Revista con la A

25 de septiembre de 2020
Número coordinado por:
Bethsabé Huamán y R. E. Toledo
71

Hispanas en Estados Unidos

Decidir libremente por nuestras vidas

Pilar González Barreda

En México, vulnerar derechos sexuales y derechos reproductivos no depende de la inexistencia de normas jurídicas, sino de quienes las interpretan de acuerdo a sus propias ideologías, la falta de presupuesto o la incompetencia de agentes estatales

“Nadie puede llamarse a sí misma libre, si no decide sobre su cuerpo”

Graciela Hierro.

En México, vulnerar derechos sexuales y derechos reproductivos no depende de la inexistencia de normas jurídicas, sino de quienes las interpretan de acuerdo a sus propias ideologías, la falta de presupuesto o la incompetencia de agentes estatales. No basta que sea un Estado laico, que haya leyes especializadas en violencia de género, o que desde el año 2011 se determinara que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia (Ley General de Acceso, 2007), a ser educadas libres de estereotipos (CEDAW, art 10c), a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva (Pacto Internacional DESC) porque somos sujetas capaces de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos Sin embargo, de poco sirve que organismos internacionales recomienden a nuestro país que acelere la armonización legislativa para garantizar el acceso al aborto legal (Comité de CEDAW); que se reconozca que la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, son formas de violencia por razón de género que pueden constituir tortura; o que se pronuncien sobre la atención a las niñas que han sido víctimas de violencia sexual  según la norma oficial (NOM 046). Es insuficiente la existencia de un marco jurídico protector, porque la cultura patriarcal hace casi imposible que las mujeres accedan a estos derechos.

Para el Estado mexicano el gran pendiente, en medio de una crisis multidimensional, es garantizar que ese marco normativo se cumpla para todas las mexicanas. Reflexionar sobre los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque interseccional propicia discusiones a partir del reconocimiento de las diferencias y de las relaciones de poder que cruzan la historia de cada mujer y niña. Estos derechos se ubican en un plano ideal; sin embargo, la realidad indica que son inaccesibles ya que existen graves obstáculos que impiden su materialización y esto se agudiza cuando se trata de mujeres que son mas vulnerables por su condición económica, su edad, o por ser indígena, entre muchas otras razones.

Estos derechos, al tratarse de derechos humanos, protegen decisiones libres, informadas y seguras en los campos de la sexualidad y la reproducción. En otras palabras, los derechos sexuales, al ser derechos humanos buscan proteger la libertad, la autonomía, la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la salud, la educación y la no discriminación. Esta esfera de derechos visibiliza que las mujeres tenemos derecho a una vida sexual libre y segura.

¿De qué libertad podemos hablar en un contexto de violencia estructural? ¿cómo hablar de decisiones libres para relacionarnos, si somos amenazadas por nuestras parejas o familiares?

Es complejo hablar de libertad cuando vivimos en un territorio marcado por la violencia sexual [1]. México vive una etapa crucial en la organización comunitaria de mujeres de todas las edades que toman la palabra para nombrar las violencias históricas que nos han negado algo tan fundamental como vivir libres y sin miedo, ¿de qué libertad podemos hablar en un contexto de violencia estructural? ¿cómo hablar de decisiones libres para relacionarnos, si somos amenazadas por nuestras parejas o familiares? Ante la inacción estatal, se hacen visibles otras formas de organización en las que las mujeres creamos comunidad para defender la autonomía y la libertad sobre nuestros cuerpos y deseos. Desde la esperanza, nos organizamos.

La lucha feminista visibiliza a las mujeres con proyectos de vida propios y defiende como prioritario el reconocimiento de personas autónomas en la toma de decisiones relacionadas con su sexualidad. La toma de decisiones no necesariamente se realiza de forma individual, ya que la existencia de redes aliadas, amigas, compañeras, producen que la autonomía sea interpelada por la colectividad, porque si bien el poder para decidir recae en la persona, las mujeres crean colectividad, haciendo frente a prohibiciones históricas. Es decir, desde la autonomía sexual se transgrede ese lugar subordinado en el que fuimos encasilladas, nos apropiamos de nuestros cuerpos, lo cual constituye una ruptura fundamental en las sociedades jerarquizadas por razones de género.

En palabras de Patricia González: “los políticos cuerpos de las mujeres anidan claves de transformación social.” [2] La defensa de la autonomía sexual constituye entonces una fuerza disruptiva entre destinos que han sido asimilados como inevitables y la posibilidad de apropiarnos de la capacidad de elegir libremente.

La justicia sexual es algo que ha salido del espacio privado, de las pláticas secretas, para ser exigida en lo público, en las calles

La justicia sexual no necesariamente se mueve en el plano jurídico, porque reivindicar los espacios negados, hablar de las violencias y acompañarnos en nuestras decisiones es algo que ha salido del espacio privado, de las pláticas secretas; para ser exigida en lo público, en las calles, donde apostamos todo para decidir en libertad. Desde las primeras movilizaciones de mujeres a inicios del siglo XX, pasando por la lucha feminista de los años 70’s, hoy con mayor fuerza las mujeres mexicanas exigimos una justicia que nos reconozca como seres humanos. Así, la marea verde que nació en Argentina, representa “el fruto de décadas de lucha, trabajo, organización y perseverancia de un movimiento que lo mueve el deseo de transformar el mundo y que, efectivamente, está cambiando el mundo” [3]. Esa marea crece en América Latina, esparciendo lenguajes nuevos, prácticas corporales, sororidad. Porque la fuerza de nuestras decisiones radica en la potencia de aquéllas que han transgredido a esta sociedad patriarcal y que nos hace apropiarnos de nuestros cuerpos y deseos.

NOTAS

[1] De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año 2016, 41.3% de las mujeres mayores de 15 años habían sufrido violencia sexual. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropósito /2019/ Violencia2019_Nal.pdf

[2] González Prado, Patricia, Aborto y autonomía sexual de las mujeres, Ediciones Didot, Buenos Aires, 2018, p. 216.

[3] Anzorena, Claudia, “No venimos a pedir permiso. Intervención en la Cámara de Diputados/as de la Nación (10 de mayo de 2018)”, en Barrancos, Dora, “Aborto legal como derecho humano fundamental”, en Herrera, Marisa y Pecheny, Mario (coordinadores), Legalización del aborto en la Argentina. Científicas y científicos aportan al debate, Universidad Nacional de General Sarmiento, Provincia de Buenos Aires, 2019, p. 43.

 

REFERENCIA CURRICULAR

Pilar González Barreda es Feminista, abogada, candidata a Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Profesora de la Facultad de Derecho de ésta misma universidad.

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