Ana Lucía Hernández

Las mujeres que se dedican a la limpieza y a los cuidados en España, muchas de ellas migrantes, durante la pandemia del Covid-19 han representado uno de los colectivos mayormente afectados por la consecuente inestabilidad laboral del confinamiento. Se trata de mujeres que cuidan en un país que no les cuida.

Ángela, como tantas otras personas, ha perdido su trabajo en el mes de marzo. Es extranjera y trabajaba como cuidadora en la modalidad de interna en Madrid. Vive en España desde hace 2 años, pero aún no tiene el permiso de residencia, por ello, sus empleadores no le hicieron un contrato de trabajo. El domingo 15 de marzo los hijos de la anciana a la que cuidaba le enviaron un mensaje por WhatsApp para avisarle que no volviera a la casa donde trabajaba. Con el confinamiento decretado por el gobierno de España, la familia decidió que era mejor llevar a la madre a una residencia. No le preguntaron qué iba hacer, tampoco le dijeron si le pagarían los días trabajados como se esperaba, se limitaron a indicarle que podría ir a recoger sus cosas cuando terminara todo. Así, para Ángela el confinamiento empezó sin trabajo, sin casa y sin derechos.

Esta historia es un ejemplo de lo que han vivido muchas mujeres que se dedican a la limpieza y a los cuidados en España. Mujeres, muchas de ellas migrantes, que desde hace años se han encargado de este trabajo en condiciones de gran precariedad. Y que durante la pandemia del Covid-19 han representado uno de los colectivos mayormente afectados por la consecuente inestabilidad laboral del confinamiento. Se trata de mujeres que cuidan en un país que no les cuida.

La crisis sanitaria, económica y social que se ha desencadenado con esta pandemia, ha puesto en evidencia importantes problemas relacionados con los cuidados, referidos a: 1) cómo estamos atendiendo a las personas dependientes (mayores, personas enfermas, niños y niñas), es decir, cómo organizamos socialmente el sistema de cuidados; y 2) cuán ineficaces son las medidas para conciliar nuestra vida laboral con las responsabilidades familiares, en concreto en lo que concierne a la infancia. 

Estos problemas no son consecuencia del Covid-19. Desde hace más de dos décadas tanto desde las ciencias sociales como desde el activismo feminista se ha insistido en la necesidad de debatir en profundidad sobre los cuidados, la reproducción social y el sostenimiento de la vida. Ya entonces se hablaba de una crisis de cuidados que interesa a todos los países del mundo, una crisis que está siendo resuelta de manera ineficaz caracterizada por relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, entre clases sociales y entre países del norte y del sur global (Pérez-Orozco, 2014). Esta solución afecta a mujeres extranjeras y extracomunitarias, porque son ellas las que migran para insertarse en un sector poco cualificado que demanda mano de obra barata y exige una disponibilidad máxima: el empleo de hogar y los cuidados informales remunerados.

Ser mujer, inmigrante y trabajadora del hogar y de los cuidados significa hoy en día precariedad laboral y desigualdad social

Ser mujer, inmigrante y trabajadora del hogar y de los cuidados significa hoy en día precariedad laboral y desigualdad social. Los datos nos muestran que este sector se ha convertido en el principal nicho laboral para las mujeres inmigrantes en España. En 2017, la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística registró 565.000 personas ocupadas en el empleo doméstico y de cuidados, de las cuales el 90% eran mujeres, y casi el 65% de ellas eran extranjeras (Díaz Gorfinkiel y Martínez-Buján, 2018). Un sector caracterizado por bajos salarios e inestabilidad.

Esta era la realidad de muchas trabajadoras cuando llegó el Covid-19 que aumentó exponencialmente su precariedad laboral y vital.

La cuarentena paralizó a una gran parte de la sociedad española. La emergencia obligó al confinamiento en casa y de allí el Gobierno central determinó cuáles eran aquellas necesidades fundamentales y esenciales para mantener la cotidianidad en muchos hogares. Fue entonces que los cuidados cobraron relevancia mediática y pública, así como en la arena política. Sin embargo, mientras que todos los días se salía a los balcones a aplaudir para solidarizarse con la labor de las y los profesionales sanitarios en la lucha contra el virus, muchas empleadas del hogar perdían su trabajo.

Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social indican que solamente en los meses de marzo y abril de 2020 han dejado de cotizar casi 18.000 empleadas del hogar, pasando de 393.865 a finales de febrero a un total de 375.868 a finales de abril. Este descenso de afiliadas en las semanas con más intensidad de los contagios del Covid-19 es significativo de la situación que han vivido estas mujeres, y que afecta particularmente a las migrantes, porque sin un contrato de trabajo no pueden renovar sus tarjetas de residencia. 

La precariedad de este sector se ha agudizado en las últimas semanas. Las historias de estas mujeres durante la pandemia son variadas, pero coinciden en la contradicción de estar realizando tareas esenciales, principalmente las cuidadoras, y al mismo tiempo no ser reconocidas, hasta llegar a sufrir incluso situaciones de abuso, desamparo e injusticia.

En España, el empleo de hogar está regulado desde 1985, pero no está equiparado a los derechos laborales de los otros trabajos por cuenta ajena en régimen general. Entre otras cosas, las empleadas de hogar no cotizan para la prestación por desempleo, de esta cuenta quienes perdieron el trabajo durante estos meses no tenían la opción de cobrar el paro. Esto evidencia la desprotección laboral y la poca valoración social del sector (Hernández Cordero, 2017).

Si bien es cierto que la crisis del Covid-19 ha puesto en valor el sector de los cuidados, la respuesta social y política sigue dejando de lado a estas mujeres limitándose a proporcionar unas alternativas insuficientes. Ante las presiones de varias organizaciones de empleadas del hogar, el 31 de marzo el Gobierno aprobó un subsidio temporal de desempleo para trabajadoras del hogar, que tiene vigencia de sólo un mes, y que a inicios de junio no se había podido cobrar aún. Para diversas organizaciones sociales esta medida llega tarde y está mal planteada y es muy limitada porque no es coherente con la realidad del propio sector. Póngase como ejemplo más evidente, la miopía de la propuesta gubernamental a la hora de obviar el hecho que un 30% de las trabajadoras carece de contrato y no cotiza a la Seguridad Social. Se estima que son alrededor de 200.000 mujeres extranjeras que se quedarán fuera de esta ayuda.

Las consecuencias directas del Covid-19, sumadas a las desigualdades que sufren las trabajadoras del hogar y los cuidados por su condición laboral, de género y por su situación legal como migrantes, profundizan su vulnerabilidad

Para estas mujeres, no trabajar ha supuesto en primer lugar una carencia material, cuyos efectos se trasladan hasta los hogares en sus países de origen, que muchas veces se mantienen a flote gracias a las remesas que ellas envían. Las consecuencias directas del Covid-19, sumadas a las desigualdades que sufren estas mujeres por su condición laboral, de género y por su situación legal como migrantes, profundizan su vulnerabilidad adscrita a una estructura social tan desigual como la española.

Las respuestas más efectivas las recibieron por parte de la sociedad civil organizada. Las asociaciones de empleadas de hogar crearon cajas de resistencia para atender las necesidades materiales más urgentes de estas mujeres: en particular, ayudas al alquiler y alimentos. Además, se están encargando de otras cuestiones como la gestión de alternativas habitacionales, las derivaciones a otros recursos públicos y privados de asistencia, talleres virtuales sobre derechos laborales y sobre la Ley Orgánica de Extranjería, y en estas últimas semanas también las asesorías individuales sobre el subsidio temporal y el Ingreso Mínimo Vital.

¿Quién cuida a las que cuidan? se preguntaban las asociaciones de empleadas de hogar el 30 de marzo, Día Internacional del Trabajo de Hogar. La respuesta aún no es clara. Nuestro compromiso como sociedad es poner la vida en el centro desde lo colectivo y que los cuidados sean una prioridad nacional, especialmente en estos tiempos inéditos y complicados de pandemia, desigualdad e incertidumbre para el futuro. Para todo ello estas mujeres no pueden quedarse atrás.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

– Díaz Gorfinkiel, Magdalena y Raquel Martínez-Buján (2018). “Mujeres migrantes y trabajos de cuidados: transformaciones del sector doméstico en España”. Panorama Social, 27, 105-118.

– Hernández Cordero, Ana Lucía. (2016). “El trabajo de hogar y de los cuidados como nicho de empleo para las mujeres inmigrantes. El caso de ecuatorianas en Zaragoza”. Revista Acciones e Investigaciones Sociales, 37, 95-116.

– Pérez-Orozco, Amaia. (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños.

REFERENCIA CURRICULAR

 Ana Lucía Hernández Cordero es Doctora en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y Maestra en Estudios de Género por El Colegio de México. Desde 2014, es profesora de Sociología de las Migraciones y la Perspectiva de Género en la Universidad de Zaragoza. Actualmente forma parte del Proyecto “El cuidado importa. Impacto de género en las cuidadoras/es de mayores y dependientes en tiempos de la Covid-19” (CUMADE). Fondo Supera COVID-19 Santander-CRUE-Universidades españolas. De 01/07/2020 a 30/06/2021. IP: Dolors Comas d´Argemir URV.

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