Revista con la A

25 de septiembre de 2018
Número coordinado por:
Bethsabé Huamán y Lucía Melgar
59

Heroínas

El II Plan de Acción Nacional (PAN) de Mujeres, Paz y Seguridad: ¿Misión cumplida?

Rosa Belén Agirregomezkorta

La Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2000) es el resultado final de un largo proceso de denuncia sobre el uso masivo de la violencia contra las mujeres en los conflictos armados y la demanda de la resolución pacífica de los conflictos

El 28 de julio 2017 fue aprobado en Consejo de Ministros el II Plan de Acción Nacional (PAN) para la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, un instrumento que, tal como se autoproclama, se dirige a promover la paz, la seguridad internacionales y la lucha contra la discriminación de género mediante la política exterior española [1].

Mujeres, Paz y Seguridad

La Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2000) es el resultado final de un largo proceso de denuncia sobre el uso masivo de la violencia contra las mujeres en los conflictos armados y la demanda de la resolución pacífica de los conflictos [2].

Se trata de un instrumento de Derechos Humanos cuya importancia radica, por un lado, en su aprobación por el Consejo de Seguridad y, consecuentemente, de obligado cumplimiento [3]. Por otro lado, reside en su objeto de interés: la defensa y protección de los derechos de las mujeres y menores como principales víctimas de los conflictos, y el reconocimiento del papel central que éstas desempeñan en la construcción de la paz.

Así, insta a:

  • Atender las específicas necesidades de protección de las mujeres y niñas, incluyendo situaciones de refugio;
  • Incrementar la representación femenina en todos los niveles de decisión para la prevención, gestión y resolución de los conflictos;
  • Poner fin a la impunidad, especialmente relativa a la violencia sexual; y,
  • Adoptar la perspectiva de género en todas las operaciones de paz y posconflicto, incluidos los acuerdos de paz [4].

Estos objetivos son asumidos por los estados a través de Planes de Acción específicos cuya valoración se encuentra más lleno de sombras que de luces, tanto a nivel internacional [5] como estatal [6]. Ello no ha sido óbice para que el gobierno profundice, en esta segunda edición, en las penumbras lo que da idea de la voluntad real de mejora del gobierno.

Balance de la elaboración del II PAN Mujeres, Paz y Seguridad

Por lo que respecta a la participación de la sociedad civil en la elaboración del Plan, esta se ha encontrado llena de obstáculos, siendo reducida a consultas informativas puntuales en las que las organizaciones de mujeres de países en conflicto, verdaderas protagonistas de la construcción de paz de sus entornos, han estado ausentes.

Por otro lado, a pesar de incluir la participación social en el seguimiento del Plan, no es claro que la sociedad civil participe como uno más en los espacios ministeriales. Asegurar una participación sustantiva requiere facilitar contextos favorables a la participación creando espacios de interlocución directa entre los poderes públicos y la sociedad civil, especialmente en el caso de asociaciones de mujeres que tradicionalmente son excluidas de los espacios formales. También implica proporcionar apoyo financiero [7], información y tiempos adecuados que posibiliten poner en marcha procesos de consulta al interior de las organizaciones y plataformas sociales aliadas.

Respecto a sus contenidos, en general, el II PAN constituye una oportunidad perdida. Llena de buenas palabras y declaraciones, avanza poco en la puesta en marcha y no se compromete a nada. De hecho, se mantienen muchas de las carencias detectadas en el I PAN y buena parte de las preocupaciones y demandas trasladadas por las organizaciones participantes han sido ignoradas.

Así, a pesar de cierta mejora discursiva, se mantiene el marcado enfoque militarista en la implementación del plan, caracterizado por el protagonismo del Ministerio de Defensa y la ínfima aportación de ministerios clave en la construcción de paz e igualdad como Educación, Justicia, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El género, como objetivo y como estrategia, se reduce a la incorporación de más mujeres, obviando la necesaria transformación de estructuras que fomentan desigualdades, pobreza e injusticia

El género, como objetivo y como estrategia, se reduce a la incorporación de más mujeres, especialmente, al ejército obviando la necesaria transformación de estructuras que fomentan desigualdades, pobreza e injusticia (económica, política, cultural, social y de género), promotores de violencias.

En esa línea, preocupa la inclusión de la agenda de prevención de radicalización y, consecuente, criminalización de determinados colectivos (musulmán) e instrumentalización de las mujeres como estrategia preventiva, obviando políticas socioeconómicas integrales.

Llama la atención, también, la disonancia entre las actuaciones respecto al refugio y al asilo [8] y las declaraciones realizadas en el Plan, que no específica cómo van a ser resueltas.

Tampoco se concreta cómo se van incluir compromisos ratificados por España como la CEDAW (1979), en especial su Recomendación General nº 30, y el Convenio de Estambul (2011), aplicables tanto en situaciones de paz como de conflicto, así como la Agenda 2030, u otros planes vigentes, como el Plan contra la Trata.

Por último, la pobre planificación y la ausencia de presupuesto propio menoscaban su puesta en marcha, seguimiento y evaluación al dejar su aplicación en manos de los, ya de por sí, recortados ministerios. Todo ello dificulta conocer lo que se está realizando en el marco del Plan y en qué medida contribuye a una mayor protección y seguridad de mujeres y niñas.

En conclusión

El proceso de elaboración de este II Plan y sus contenidos sugieren que el gobierno español está más preocupado por mostrar ante sus homólogos europeos una imagen progresista a coste cero.

La ambición proclamada por el gobierno español con este Plan requiere, de un lado, una voluntad política clara, recursos económicos y humanos que posibiliten actuaciones significativas y transformadoras concretas que contribuyan a los objetivos marcados, abrazando sin temores la perspectiva de género.

De otro, el apoyo decidido del conjunto de la ciudadanía, hombres incluidos, porque la historia nos muestra que la defensa de los derechos y la igualdad se enraíza en la movilización y la vigilancia de la sociedad civil para que los Estados cumplan con sus obligaciones y rindan cuentas ante la ciudadanía, para lo cual es preciso contar con mecanismos transparentes de participación y de información que permitan configurar opiniones críticas alternativas.

Cualquier otra dinámica dirigida a simular políticas, sólo contribuye a socavar los cimientos de la arquitectura de derechos que durante décadas los movimientos sociales, y de manera especial las organizaciones de derechos de las mujeres y feministas, hemos contribuido a edificar.

 

NOTAS

[1] Pg 4, II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2017-2023.

[2] Tiene como punto álgido la Conferencia de Beijing (1995) aunque ya en la I Guerra Mundial, 1.300 mujeres se reúnen en La Haya (1915) para exigir el fin de la guerra fundando la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF). Desemboca en el establecimiento de Tribunales (Bosnia-Hercegovina, Rwanda, Tribunal Penal Internacional de Roma) que ponen fin a la impunidad, y la aprobación de la Res.1325.

[3] La Carta de Naciones Unidas estipula que el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales, y constituye el único órgano de la ONU cuyas decisiones están obligados a cumplir los estados miembro.

[4] En las que el proceso colombiano ha sido uno de sus últimos exponentes. Más en: Las mujeres en los Acuerdos de Paz

[5] Ver informe elaborado con motivo del 15º aniversario por ONUMujeres (2015): Estudio Mundial sobre la implementación de la Res.1325 (2000) “Prevenir los conflictos, transformar la justicia y garantizar la paz”.

[6] España aprueba su 1er PAN en 2007. Ver:

http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/wps/nap/Plan_Acci_Espa_1325.pdf. Ver último informe de valoración social en: http://www.ceim.eu/R1325InformeIIIYIV.pdf.

[7] De hecho, las organizaciones sociales participantes en el proceso de consultas han tenido que sufragar los gastos derivados del desplazamiento a las reuniones. Esto limita fuertemente la participación. 

[8] Ver Informe de seguimiento de las observaciones finales del Comité CEDAW en el examen del Estado Español (julio 2015).

 

REFERENCIA CURRICULAR

Rosa Belén Agirregomezkorta es Directora del Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM). Implicada activamente en redes internacionales (Alianza de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo-CPDE), y feministas como la europea WIDE+ y la Plataforma CEDAW Sombra España. Ha participado, además, en representación de la sociedad civil en el Grupo Interministerial de seguimiento a la aplicación del I Plan de Acción 1325 del Gobierno de España así como el proceso de elaboración del II Plan, elaborando informes y aportaciones a los susodichos informes oficiales.

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