Lucía Melgar

Las desapariciones en México constituyen una de las manifestaciones más evidentes de la grave crisis de derechos humanos que afecta a la sociedad a raíz de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada a fines de 2006, y de los reacomodos de los grupos criminales desde entonces

Las desapariciones en México constituyen una de las manifestaciones más evidentes de la grave crisis de derechos humanos que afecta a la sociedad a raíz de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada a fines de 2006, y de los reacomodos de los grupos criminales desde entonces.

El pasado 14 de enero, Amnistía Internacional México presentó un informe sobre desapariciones que impacta, no sólo por las cifras y los casos emblemáticos que presenta sino, principalmente, por el testimonio de las personas directa o indirectamente afectadas por este fenómeno.

“Un trato indolente”, título del informe en el que se señala el trato que dan las autoridades a las familias desde el momento en que denuncian y a lo largo del proceso.

¿Por qué? Las autoridades no buscan enseguida a las personas, ni investigan adecuadamente, si es que lo hacen, ni llevan a cabo los procedimientos para identificar los restos que se encuentran en las múltiples fosas cavadas a lo largo y ancho del país, ni tampoco se preocupan por reparar el daño, económico, físico, psicológico, y social, conforme a estándares nacionales o internacionales. Así, resulta que al trauma de haber perdido a un hijo, hija u otro familiar, se añade el maltrato -la revictimización- que sufren las familias, y en gran medida las madres y esposas, por parte de las autoridades.

Esta situación no es nueva, antes la han vivido en México las madres de hijas, primero desaparecidas y luego encontradas, asesinadas en Ciudad Juárez, centro de la atención nacional e internacional en torno al feminicidio hasta que la intensificación de la violencia del crimen organizado, o relacionada con éste, tendió a invisibilizar el asesinato brutal y cruel de mujeres que continúa en esa ciudad, y que abarca ya todo el país, con ejemplos brutales de impunidad como en el Estado de México.

Quienes se atrevieron a denunciar la desaparición de su hija, y luego la encontraron asesinada con enorme crueldad, se toparon con un muro de indiferencia por parte de las autoridades, padeciendo un proceso de criminalización

En efecto, quienes se atrevieron a denunciar la desaparición de su hija y luego, en muchos casos, la encontraron asesinada con enorme crueldad, si es que recibieron los restos correspondientes, se toparon con un muro de indiferencia por parte de las autoridades de todos los niveles. Igualmente, padecieron un proceso de criminalización, que se ha vuelto común contra quienes se atreven a denunciar o a protestar. En el caso de las jóvenes asesinadas, se sugería que se habían ido “con el novio”, o que “andaban en malas compañías”, o se cuestionaba por qué habían salido “solas a la calle”, así se tratara de trabajadoras que volvían del trabajo de noche y no tenían más remedio que hacerlo. Mientras que con este tipo de “respuestas” las autoridades pretendían transferir la responsabilidad del caso a las familias (¿por ser “irresponsables”?), recurrieron a amenazas y presiones para que dejaran de buscar o de denunciar, a la vez que trataban de estigmatizarlas ante la opinión pública, sugiriendo que “se lucraban con el dolor” o que, de alguna manera, se beneficiaban económica o políticamente con su dolorosa pérdida.

Pese a la admirable persistencia y al enorme valor de muchas mujeres y de los hombres que las acompañaron en su búsqueda de justicia y verdad, muchas de esas familias y madres acabaron por irse de la ciudad fronteriza o por dejar la lucha pública, a fuerza de amenazas y estigmatización.

Las presiones y la estigmatización, en efecto, provocan un aislamiento de las víctimas en su barrio o su comunidad, justo cuando mayor es su necesidad de solidaridad y apoyo activo. De ahí las denuncias continuas contra la criminalización de las familias de víctimas y de las defensoras y defensores de derechos humanos desde 2010-2011, sobre todo a raíz del asesinato de Marisela Escobedo, ultimada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua donde se había instalado para protestar contra la impunidad del asesinato de su hija Rubí. De ahí también que no pueda hablarse de prácticas aisladas de negligencia o de incompetencia de las autoridades y sí, en cambio, de un patrón de impunidad del crimen, victimización de las familias, y criminalización de la protesta.

Estas prácticas de “indiferencia” por parte de un “gobierno con corazón de piedra”, en efecto, se repiten y se reproducen por todo el país, pese a las observaciones internacionales, a las recomendaciones nacionales e internacionales, y pese a los reclamos de la opinión pública. Un caso emblemático es el que compartió en su testimonio, en el marco de la presentación de este Informe de AI, la madre de un joven desaparecido en 2011 en Ciudad Cuauhtémoc, quien se atrevió a denunciar, organizó una protesta pública, llegó a ver al gobernador para presentar el caso de los jóvenes desaparecidos, ha cuestionado a funcionarios y funcionarias y, por ello, ha sido presionada y amenazada: debe callar si no quiere perder la vida como otra madre que, pese a que la Fiscalía del Estado conocía las amenazas contra ella y recibió un aviso de que un comando armado rodeaba su casa, fue secuestrada y desaparecida a su vez. Esto más que indolencia es complicidad, así sea por omisión, conducta semejante a la que caracterizó gran parte del actuar de las autoridades hace 15 ó 10 años en el norte del país.

Si esta semejanza, y podríamos decir construcción o persistencia de este patrón de impunidad, es preocupante, la magnitud del problema es simplemente escalofriante. Ya no se trata sólo de Chihuahua (Cd. Cuauhtémoc está a una hora de la capital de ese estado), ni se puede hablar sólo del atroz caso de Iguala. Se trata de amplias zonas de impunidad, regiones controladas por grupos del crimen organizado, o donde éste se pelea la plaza, o donde las fuerzas armadas llevan a cabo operativos como los que desarrollaron en busca de Guzmán Loera, el capo recién detenido, operativos que han dejado varias centenas de desplazados en la zona.

Cualquiera que sea la causa de la violencia (aunque no tenga el mismo sentido político o social), se trate de desapariciones forzadas o a manos del crimen organizado, las comunidades y las familias son las que llevan la peor parte; sobre todo si, en vez de dejarse vencer por el miedo o por las amenazas, prosiguen públicamente la búsqueda de su familiar o amigo: la criminalización fomenta la fragmentación social y ésta, en gran medida, contribuye a la perpetuación de la violencia, en tanto el freno social es, o puede ser, más débil.

En este contexto, la presencia de Estela Carlotto, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, en México, al lado de madres de Chihuahua y de estudiantes de Ayotzinapa, a cuyas voces se unieron las de madres de otros Estados y de representantes de mexicanos en el exilio (por la violencia), fue doblemente significativa. Por un lado representa, como ella misma dijo, una reafirmación de la solidaridad entre personas, sobre todo mujeres en este caso, que han sufrido la misma pérdida y que buscan reparación de “memoria, verdad y justicia”. Es también una invitación a que otras víctimas y la sociedad se les unan. Por otro lado, muestra, sin embargo, que la barbarie que caracterizó al Cono sur, hace 40 años, forma hoy parte del escenario mexicano. Muestra también que, como sugirió Carlotto, las prácticas de una dictadura (por definición criminales o alegales) se dan hoy en una “democracia”, lo cual, en teoría, es un contrasentido puesto que el Estado democrático debe garantizar los derechos humanos de todas las personas. Por ello, a la vez que es importante cuestionar la calidad de la democracia mexicana y exigir el reconocimiento del problema por parte de autoridades, que prefieren cuestionar al mensajero, es fundamental, me parece, destacar el valor de la solidaridad real y activa de las múltiples organizaciones que reúnen a familias de víctimas, así como la perseverancia y valor de éstas y, como dijera Carlotto, la importancia del apoyo activo de la sociedad. En la indignación creativa, la protesta social y la solidaridad está la posibilidad, así sea remota, de salir de la atroz violencia que desgarra a las comunidades y personas.

REFERENCIA CURRICULAR

Lucía Melgar es crítica cultural y activista por los derechos de las mujeres. Coordinadora de la revista con la A en América Latina.

:: VERSIÓN EN PDF