Mujeres, Paz y ¿Seguridad?
Alicia Gil Gómez
En septiembre de 2015, el gobierno español del PP, ante la inminencia de ocupar la Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, publicó un documento titulado: Mujeres, Paz y Seguridad: una prioridad española en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
En septiembre de 2015, el gobierno español, ante la inminencia de ocupar la Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (en el que España es miembro No permanente), publicó un documento titulado: Mujeres, Paz y Seguridad: una prioridad española en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas [1], según el cual “España, convencida del importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de conflictos y en la construcción de la paz, ha hecho de este Examen de Alto Nivel una de las prioridades de su próxima Presidencia del Consejo de Seguridad”, según reza en la introducción, señalando seguidamente que “La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), sobre Mujeres, Paz y Seguridad, adoptada por unanimidad el 31 de octubre de 2000, bajo la presidencia de Namibia, constituye un hito en la incorporación de la perspectiva de género en la prevención, gestión y solución de los conflictos armados”, aportando, además, información sobre las sucesivas resoluciones realizadas por el Consejo para el desarrollo efectivo de la 1325, calificándolas como grandes avances, tales que:
- La Resolución 1820 (2008) califica la violencia sexual como táctica de guerra y destaca la necesidad de considerar este tipo de actos como crímenes contra la Humanidad en determinados casos, pudiendo constituir también actos de genocidio si se dan ciertas condiciones. En esa Resolución se recogió la intención del CSNU de sancionar a los responsables de actos de violencia sexual en conflicto, y la necesidad de acabar con la impunidad.
- La Resolución 1888 (2009) decide la inclusión en los mandatos de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs) de Naciones Unidas (NNUU) de disposiciones concretas para proteger a las mujeres y los niños de violaciones y otras formas de violencia sexual y solicita al Secretario General la creación de un Representante Especial para la violencia sexual en los conflictos armados.
- La Resolución 1889 (2009), centrada en la promoción del papel de las mujeres en los procesos de paz, solicita al Secretario General (SGNU) la presentación al CSNU de una serie de indicadores para verificar la aplicación efectiva de la resolución 1325.
- La Resolución 1960 (2010) contiene avances en la lucha contra la violencia sexual. Entre otras medidas, solicita al SGNU la confección de una lista –a modo de anejo de su informe anual sobre la materia- de las partes de un conflicto en relación con las que existan indicios de ser responsables de violaciones y otras formas de violencia sexual.
- La Resolución 2106 (2013) insiste en la necesidad de un mayor esfuerzo por parte de Estados Miembros y Naciones Unidas para conseguir un respeto pleno de las Resoluciones en este ámbito y, en especial, luchar contra la impunidad de la violencia sexual en situaciones de conflicto armado. Esta resolución pone de manifiesto que la base para prevenir la violencia sexual en estas situaciones de conflicto y post conflicto es el reconocimiento de la igualdad de género y el empoderamiento político, social y económico de las mujeres.
- La Resolución 2122 (2013) insiste en la rendición de cuentas y subraya la necesaria participación de la mujer en todas las fases de un conflicto: prevención, resolución y recuperación. Esta resolución reconoció que el Consejo de Seguridad necesita recibir mejor información sobre los retos en esta materia, a través de, entre otras vías, la inclusión de información estratégica en todos los informes cuyo destinatario sea este órgano.”
El gobierno español del PP se comprometía a “… promover desde el Consejo la aplicación efectiva de tales Resoluciones (…) abordando retos y amenazas no contemplados hasta ahora que también requieren la atención del CSNU.
Entre estas cuestiones cabe mencionar las siguientes:
- Reforzar la protección de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto, extendiendo la protección frente a la violencia sexual a otros delitos cometidos contra las mujeres por razón de su género que existiendo en tiempo de paz se multiplican exponencialmente durante los conflictos: trata, matrimonio forzado, prostitución forzada…
- Prestar especial atención a la protección de determinados colectivos de mujeres, como las mujeres refugiadas o desplazadas internas, las defensoras de derechos humanos, las mujeres indígenas…
- Sin prescindir del pilar protección, poner el énfasis en otros pilares tales como la prevención, subrayando la importancia de identificar las variables de género que aparecen en los factores de riesgo y causas de los conflictos.
- Apostar de manera firme por el papel de las mujeres en la diplomacia preventiva y la mediación, así como en su participación en los procesos de paz y de consolidación de la paz.
- Reforzar la arquitectura institucional de NNUU en relación con los asuntos de MPS con la creación de un grupo informal de expertos que promueva la aplicación sobre el terreno del acervo normativo; y colocar las cuestiones de MPS en un lugar prioritario en todos los asuntos geográficos de la agenda del CSNU.
- Buscar métodos que favorezcan el control efectivo de la aplicación de la agenda por parte del Consejo de Seguridad, como la mejora de los flujos de información de lo que sucede sobre el terreno.
- Reforzar el lenguaje sobre MPS en todos los documentos del Consejo de Seguridad y de sus órganos subsidiarios.
- Impulsar la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y, en particular, con las organizaciones que trabajen sobre el terreno, con el fin de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en las zonas de conflicto y postconflicto.
- Movilizar los recursos necesarios en este ámbito.”
A través de los distintos Informes Sombra de la Plataforma CEDAW España, sabemos que el gobierno español del PP incumplió sistemáticamente, y por la mayor, todas y cada una de las propuestas que refleja el documento.
Pues bien, a través de los distintos Informes Sombra de la Plataforma CEDAW España [2], sabemos que el gobierno español del PP (con el silencio y la complicidad de la mayor parte los partidos con representación parlamentaria, contando solo, y en ocasiones, con la denuncia de los partidos de la oposición con ideario político social a los que se suman los Ayuntamientos para el cambio y la sociedad civil a través de distintas ONGs y acciones colectivas) incumplió sistemáticamente, y por la mayor, todas y cada una de las propuestas que refleja el documento, puesto que no solo “NO movilizó los recursos necesarios” sino que, incluso, realizó recortes presupuestarios sustantivos a las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan para dignificar la vida de las personas refugiadas, en general, y de las mujeres y niñas en particular, lo que supone no contar con medios suficientes para poner en marcha las medidas comprometidas por el propio gobierno español que, en particular aquellas que hacen referencia a “Prestar especial atención a la protección de determinados colectivos de mujeres, como las mujeres refugiadas o desplazadas internas, las defensoras de derechos humanos, las mujeres indígenas…”, incumplió de manera obscena.
De tal suerte las mujeres y niñas refugiadas todavía hoy sufren un absoluto abandono, paliado con los escasos medios con los que cuentan las ONGs, pudriéndose en los campos de Refugiados en los que están sometidas a violencia, miseria, enfermedades y dejación de las autoridades internacionales, y a la violencia sexual que se produce dentro de los propios campamentos,…
Es decir, que no solo NO se han puesto en marcha las medidas preventivas que proclamaban, sino que incluso las medidas paliativas comprometidas tampoco fueron activadas. A este incumplimiento de las Recomendaciones del Consejo de Seguridad se une Europa ya que, según informan las ONGs de Ayuda al Refugiado [3], de las 160.000 personas refugiadas que se comprometieron a acoger 22 estados de la UE, para reubicarlas en sus países denominados del primer mundo, y cuyo plazo para el cumplimiento del compromiso expiraba en septiembre de 2017, solo han acogido el 27% del número de personas comprometido. Por su parte, España, que se comprometió a acoger a 17.337 personas, no ha alcanzado el 15% de la cuota pactada, siendo uno de los Estados que más ha incumplido. Por otra parte, según denuncia CEAR, solo el 47% de las personas refugiadas acogidas son mujeres y niñas… Sin mencionar, claro, los pactos vergonzosos que ha hecho la UE con países como Turquía y Libia, convirtiéndolos en gendarmes que, a cambio de cantidades astronómicas de euros, deben impedir la llegada de las personas refugiadas a las fronteras europeas. Cantidades que, quizás, si se emplearan en aplicar las medidas comprometidas en el CS para acoger dignamente a la población que huye de la guerra, solucionarían buena parte del problema.
Ante esta situación cabe preguntarse ¿De qué seguridad habla el documento? ¿Quién puede sentirse segura ante gobiernos que, de manera sistemática y vergonzante, incumplen sus promesas? ¿Qué Europa estamos construyendo cuando países como Italia, Hungría, Polonia y Austria plantean posturas claramente xenófobas hacia las personas migrantes que bien buscan asilo político bien huyen del hambre y la miseria, sin que el resto de países de la UE no sólo no les paren los pies sino que incluso revisen sus políticas de acogida para endurecerlas aún más, como han hecho Francia y Alemania? ¿Qué políticas de acogida se plantea el nuevo gobierno español? ¿Será capaz de cumplir los compromisos sistemáticamente incumplidos por sus antecesores? De momento, los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Valencia ya están dando pasos hacia políticas de acogida solidaria pero ¿Es suficiente? ¿Qué está pasando con las mujeres, los niños y las niñas refugiadas?
Estamos expectantes ante las políticas de acogida del nuevo gobierno y su defensa ante la UE, un gobierno que se ha presentado como feminista y por tanto comprometido con la Paz, la Solidaridad, la Justicia y la Igualdad… Por ello, esperamos que no ceda ante las presiones de lo más recalcitrante y xenófobo de la política europea… ¡Ya veremos!
NOTAS
[2] https://cedawsombraesp.wordpress.com/
[3] Presentamos el informe elaborado por CEAR https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-CEAR-2017.pdf aunque otras muchas ONGs y la sociedad civil desarrollan documentos y acciones de denuncia de la situación.
REFERENCIA CURRICULAR
Alicia Gil Gómez es doctora (cum laude) en Sociología del Género por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y Licenciada en Filosofía y CC de la Educación por la Universidad de Valencia. Experta en género, violencia, poder y conflictos en las organizaciones de mujeres. Ha dirigido numerosos grupos de trabajo. Autora del proyecto de creación de la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de Castellón, que dirigió durante 8 años y que fue creada como transferencia de los proyectos NOW, EQUAL y Leonardo Da Vinci del Fondo Social Europeo y la Comisión Europea. Estos proyectos, que estaban vertebrados en torno al género, también fueron dirigidos por ella y se desarrollaron en esta misma universidad entre 1995 y 2007. Además, ha dictado numerosas conferencias, publicado artículos, impartido cursos, programado y coordinado postgrados… En la actualidad es la coordinadora pedagógica de la Escuela Espacio de Salud Entre Nosotras de la Asociación de Mujeres para la Salud de Madrid, preside la Asociación con la A y dirige la revista digital del mismo nombre.
:: VERSIÓN EN PDF
