Revista con la A

25 de noviembre de 2022
Número coordinado por:
Laura Alonso
84

Mujeres por la paz en tiempos de guerras

El problema no es sólo el crimen organizado, sino lo que hace el Estado para detenerlo

Julia Monárrez

Julia Monárrez

Los brazos armados del crimen organizado mostraron una vez más su capacidad de fuego, organización, control de territorio y terror, entre ellos mismos -como grupos antagónicos- y contra la población civil y las fuerzas armadas

Con un profundo respeto, rabia, dolor y tristeza,

para todas las víctimas de la banalidad del mal.

Los brazos armados del crimen organizado mostraron una vez más su capacidad de fuego, organización, control de territorio y terror, entre ellos mismos -como grupos antagónicos- y contra la población civil y las fuerzas armadas, a partir del 9 de agosto hasta el 12 de agosto. Iniciaron esta ofensiva en Guadalajara, se esparcieron a Guanajuato. La embestida más intensa se dio el día 11, en Ciudad Juárez, en un ataque directo a tiendas de conveniencia, mataron a 11 personas (mujeres, hombres y un niño), incendiaron vehículos y comercios. Tijuana, Tecate y Mexicali vivieron esos escenarios el día 12. El gobierno, en sus tres órdenes, les llama a estos ataques “narcobloqueos”, “ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales”, “ataques orquestados por los conservadores en contra del actual gobierno”, o consecuencias de la guerra contra las drogas.

La Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, en su proyecto “Estado de Derecho en Conflictos Armados” (RULAC, 2021), considera que el Gobierno de México está involucrado en dos conflictos armados no internacionales paralelos. El primero lo explica en términos del enfrentamiento entre el gobierno contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.  El segundo es el conflicto que mantienen entre ellos ambos cárteles ya citados. Para llegar a esta clasificación de conflicto armado interno se han considerado dos criterios: 1) “el nivel de violencia armada debe alcanzar un cierto grado de intensidad que vaya más allá de los disturbios y tensiones internas”, 2) “en todo conflicto armado no internacional, al menos una de las partes del conflicto debe ser un grupo armado no estatal que debe exhibir un cierto nivel de organización para calificar como parte en el conflicto armado no internacional. Se presume que las fuerzas gubernamentales satisfacen los criterios de organización”. Ahora bien, cuando se trata de grupos delictivos -explica la Academia- independientemente de que sus objetivos sean económicos, no por ello pueden dejar de ser parte de un conflicto armado interno. Bajo el amparo del Derecho Internacional Humanitario hay indicadores que precisan ser valorados: la intensidad de la violencia, la duración de ésta, el número de combatientes, el tipo de armas, estructura y equipo militar, los daños sociales y materiales que causan, el número de civiles (mujeres, hombres, niños, niñas, y otras diversidades sexuales) que mueren, desaparecen, son tratados o son desplazados de sus hogares y sus espacios.

Hace décadas que vivimos acomodando nuestras vidas a esta guerra que se cierne de forma diferenciada en las ciudadanías nativas y en tránsito en nuestro país. Los ataques y enfrentamientos son cada día más violentos; la respuesta del Estado a lo largo de estos años no logra contener, mucho menos terminar con el conflicto bélico. Si bien hay una interconexión de opresiones que hacen a las personas más vulnerables a ser violentadas, esto también se debe a que hay una interconexión de economías ilegales que les necesitan para seguir lucrando con las criminalidades a las cuales son sometidas. En estos territorios de la explotación se pasa fácilmente del sexismo, racismo y clasismo de las poblaciones nacionales, a los sexismos, clasismos y racismos para la explotación de las poblaciones foráneas que cruzan nuestro territorio huyendo de la violencia política y de la injusta pobreza lacerante. Y con todo esto se cierra la mirada a la política terrorista del Estado y los “gobiernos privados indirectos” (Mbembe, 2011), que convierten a estas poblaciones de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes en residuos humanos o mercancías de consumo.

Ante las atrocidades que se suceden lo que priva, cuando el Estado hace declaraciones, es lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal

Y ante las atrocidades que se suceden lo que priva, cuando el Estado hace declaraciones, es lo que Hannah Arendt (2013) llamó la banalidad del mal. Esta banalidad, dice la autora: “se expresa en esos clichés y giros francamente increíbles que escuchamos una y otra vez”. En la versión mexicana, desde la política de “abrazos no balazos”, “son daños colaterales”, “Juárez no está sólo”, “es la respuesta del crimen organizado ante las acciones que despliega el gobierno”, “al parecer había un encuentro entre dos bandas”. O pedirle al crimen organizado que en Tijuana “cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”. En la tesitura de Hannah Arendt, estas declaraciones no tienen nada de profundidad, sólo muestran la “renuencia” para aceptar lo que las personas que sufren están experimentando.

Lo que unifica a todas estas voces del Estado es la responsabilidad que tienen sobre la nación, los Estados y las ciudades que gobiernan. Y una de las responsabilidades primordiales es dirigirse a la ciudadanía en tiempos de violencia para darles indicaciones y certezas de lo que está ocurriendo.  Sin embargo, sus comunicaciones (las más de las veces tardías) perpetúan la indefensión de las poblaciones. A ellas y ellos, como funcionarios, les da poder actuar conjuntamente, dice Arendt y les refuerza esa sensación humana de sentirse bien. Pero sus palabras no son las de un o una estadista que vela por su pueblo. Son la derrota, como grupo político, que prometió seguridad y dignidad a la vida de la ciudadanía y a su patrimonio, y que ha fallado en los tres órdenes. Son el Estado que no atiende los actos de terror y los crímenes contra la humanidad de las personas, los cuales, de acuerdo con el Derecho Internacional, son crímenes imprescriptibles.

El Estado no atiende los actos de terror y los crímenes contra la humanidad de las personas, los cuales, de acuerdo con el Derecho Internacional, son crímenes imprescriptibles

Lamentablemente sus voces hegemónicas tienen repercusiones en grandes segmentos de la población que piden mano dura y mayor despliegue militar. Se puede deducir, en la línea de Tzvetan Todorov, que estas declaraciones actúan sobre la conducta moral del cuerpo social y abren fisuras en una ciudadanía responsable: no hacer por las extrañas y los extraños lo que una haría por una misma, o sus más cercanos.  Liberarse de los riesgos que implica el involucramiento en la búsqueda de la verdad y la justicia. No reconocer los momentos de aflicción de las y los otros que han experimentado las atrocidades (Todorov, 1993). Todo esto permite, afirma Judith Shklar (2013), que a las víctimas y a las posibles víctimas se les dé la espalda.

Somos una nación con una memoria herida, con grandes fracturas humanas y pérdidas de vida irrecuperables. Sólo la verdad y la justicia pueden dar un poco de alivio a las heridas personales y sociales. Víctimas y perpetradores, independientemente de que gozan de la misma dignidad humana, jurídicamente no son iguales. Los asesinos, dice Primo Levi en su obra Los hundidos y los salvados, no son comparables con sus víctimas. Luego reitera. “Dicho todo esto con claridad, y afirmando de nuevo que confundir los dos papeles significa querer adulterar las bases de nuestra necesidad de justicia” (Levi, 2000, p. 21), es inaplazable que no banalicemos, no nos engañemos, no son los primeros ataques contra la población civil, se cuentan por miles las personas a las que les han robado la vida, igual que sus patrimonios. Estos no son eventos extraordinarios, lo que sí es ordinario es la naturalización y el permiso que les hemos dado para que permanezcan. ¿Qué es lo que impide que los flujos multimillonarios que deja la industrialización del crimen organizado trasnacional sean confiscados? ¿Qué es lo que impide que los mecanismos de justicia empiecen a actuar? ¿Qué es lo que impide responsabilizar a los terceros beneficiados -nacionales e internacionales- de este conflicto bélico que cada día aumenta la intensidad? ¿Qué es lo que impide ponerle un alto a la crueldad que aparece cada día ante nuestro desamparo? ¿Qué es lo que impide que prevalezca el dolor y el sufrimiento de las víctimas ante estrategias fallidas de quienes prometen darnos seguridad y tranquilidad? No es cierto que quienes no son parte del crimen organizado pueden estar seguras y seguros en sus casas y sus trabajos. No es cierto que con decir somos más los buenos que los malos, podamos seguir viviendo estos actos de terror. Estas son mentiras que perpetúan nuestro desamparo. Estos son crímenes contra la humanidad de las personas que emanan de un conflicto bélico, que necesitamos detener.

Nota. Este texto se publicó originalmente en Animal Político, 17 de agosto 2022. Se reproduce con permiso de la autora y el portal.

 

REFEENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

Melville House (2013). Arendt, Hannah. The Last Interview And Other Conversations, Edición de Kindle.

Levi, Primo. (2000). Los hundidos y los salvados, Pilar Gómez Bedate, (traducción), Barcelona, Personalia de Muchnik Editores, S. A.

Mbembe, Achille. (2011).  Necropolítica. Seguido de Sobre el gobierno privado indirecto, Elizabeth Falomir Archambault,( traducción), España,  Editorial Melusina.

Rule of Law in Armed Conflicts. Non-international Armed Conflicts in Mexico (2021).

Shklar, Judith (2013). Los rostros de la injusticia, Alicia García Ruiz, (traducción), Barcelona, Herder Editorial, S. L.

Todorov, Tzvetan. (1993). Frente al límite, Federico Álvarez, (traducción), México, Siglo XX.

 

REFERENCIA CURRICULAR

Julia Monárrez Fragoso es Doctora en Ciencias Sociales con especialización en Estudios de la Mujer y Relaciones de Género por la UAM, México. Profesora investigadora en El Colegio de la Frontera Norte, en Ciudad Juárez. En 2009 participó con un affidavit “Peritaje sobre feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez” en el juicio en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano por el caso del “Campo Algodonero”. 

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