Revista con la A

26 de julio de 2021
Número coordinado por:
Dolors López Alarcón
76

Hablemos del suicidio

Alcanzar una organización social de los cuidados en un marco de justicia social: un pendiente impostergable en México

Claudia de Anda

Claudia de Anda

México es un país que, desde hace más de veinte años, ha buscado conformar un andamiaje estadístico para visibilizar las desigualdades entre los géneros en la división sexual del trabajo e impulsar iniciativas de política pública con base en dichos datos para garantizar el derecho al cuidado

“Sin nosotras, nada se mueve”

Consigna de la lucha feminista desde los años 70.

México es un país que, desde hace más de veinte años, ha buscado conformar un andamiaje estadístico para visibilizar las desigualdades entre los géneros en la división sexual del trabajo -a través de la medición del trabajo doméstico, no remunerado y de cuidados [1]-, e impulsar iniciativas de política pública con base en dichos datos para garantizar el derecho al cuidado desde la corresponsabilidad social entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes para lograr una política integral que revierta la precarización de quienes realizan tareas de cuidado, generalmente mujeres y niñas, mucho menos para alcanzar una organización social donde éstos sean reconocidos en un marco de justicia social y valorados como fundamentales para la continuidad de la vida.

Si bien existen iniciativas legislativas para impulsar un Sistema Nacional de Cuidados en México, sólo la Ciudad de México reconoce el cuidado como un derecho, tanto en su Constitución Política (Art.9) como en su Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías (Art. 56), el cual reconoce que éste:

“[…] incluye el derecho de todas las personas a cuidarse, a cuidar y a ser cuidadas; consiste en que todas las personas tengan asegurado un conjunto de actividades básicas encaminadas a garantizar la realización cotidiana de las condiciones de vida que les permiten alimentarse, educarse, estar sanas y vivir adecuadamente, lo que comprende tanto el cuidado material, que implica un trabajo con valor económico, como el cuidado psicológico, que conlleva un vínculo afectivo.” [2]

Este marco normativo manifiesta, por un lado, la dimensión material, económica y psicológica del cuidado, reconociendo en ésta última el vínculo afectivo; por el otro, visibiliza tanto el aporte económico de los cuidados en el país -que en 2019 equivalían al 24.2% del PIB [3] -, como la necesidad de impulsar nuevos pactos sociales justos y equitativos entre los géneros para la sostenibilidad de la vida, que garanticen la autonomía de las personas que cuidan. En concreto, la Ciudad de México ha logrado conformar un importante andamiaje legal que corresponde con las discusiones ético-político-feministas, superando “uno de los grandes desafíos en torno al cuidado: avanzar hacia su reconocimiento e inclusión positiva en las políticas públicas.” [4]. No obstante, éste no ha logrado traducirse en acciones de orden público que los redistribuyan, revaloricen y reformulen [5] ya que son las mujeres quienes continúan siendo las proveedoras de los cuidados a través de actividades no remuneradas al interior de los hogares, y quienes adaptan el tipo y horarios de trabajo que realizan -formal o informal- para poder llevarlos a cabo. Por ejemplo, de acuerdo con la Fundación Friedrich Ebert en México, “en el país, 90 millones de personas mayores de 12 años realizan trabajos domésticos y de cuidados en sus hogares sin recibir remuneración. Del total de las horas que se dedican a los cuidados de los miembros del hogar, el 71% son realizados por mujeres” [6]. Este escenario es por demás complejo, sobre todo en un momento social y económico donde el área de trabajo no remunerado se va ampliando cada vez más y la esperanza de vida es mayor que en el pasado, aunque no para las mujeres asalariadas, quienes no tienen tiempo para descansar, y cuya esperanza de vida se redujo 5 años [7].

5 de cada 10 horas del tiempo total de trabajo semanal de la población de 12 años y más, contribuyen a la economía del país sin que medie un pago por ello, hablamos de trabajo no remunerado de los hogares realizado en un 67% por mujeres.

Otro de los aciertos del marco normativo, en la Ciudad de México, es el reconocimiento de la crisis de los cuidados como “una crisis del modo de vivir y producir que muestra la imposibilidad de este sistema [capitalista] de generar vidas vivibles” [8], y podríamos agregar, de generar vidas en equilibrio con su entorno social, cultural, económico y natural, y en armonía psicoemocional. Dicha crisis pone de relieve el mandato sociocultural hacia las mujeres de realizar estas labores en condiciones injustas e inequitativas, dentro y fuera de la familia sin que medie un pago, bajo el mito del amor filial o desde una irresponsabilidad privilegiada [9] para evadir las responsabilidades materiales, económicas y/o psicológicas que éstos conllevan. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT 2019), prácticamente 5 de cada 10 horas del tiempo total de trabajo semanal de la población de 12 años y más, contribuyen a la economía del país sin que medie un pago por ello, hablamos de trabajo no remunerado de los hogares realizado en un 67% por mujeres. Además, las mujeres realizamos el triple del trabajo doméstico y no contamos con tiempo para el autocuidado [10]. Otro claro ejemplo es la situación de las trabajadoras domésticas en México: antes de la actual crisis sanitaria, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró en México más de dos millones de personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres y el 75% no contaba con ningún tipo de prestaciones.

Que los cuidados se redistribuyan en un marco de justicia social, se revaloricen como esenciales para la vida y se reformulen desde la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad, es una tarea urgente que debemos atender. El camino recorrido en la Ciudad de México, aunque es positivo, es insuficiente para realmente revertir las asimetrías de género. Quizá una clave que podría abrirnos el camino sea acercarnos y colaborar de cerca con nuestras colegas de Uruguay, Chile, Costa Rica, Ecuador, quienes llevan un camino recorrido no sólo en la formación de políticas públicas del cuidado, sino en explorar las experiencias de las subjetividades y de las representaciones sociales de los cuidados orientado a alcanzar un orden social justo y equitativo para todas y todos.

 

NOTAS

[1] La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT), la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS) y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS).

[2] Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 08 de febrero de 2019.

[3] Soto, Paula (2020). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México. Congreso de la Ciudad de México.

[4] Batthyány Dighiero, Karina (2015), Las políticas y el cuidado en América Latina. Una mirada a las experiencias regionales. CEPAL. Santiago de Chile. P. 12.

[5] Batthyány (2015). P. 15

[6] Villa Sánchez, Sughei (marzo 2019). Fundación Friedrich Ebert en México

[7] De acuerdo con Silvia Federici, existe la práctica en algunas empresas de no contratar personas en ciertos puestos de trabajo porque las universidades les da un flujo de estudiantes que lo realizan sin un pago con el argumento de hacerlo para que ganen experiencia profesional.

[8] Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Plan Estratégico de economía del cuidado de la ciudad de méxico: propuesta de creación del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México y su marco normativo,

[9] El concepto “Privileged Irresponsability” (irresponsabilidad privilegiada) lo comenzó a desarrollar Joan Tronto en los años 90.

[10] La ENUT, 2019, es la sexta encuesta del uso del tiempo en México, con una muestra de poco más de 28 mil viviendas y 71 mil personas, con representación nacional (rural y urbana).

 

REFERENCIA CURRICULAR

Claudia de Anda es maestra en Mediación Intercultural por la Universidad Católica de Lovaina (KU-Leuven) y la Universidad de Lille 3. Actualmente coordina el área de Gestión del Conocimiento en Fundar. Centro de Análisis e Investigación. 

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