Reina Ruiz

El actual contexto de retroceso de las políticas sociales en el Estado Español ha afectado también, como podría caber esperar, a las políticas públicas de igualdad de género.

Su efecto ha quedado plasmado en la desaparición de algunas estructuras de trabajo para la igualdad en el marco del llamado “proceso de racionalización” de la Administración pública (con la consecuencia que además esto haya podido tener en el empleo o en las condiciones de trabajo del personal técnico de igualdad), en una importante reducción de presupuesto en términos generales, en la paralización de algunos proyectos de ley en materia de igualdad, en un desarrollo normativo parcial o limitado de las leyes aprobadas, en la eliminación o limitación de algunos servicios, recursos o programas, etcétera. Aspectos todos ellos que indican una menor capacidad de incidencia y de intervención por parte de las políticas públicas de igualdad de género en la actualidad.

Un etcétera que también ha tenido sus consecuencias en algunos órganos de participación de las mujeres en las políticas públicas o de participación en las políticas de igualdad. Es el caso, por ejemplo, de la eliminación del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid (a través de la Ley 9/2010), o también de la desaparición del Consejo de la Mujer de Cantabria (a través de la Ley 2/2012). Si bien estos dos Consejos no han sido los únicos extinguidos, es de interés su expresa visibilización en tanto han sido los dos únicos Consejos autonómicos que, en su día, fueron constituidos como entidades independientes, dotados de personalidad jurídica propia y creados por Ley. Esta naturaleza les otorgaba mayor capacidad de incidencia con respecto al resto de los Consejos autonómicos que fueron creados a través de normas de menor rango y directamente dependientes de los Organismos para la Igualdad o de las Consejerías competentes en materia de igualdad de género. Una naturaleza jurídica similar pretendía el Consejo de las Mujeres de Euskadi, cuya creación se vio finalmente paralizada.

Vistas así las cosas, no parece un buen comienzo para hablar de políticas públicas de igualdad de género y, en concreto, de las estructuras, espacios y procesos de participación en las mismas. Y sin embargo, por ello -o a pesar de ello- resulta clave el abordaje de la participación en el desarrollo de las Políticas de Igualdad por parte de personas y organizaciones comprometidas con el feminismo y la igualdad, más allá del rol desempeñado por parte de quienes puedan tener responsabilidad política y técnica en las mismas.

Conceptualmente, las políticas de igualdad incluyen la participación en su desarrollo y el fomento de la participación e influencia de las mujeres en las políticas públicas y en la vida sociopolítica de nuestros pueblos y ciudades, aspectos que han tenido alguna incidencia en los documentos normativos y programáticos en materia de igualdad. Ello apunta hacia el reconocimiento implícito de la Gobernanza por parte de las políticas de igualdad, por el cual ha de asegurarse la participación de las y los agentes implicados y de sus intereses, garantizándola a lo largo del proceso.

A la hora de hablar de Gobernanza y de la integración de los intereses, las inquietudes y las prioridades de las mujeres en las Políticas de Igualdad, no debemos olvidar que estas no son un colectivo minoritario, ni sus intereses los de una minoría -y aunque así lo fueran-, sino los de una mayoría legítima y silenciada que busca emanciparse de los actuales modelos de desarrollo y crecimiento limitantes y generadores de desigualdad.

Sin embargo, el procedimiento y aplicación de las Políticas de Igualdad cuentan con escasos y limitados espacios y procesos participativos en los que el alcance de la participación suele limitarse, en muchas ocasiones, a la información y la consulta.

La Gobernanza y, por tanto, un modelo participativo-democrático inciden en el desarrollo del concepto de ciudadanía plena, lo que exige la participación de la sociedad civil en la res pública o cosa pública, generando políticas públicas más democráticas, participativas y más acordes con la realidad, las necesidades y los intereses de la población. Este modelo, claro está, choca con el actual modelo de las políticas públicas, de carácter más tecnócrata y burocrático, en donde las estructuras y los espacios de participación son francamente limitados y el alcance de la misma muy relativo.

Aunque existen ejemplos en donde se ha profundizado en la participación, en términos generales, las Políticas de Igualdad no son una excepción y siguen un modelo tecnócrata, basado fundamentalmente en el saber y hacer de su personal técnico, el cual, además, no suele ver acompañada su actuación con el suficiente impulso y compromiso por parte de las personas con responsabilidad política. Si bien se ha conseguido que la igualdad de género entrara -o entrara más o menos- en la agenda política y pública, bien es verdad que en general se encuentra en un espacio de lo políticamente correcto.

Este modelo más tecnócrata desplaza de las Políticas de Igualdad tanto al Movimiento Feminista y Asociativo de Mujeres, y otras organizaciones especialmente implicadas en el objetivo de la igualdad, como a las mujeres expertas e investigadoras del feminismo y la igualdad y, en general, al conjunto de las mujeres, desplazando con ello el pensamiento, el conocimiento y la experiencia que se acumula en todas ellas. El hecho de no hacerse eco de las necesidades, intereses y demandas de todas ellas, generará un menor conocimiento de la realidad, una menor capacidad de incidencia y peores resultados en su intervención.

Además de ello, la falta de participación en las Políticas de Igualdad conlleva un efecto despolitizante de las mismas, en tanto sus procesos de trabajo no generan suficientes demandas y exigencias, debates, implicación y compromiso, etc., movimiento al fin y al cabo, lo cual no contribuye a la sensibilización de la población en relación a la desigualdad y, en esta medida, a su implicación en el feminismo y la igualdad. En este punto es importante poner de manifiesto que según la Encuesta de marzo de 2015 del CIS/Centro de Investigaciones Sociológicas sobre los principales problemas que percibe la población, los “Problemas relacionados con la mujer” se sitúan en 0,2 puntos, al igual que la “Violencia contra la mujer”. En este sentido, unas políticas de igualdad más inclusivas podrían ayudar a generar una mayor percepción de la desigualdad de género como problema por parte de la población y, por tanto, una mayor implicación y compromiso.

La participación de diferentes agentes facilita también la revisión de las políticas públicas desde la perspectiva de género y la priorización de los objetivos de trabajo, transformando por tanto la agenda política y logrando, así, un mayor impacto en el objetivo de la igualdad y un mejor resultado de transformación.

Cabría decir, por tanto, que las políticas de igualdad deben evolucionar hacia su concepción como proceso político, de modo que sirvan para construir una democracia más inclusiva y deliberativa por parte de la población lo cual redundará, no cabe duda, en una sociedad más justa e igualitaria. A este respecto, conviene recordar lo que ya puso de manifiesto, en 1995, la Declaración de Beijing de la IV Conferencia Mundial de la Mujer al señalar que el “Empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la participación en los procesos de toma de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.”

Vistas así las cosas, conviene por tanto identificar los agentes clave de las Políticas de Igualdad que, en último término, habrán de tener en consideración al conjunto de la población. Los diferentes estudios suelen identificar la agencia, es decir, la capacidad de impulsar el desarrollo de políticas concretas, de al menos los siguientes agentes: los Organismos de Igualdad, el Movimiento Feminista y Asociativo de Mujeres, el Feminismo Académico, y personas clave.

Los Organismos de Igualdad, a los que, en ocasiones, se les ha dado en llamar Feminismo Institucional o Femócratas (cuando efectivamente hacen políticas de igualdad acorde con el feminismo), experimentaron un importante crecimiento en la década de los 90, generándose estructuras para la igualdad en los diferentes niveles de la Administración. Pese a su importante desarrollo, su capacidad de incidencia e intervención ha sido relativa, tanto en el interior como en el exterior de la Administración. Capacidad que además, actualmente, se ha visto mermada con el contexto de retroceso de las políticas sociales.

A este respecto, cabría pensar que entre los aspectos que pudieran mejorar su incidencia estaría, precisamente, el dotarse de espacios y procesos participativos que generaran relaciones estables de colaboración con el resto de los agentes intervinientes y con la sociedad en general. Cuando estos Organismos de Igualdad han contado con el apoyo del Movimiento Feminista y de otros agentes su legitimidad y, por tanto, su fortaleza -interna y externa- se ha visto incrementada.

Un segundo agente, clave en las Políticas de Igualdad, es el Movimiento Feminista y Asociativo de Mujeres. Su pervivencia y trabajo a lo largo de muchos años, su conocimiento y experiencia acumulada, la influencia de sus actuaciones, así como su interés en participar, en algunos casos, en la arena política, le confieren naturaleza de agente interlocutor de las Políticas de Igualdad y como tal debe ser reconocido.

Pero a lo largo del desarrollo de las Políticas de Igualdad han ido generándose nuevas formas de organización y nuevos agentes. La creciente existencia de redes y de organizaciones de carácter más informal, la creación de asociaciones de hombres por la igualdad o de asociaciones mixtas especialmente implicadas en el objetivo de igualdad, así como la implicación de mujeres activas no asociadas genera la necesidad de reflexionar sobre la participación de nuevos agentes.

A ello se suma también la propuesta que desde los análisis de la interseccionalidad se le hace a las Políticas de Igualdad en el sentido de ampliación de los agentes intervinientes, en este caso provenientes del tejido asociativo relacionado con otras desigualdades. No parece posible hablar de feminismo y de igualdad sin tener en cuenta la diversidad de las mujeres y, por tanto, la diversidad de la realidad, necesidades e intereses de las mujeres que pone de manifiesto la existencia de otros ejes de desigualdad y discriminación como pueden ser la renta, el país de origen, la diversidad sexual y la identidad de género, la discapacidad, la etnia, etc.

Un tercer agente clave lo encontramos en torno a la Universidad, en lo que se ha venido en llamar Feminismo Académico. Desde los años 90 viene dándose un creciente compromiso por parte de muchas profesoras universitarias, y algunos profesores, en la generación de pensamiento y conocimiento sobre feminismo e igualdad, tanto en la investigación y la puesta en marcha de institutos de investigación como en la dirección de tesis doctorales, en el desarrollo de másteres especializados, etc.

Se necesita reducir la distancia entre el mundo académico y el administrativo en lo que se refiere a las Políticas de Igualdad, de manera que la Administración se vea imbuida del pensamiento y conocimiento generado en la Universidad en materia de feminismo e igualdad, lo que le permitirá llevar a cabo una intervención más eficaz.

Finalmente, y en lo que a las personas clave se refiere, estas serán unas u otras en función de las políticas concretas de que estemos hablando. Personas situadas en posiciones relevantes, o motivadas y que toman iniciativas políticas, con capacidad de movilización, etc. pueden resultar también clave en la consecución de objetivos por parte de las Políticas de Igualdad.

Así pues, son muchas las personas y organizaciones que debieran intervenir en las Políticas públicas de Igualdad de género, lo cual también pone de manifiesto la complejidad de los procesos y las posibles tensiones que puedan generarse y que es preciso gestionar. Y, sin embargo, para las Políticas de Igualdad no hay más camino que el de la generación de interacciones estables y de procesos de cooperación entre los diferentes agentes, si efectivamente quieren ser procesos políticos de transformación.

REFERENCIA CURRICULAR

Reina Ruiz Bobes es Licenciada en Filosofía y máster en «Estudios feministas y de género». Actualmente doctoranda en el programa de doctorado sobre «Estudios feministas y de género» de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Técnica de Igualdad de la Administración Local Vasca desde 1998 hasta la actualidad, con un intervalo de tiempo (2009-2012) como Asesora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Profesora del máster de Igualdad de mujeres y hombres de la UPV/EHU y de la Universidad de Valladolid, así como del máster sobre Consultoría y Gestión de procesos de Desarrollo Organizacional (Universidad de Valladolid).

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