Lourdes Enríquez

las agendas multilaterales han señalado las desigualdades y exclusiones de género a la par de la seguridad alimentaria, el cambio climático y la distribución de los costos y beneficios del comercio y la tecnología

Dentro de los desafíos globales actuales, las agendas multilaterales han señalado las desigualdades y exclusiones de género a la par de la seguridad alimentaria, el cambio climático y la distribución de los costos y beneficios del comercio y la tecnología.

La llamada agenda 2030 para el desarrollo sostenible que se ha presentado como la ruta de acciones gubernamentales para transformar nuestro mundo contiene 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores que debieran ser vinculantes para que los países atiendan las barreras e implicaciones que tienen las asimetrías de género en el acceso al desarrollo económico, social y político de las poblaciones.

Para analizar el derecho a la educación sexual y reproductiva conviene detenernos y pensar que el concepto de desarrollo humano debe concentrarse en los fines y no en los medios de desarrollo y progreso macroeconómico, máxime cuando de lo que se trata es de romper las situaciones de desigualdad en las que viven mujeres y niñas en aras de lograr una igualdad de trato, de oportunidades, de acceso a recursos como la salud y la educación, buscando alcanzar una igualdad material en los resultados que debieran traducirse en bienestar físico, emocional y social.

El empoderamiento económico de las mujeres es señalado como el principal indicador de un proceso en el que ocurre la expansión de la habilidad para tomar decisiones estratégicas en sus vidas

El quinto objetivo de la agenda mundial delinea lo anterior, sólo de manera aislada y no transversal al resto de los objetivos como debiera ser y como lo mandata la legislación internacional, cuya finalidad es la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. El desarrollo conceptual de sus metas se centra en el empoderamiento económico de las mujeres señalado como el principal indicador de un proceso en el que ocurre la expansión de la habilidad para tomar decisiones estratégicas en sus vidas en ámbitos donde antes estaba restringida por razones socioculturales y de tradición. La explicación habla de que se trata del poder para lograr metas y desenlaces, e implica un cambio en varias vías paralelas que debe ser diseñado desde la política pública, en cuestiones tan profundas y complejas como la modificación del contexto, el acceso a recursos materiales e inmateriales como la educación, la salud y cuidados más lo que, de manera estratégica, han llamado la transformación subjetiva para el ejercicio de derechos.

Es interesante destacar que, a estas alturas de la lucha por los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, se ha logrado insertar en la agenda global la discusión de que una de las dimensiones del empoderamiento económico debe ser la autonomía reproductiva, referida como la habilidad informada y responsable de las mujeres y adolescentes para tomar decisiones sobre el propio cuerpo, que se refiere a la autodeterminación sexual y reproductiva que, de manera general, se puede decir que va desde el control y toma de decisiones sobre el uso de métodos anticonceptivos, el embarazo, la crianza y el aborto seguro. Lo que debe ser guiado por el derecho a una educación integral en sexualidad laica, científica y sin estereotipos de género.

Al referirse a la igualdad de género el quinto objetivo de la agenda global para el desarrollo sostenible, señala puntos nodales que los países deben tomar en cuenta, entre ellos destacan:

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, específicamente con la meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen, así como con las metas 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles; y 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, en específico con la meta 16.b, que establece promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. [1]

Para que los países diseñen políticas públicas encaminadas a trabajar en el proceso de empoderamiento de las mujeres y niñas, tomando como eje central la autonomía reproductiva,  se necesitan dos cuestiones fundamentales: por un lado que existan lo que han denominado como fuentes de empoderamiento, que se refiere principalmente a información y educación integral en sexualidad, disponibilidad de métodos anticonceptivos, servicios de salud con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos, sin dejar fuera la detección oportuna de tipos y modalidades de las violencias cotidianas contra las mujeres. Y, por otro lado, que se trabaje en desaparecer las barreras que impiden el acceso a dichas fuentes de empoderamiento y que exista agencia o acción individual y/o colectiva para el aprovechamiento de las mismas.

El embarazo en niñas y adolescentes es un problema relacionado con los distintos tipos de violencia que experimentan las mujeres a lo largo de toda la vida

En relación a las fuentes de empoderamiento en países del sur global como el nuestro, sabemos que a pesar de ser las mujeres las más beneficiadas con la disminución en la carencia de servicios de salud (medido con afiliación), las principales causas de muerte siguen siendo prevenibles, entre ellas la violencia y causas relacionadas con la reproducción. Además, el embarazo en niñas y adolescentes es un problema no resuelto y está relacionado -entre otras cosas- con los distintos tipos de violencia que experimentan las mujeres a lo largo de toda la vida.

Aunque la agencia individual o colectiva realmente no se puede medir con precisión, sabemos que las acciones macro-políticas repercuten en la vida cotidiana de las mujeres, niñas y adolescentes. Por ejemplo, cada vez más adolescentes utilizan métodos anticonceptivos en su primera relación sexual o hay redes de acompañamiento al aborto seguro en los países con marcos regulatorios restrictivos y punitivos; además, cada vez crece con más fuerza la movilización política que sigue demandando aborto seguro y maternidad elegida en los países de nuestra región.

Para evaluar que las políticas públicas de igualdad acordes a la agenda global de desarrollo sostenible están empoderando a las mujeres para tomar decisiones sobre su plan de vida, en el que la autonomía reproductiva es esencial, no es suficiente medir la existencia de las fuentes de empoderamiento, ya que ello no demuestra su utilización. Del mismo modo, la agencia o participación comunitaria y la movilización social no bastan para aprovechar una fuente de empoderamiento que no existe. Al final, no importa cómo lo llamemos o si lo abordamos desde enfoques teóricos menos liberales, el verdadero problema es el mismo, los Estados son responsable de garantizar el mayor acceso posible de las mujeres a una vida digna, saludable y libre de violencia. El ejercicio de la autonomía reproductiva será posible solo cuando se hayan procurado las condiciones para que ninguna mujer muera por causas maternas, todas tengan relaciones sexuales consensuadas y la maternidad sea libremente elegida.

Así, la dignidad de las mujeres, la elección de su plan de vida, su derecho a la vida privada y al libre desarrollo de su personalidad, como su autonomía sexual y reproductiva serán derechos sexuados que deben ser resguardados con garantías específicas en las metas e indicadores de la agenda global para el desarrollo sostenible y, así, atender el principio de igualdad sustantiva al que se refiere la legislación internacional en la materia.

NOTA

[1] Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, Acción de Inconstitucionalidad 107/2018 Litigio ante la Corte Constitucional.

REFERENCIA CURRICULAR

Lourdes Enríquez Rosas es abogada y maestra en Filosofía del Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de trabajo son: crítica de género y análisis del discurso político-jurídico. Es integrante del Seminario interdisciplinario de investigación “Alteridad y Exclusiones” en la Facultad de Filosofía y Letras. Coordina el grupo de trabajo sobre derechos reproductivos en el Programa Universitario de Bioética, y forma parte del proyecto de investigación “Salud mental y aborto”, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Conduce el programa semanal de radio ciudadana “Mujeres a la Tribuna”, y pertenece a la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir y a la Federación Mexicana de Universitarias.

:: VERSIÓN EN PDF