoneta en el suelo. Como se acostumbra hacer en muchas prisiones de México, a la familia se le entregó la receta para que compraran la medicina. Ésta recurrió a nuestra organización porque no contaba con recursos para comprarla [2]. Cuando vimos la receta, le pedían Valium inyectable (Diazepan de 10 mg). Nada tenía sentido, ¿un diagnóstico de paludismo, con tos y dolor de garganta? ¿Un sedante para contrarrestar el paludismo? Ante este cuadro, recurrimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que averiguara qué pasaba con Aurora y con las otras internas de este centro de reclusión. El visitador de esta comisión reportó que Aurora estaba perfectamente bien y que se había negado a interponer ninguna queja. La familia de Aurora nos confirmó que ella continuaba aislada y que nadie la había visitado. Entonces buscamos el apoyo de un abogado de derechos humanos independiente y, dos semanas después de su aislamiento, logramos que Aurora recibiera atención médica, sin que hasta ahora se hayan hecho pruebas de COVID al interior del penal. Esta historia, plagada de mentiras y silenciamientos, se da en el contexto de una situación más delicada en la que los grupos del crimen organizado, coludidos con las autoridades, han tomado el control de varias prisiones, con prácticas que ponen en riesgo la vida y la salud de las internas [3].

Los grupos del crimen organizado, coludidos con las autoridades, han tomado el control de varias prisiones, con prácticas que ponen en riesgo la vida y la salud de las internas

Lamentablemente, la experiencia de Aurora no parece ser una excepción en las prisiones latinoamericanas. A través del Catastro Latinoamericano sobre Agrupaciones que trabajan en Cárceles, hemos podido documentar el silenciamiento que existe en torno a los contagios en las prisiones del continente y las precarias condiciones de los servicios de salud en éstas [4]. La pandemia puso en evidencia la crisis carcelaria que se vive en América Latina desde hace varias décadas, documentada por los trabajos académicos, y denunciada por las organizaciones feministas y de derechos humanos. Las condiciones de hacinamiento, la falta de servicios de salud, el carácter punitivo de los sistemas carcelarios, los largos procesos de prisión preventiva, la falta de medidas alternativas al encarcelamiento, han explotado ante la necesidad urgente de descongestionar las cárceles frente a la pandemia del COVID19.    

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de una pandemia mundial, en enero pasado, diversos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortaron a los estados a adoptar medidas de descongestionamiento de las cárceles para reducir el riesgo de contagio que implica la aglomeración propia de los espacios penitenciarios. El 25 de marzo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró: “El COVID-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”. En esos mismos días la OMS-Europa publicó una guía de cómo tratar el COVID19 en las cárceles y otros lugares de detención [5].

Las organizaciones feministas del continente empezamos a articular esfuerzos para presionar a nuestros gobiernos a iniciar procesos de excarcelación de mujeres

Desde entonces, las organizaciones feministas del continente empezamos a articular esfuerzos para presionar a nuestros gobiernos a iniciar procesos de excarcelación de mujeres a través de amnistías, indultos, salidas anticipadas y sustitución de penas. En el contexto mexicano, la Red Mujeres por la Justicia, encabezada por la Organización No Gubernamental XJusticia para la Mujeres, lanzó la campaña #Liberarlas es Justicia [6] demandando la liberación de todas las mujeres presas por aborto, embarazadas, con condiciones de salud vulnerables, por delitos de pobreza, incluyendo 3.018 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud (como se tipifican en México los delitos de drogas), quienes, en su mayoría, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos.

En respuesta a estas campañas, el 20 de abril el Senado mexicano aprobó la Ley de Amnistía, prometida por el presidente López Obrador desde su campaña electoral. Esta ley beneficiará a las personas presas en el fuero federal por delitos de robos sin violencia, aborto, prisión política, posesión y traslado de narcóticos y a presos indígenas que no contaron con apoyo de traductor. Sin embargo, se trata de una ley de alcance muy limitado porque excluye al 85% de los y las presas del país que están en fueros estatales.  En lo que respecta a los delitos de drogas, como el narcomenudeo, solo el 1% de las personas presas por este delito, están en cárceles federales. La misma Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que esta ley podría beneficiar a un máximo de 6.200 de las 202 mil personas presas existentes en el país. Dos meses después aún no se inicia su implementación, y se trata de un proceso lento y complicado que puede llevar hasta seis meses. Mientras tanto, el COVID19 se está extendiendo en las prisiones mexicanas sin que, hasta ahora, se cuente con datos confiables al respecto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que para mayo existían 121 casos confirmados de COVID19 y 25 defunciones. Sin embargo, las familias de los y las detenidas y las organizaciones de derechos humanos han denunciado que estos datos ocultan los brotes extendidos que se están dando en diversas prisiones del país disfrazadas de dengue y paludismo.

En Chile también se logró que se tomaran medidas para excarcelar población mediante la Ley N° 21.228 sobre indulto general conmutativo, publicada el 17 de abril, que benefició a 1.381 hombres y mujeres que cumplían condena en las cárceles y ahora continúan sus condenas bajo arresto domiciliario. Sin embargo, este indulto se ha aplicado de manera selectiva dejando fuera a los presos políticos mapuches, cuyas vidas se encuentran en peligro después de casi dos meses de huelga de hambre demandando su excarcelación [7].

En el resto de América Latina, las medidas de excarcelación ante la pandemia han sido mínimas y de poco impacto en el descongestionamiento de las cárceles. Según un informe realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia CELIV y la Sociedad de Criminología Latinoamericana sobre “Los Efectos del Coronavirus en las cárceles de América Latina”, tres de cada cuatro sistemas penitenciarios en el continente reportan hacinamiento [8]. Siendo esta situación especialmente grave en los países de Centroamérica, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia. A partir del análisis de 26 sistemas penitenciarios en América Latina, el informe documenta que solo tres de ellos están haciendo esfuerzos serios para descomprimir las cárceles. En dos de cada tres sistemas analizados se presentaron muertes del personal penitenciario por COVID19.

Las redes feministas anti-carcelarias venimos denunciando desde antes de la pandemia que el hacinamiento es una forma de tortura

Es un hecho que la pandemia ya entró a las cárceles de América Latina, que no contamos con los datos necesarios para medir la dimensión de su impacto y que los Estados no están dispuestos a proporcionar esta información.  Los silenciamientos y simulaciones, como en el caso de Aurora, pretenden ocultar la violencia penitenciaria y la crisis humanitaria que enfrenta la población en reclusión en América Latina. Las redes feministas anti-carcelarias venimos denunciando desde antes de la pandemia que el hacinamiento es una forma de tortura, que las llamadas “guerras contra el narco” han encarcelado de manera desproporcionada a las mujeres y las han hecho rehenes de la estadística, en una lucha que no ha tocado los intereses de las élites que se benefician del mercado de las drogas; que encarcelar a las mujeres no vuelve a nuestras sociedades lugares más seguros sino que, por el contrario, deja a miles de niños y niñas menores de edad en situaciones de vulnerabilidad y en condiciones de ser secuestrados o reclutados por el crimen organizado; que las cárceles tienen color y que son las mujeres y hombres pobres y racializados, quienes no pueden pagar el precio de la justicia, los que habitan las prisiones latinoamericanas. En resumen, que las cárceles como sistemas para enfrentar la conflictividad social son un fracaso y solo han venido a profundizar las violencias y exclusiones de las y los ya de por sí excluidos.

La pandemia nos está mostrando la profundidad de la crisis de estos sistemas punitivos. Por eso, desde la Red Anti-carcelaria Latinoamericana estamos lanzando una campaña continental para la excarcelación de mujeres y unimos nuestras voces a las de las organizaciones mexicanas para decir que ¡#Liberarlas es Justicia!

NOTAS

[1] Utilizaré un nombre ficticio para proteger su identidad. Los Centros de Reinserción Social o CERESOS son las cárceles, que siguen teniendo una función punitiva y no cumplen con la promesa de “reinserción” que está en su nombre.

[2] La Colectiva Hermanas en la Sombra se formó hace 12 años y su principal trabajo es promover la escritura creativa en espacios penitenciarios como herramienta de sanación, reconstitución identitaria y denuncia. Para más información sobre este proyecto:

http://www.rosalvaaidahernandez.com/es/proyectos-colectivos/hermanas-sombra/

[3] Esta situación ha sido ampliamente denunciada por la prensa y las familias de las internas sin que hasta ahora se haya podido hacer nada al respecto. https://www.launion.com.mx/opinion/estrategias/noticias/157579-el-motel-atlacholoaya.html

[4] Este Catastro promovido por la Red Latinoamericana de Agrupaciones que trabajan en Cárceles se encuentra aún en proceso de sistematización. Si conocen organizaciones que trabajan en espacios penitenciarios, que quieran contribuir con información, pueden hacerlo a través de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecWaul_bbcYxTWfdzl2LyALzoEoEf39mJZz3wMuOCuuP8UNQ/viewform

[5] Ver: Preparación, prevención y control del Covid-19 en las cárceles y otros lugares de detención.

[6] https://www.youtube.com/watch?v=EpRsU1QUgjQ

[7] https://www.comunidadhistoriamapuche.cl/declaracion-de-la-comunidad-de-historia-mapuche-ante-los-continuos-abusos-y-violencias-contra-el-pueblo-mapuche-en-la-actual-crisis-pandemica/

[8] https://criminologialatam.wordpress.com/2020/06/12/efectos-del-covid-19-carceles-de-latino-america/

 

REFERENCIA CURRICULAR

R. Aída Hernández Castillo es doctora en Antropología. Profesora-Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-México) e integrante de la Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra. www.rosalvaaidahernandez.com

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