Querer trabajar y no poder hacerlo es una sensación terriblemente frustrante.

Hace tiempo ya que el pleno empleo se ha tornado una utopía de tiempos pasados. La Organización Internacional del Trabajo advertía el año pasado de una transformación global del mercado laboral que amenaza con dejar a muchas personas por el camino, de mano de la economía digital y de la revolución tecnológica. También subrayaba entonces el problema del subempleo, situaciones donde trabajamos menos horas de las deseadas, con salarios muy bajos, o en la economía informal, especialmente, en la hoy tan de moda economía de los cuidados. Y por supuesto, en las estadísticas de empleo, siempre salen más perjudicadas las mujeres, a lo que hemos de sumar el golpe de la pandemia.

Hace tiempo también que la búsqueda de empleo se ha convertido en una relación desigual y asimétrica, en la que quien demanda un puesto de trabajo se sitúa en una situación de sumisión, pues tener un trabajo decente y sostenible se ha convertido en un privilegio: lo sabemos bien las millennials, que agradecíamos, como si fueran un maná, prácticas sin remunerar, empleos temporales sin futuro, o que, simplemente, alguien leyera tu currículum. Pero también conocen esa sensación las personas a las que el paro de larga duración ha cronificado en la derrota, o quienes saltan de contrato en contrato, siempre en la cuerda floja, siempre en la incertidumbre.

Pero es noviembre, y toca hablar de violencia machista. Del antes, del durante…y del después. La reparación de la violencia, el acceso al reconocimiento de una serie de derechos de las víctimas y supervivientes, es tan importante como prevenir o actuar ante esa violencia. Pero las “vidas libres de violencia” no se construyen por arte de birlibirloque: Hacen falta políticas públicas y compromiso desde las empresas porque una vida digna, libre, independiente, necesita de trabajo para poder realizarse.

El 81% supervivientes de violencia machista se encuentran en situación de desempleo o trabajando en la economía sumergida. No se lo estamos poniendo fácil: si son perceptoras de ayudas como la RAI, pueden perderla por firmar un minijob precario de fin de semana. Si entran en algún programa de orientación laboral, o de formación para el empleo, -gracias al trabajo de asociaciones y entidades que a menudo son la única mano tendida- es probable que su CV acabe engordando la base de datos de InfoJobs y su perfil sólo sea un número más en el SEPE. Y si consiguen acceder a un empleo con un contrato bonificado (haberlos hailos, unos 1000 en 2018) probablemente sea en un empleo invisible, precario y temporalizado, de esos de los que algunas fundaciones y empresas -esas multiservicios de cuyo nombre no quiero acordarme- presumen para darse golpes en el pecho.

Superar una situación de violencia machista e iniciar una vida autónoma, a menudo sin redes de apoyo, o con hijos e hijas que cuidar, en una ciudad nueva, a veces hasta en un nuevo país, no es posible si no puedes siquiera pagarte una habitación de alquiler en el extrarradio. ¿Aceptarían ustedes un empleo temporal de fin de semana, a 5 euros la hora, cuando el abono transporte se lleva la mitad de tu salario diario? ¿Dónde dejaría a sus hijas e hijos pequeños cuando le llaman de una entrevista de trabajo en otra ciudad? ¿Cómo explicaría a su empleador que hay ciertas zonas inseguras por las que prefiere no pasar?

No voy a aburrirles con obviedades sobre el trabajo como Derecho Humano o sobre el derecho a vidas libres de violencia contra las mujeres, reflejadas ya en Declaraciones, Convenios, Leyes, u Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que este último párrafo sirva de homenaje a Clara, que vino a Madrid con su título universitario, dispuesta, alegre, y que el pasado septiembre regresó a Quito tras dormir tres meses en la calle. “No me queda nada por lo que luchar aquí”, me dijo. Que sirva de homenaje a Ana, que nunca faltaba a una entrevista, que se ha marchado a otro lugar que no diré con sus dos hijos, huyendo de su maltratador, y que sueña, eurito a eurito, con abrir su peluquería. Que sirva para recordar a Elena, que se ha vuelto al pueblo con sus padres, esperando a que suene el teléfono. Y a Sara, que se tapa la boca en las entrevistas para que no vean los dientes que le faltan por culpa de los golpes. Los nombres no son los reales, pero sus historias, les prometo, sí que lo son.

Así que, este noviembre, cuando hablemos de violencia, de salir de ella, de denunciarla, de erradicarla, hagámonos esa pregunta: ¿y después, qué?

REFERENCIA CURRICULAR

Irene Zugasti Hervás es Licenciada en Ciencias Políticas y en Periodismo. Se especializó en Relaciones Internacionales, Género y Conflicto Armado para terminar transitando hacia otro terreno no menos conflictivo: el de las Políticas Públicas para la Igualdad de oportunidades y contra la violencia de género. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes administraciones públicas, desde la AGE a la Comisión Europea, en paralelo a su trabajo como docente y consultora para proyectos internacionales. Actualmente trabaja como responsable de Políticas de Género en Madrid Destino, en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.

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