morena Herrera

Reflexionar acerca de la relación de las mujeres con el poder nos puede llevar por diferentes caminos y ámbitos; nos podemos encontrar con la participación institucional mediante procesos eleccionarios o por designación en diferentes niveles de la conformación de los Estados, también con las luchas femeninas frente al poder y el control masculino sobre la vida de las mujeres en ámbitos simbólicos y concretos, que se expresan desde lo personal así como desde la construcción de poderes colectivos

Reflexionar acerca de la relación de las mujeres con el poder nos puede llevar por diferentes caminos y ámbitos; nos podemos encontrar con la participación institucional mediante procesos eleccionarios o por designación en diferentes niveles de la conformación de los Estados, también con las luchas femeninas frente al poder y el control masculino sobre la vida de las mujeres en ámbitos simbólicos y concretos, que se expresan desde lo personal así como desde la construcción de poderes colectivos; podemos analizar las resistencias ante el autoritarismo anclado en formas ancestrales y androcéntricas de concebir al mundo, con la oposición ante la violencia contra las mujeres por razones de género, que es una de las más graves formas de ejercicio de poder de los hombres sobre las mujeres, etc. Efectivamente, todas estas dimensiones y otras, tienen que ver con las relaciones de las mujeres con el poder o los poderes.

Reconociendo que la temática de “las mujeres y el poder” es sumamente amplia, en este artículo quiero referirme a un ámbito que tradicionalmente se relaciona con el poder: el legislativo, enfocando la reflexión en aquellas señales que nos podrían indicar si las salvadoreñas transitan, o no, de una representación descriptiva -con énfasis cuantitativo- a una participación sustantiva, es decir, una participación en función de colocar los intereses de las mujeres como temas relevantes en la agenda legislativa.

Un antecedente importante es que las salvadoreñas salimos de la guerra civil (1980-1992) con poco poder formal y menos poder real, pese a que, como se ha dicho en múltiples informes, las filas guerrilleras estuvieron constituidas por cerca del 30% de mujeres y más del 60% de la base social que sostuvo a las unidades guerrilleras del campo y las ciudades fueron mujeres.

Una lectura crítica de los Acuerdos de Paz por parte de las organizaciones feministas y de mujeres puso en evidencia que éstos habían sido escritos en masculino, tanto en términos textuales como en contenido, ya que no incluyeron medidas específicas orientadas a mejorar la participación femenina en diferentes ámbitos de la sociedad salvadoreña.

La construcción de una agenda propia y desde la autonomía

Pese a las dificultades de vivir en un país polarizado y saliendo de un conflicto armado prolongado, las organizaciones de mujeres poco a poco se fueron identificando con el feminismo y con la necesidad de construir una agenda propia desde la autonomía. Uno de los primeros esfuerzos en este sentido fue plasmado en 1994, la que se conoció como Plataforma de “Mujeres 94”, que constituyó el primer documento de consenso, con carácter programático, que contenía las principales demandas de las mujeres a presentar a los partidos políticos contendientes en las que se llamaron “Elecciones del Siglo”, que fueron las primeras después de la guerra y en las que por primera vez participó la izquierda partidaria aglutinada en el FMLN convertido en nuevo partido político.

A “Mujeres 94” le siguieron otras plataformas que con motivo de procesos electorales legislativos, municipales y presidenciales, las organizaciones feministas y de mujeres fueron presentando a las diferentes candidaturas con resultados más o menos similares: firmaban los candidatos y candidatas y luego, una vez electos, se olvidaban de los compromisos sustraídos.

La primera inflexión de cambio en esta dinámica de “firmas y cheques en blanco” se alcanzó cuando una coalición de izquierda logró hacerse con el gobierno municipal de la ciudad capital San Salvador. Aquí una vez electo, el entonces Alcalde Héctor Silva, retomó la Plataforma que contenía 72 demandas y se comprometió -con el apoyo de su Concejo Municipal- a concretar 7 de las mismas. En este contexto fue elaborada, aprobada y puesta en marcha la primera Política Municipal de Equidad de Género en El Salvador, que tuvo efectos multiplicadores y ha marcado dinámicas en otras municipalidades del país.

La lucha por más mujeres en la política 

La lucha por más presencia de las mujeres en la política ha tenido dos escenarios principales: el municipal y el legislativo. En el ámbito municipal, pese a los esfuerzos que ANDRYSAS [1] y numerosas organizaciones locales de mujeres vienen realizando, la lucha por la igualdad en la participación política está lejos de alcanzar mínimos niveles aceptables, tal es así que, en las elecciones del 2015, las 27 mujeres electas como Alcaldesas apenas representan el 10.31%, mientras el 25.37% han sido electas como regidoras propietarias.

Por iniciativa, sobre todo de organizaciones feministas, se han promovido “pactos interpartidarios” por más mujeres en la política, que paulatinamente han tenido un impacto considerable en la composición de la Asamblea Legislativa, como puede observarse en el siguiente cuadro:

MUJERES Y HOMBRES EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR

Como puede observarse en la tabla anterior, el período legislativo con el que se inaugura la transición política del país no estuvo marcado por una mayor presencia de mujeres en la Asamblea Legislativa. Eso quiere decir que la transición no tuvo un aumento significativo de la participación femenina en el Parlamento, ya que en el periodo 1991 – 1994 las mujeres representaban el 8.2% de las diputaciones.

El período de más baja participación fue el del 2000 al 2003, pero ha sido en las últimas dos elecciones que la presencia de mujeres ha logrado un aumento significativo, aunque aún no alcanza el 30%, dato que marca de acuerdo a diversos análisis, la existencia de una masa crítica en las legislaturas.

Uno de los mecanismos recientemente aprobado ha sido el establecimiento de la cuota del 30% de mujeres en las candidaturas a elección popular por parte de los partidos políticos. Esta medida de “acción positiva” ha tenido impacto en el legislativo, pero muy poca influencia en el nivel municipal, como ha quedado en evidencia en las últimas elecciones. Estas han sido las elecciones donde, por primera vez, los Concejos Municipales se han integrado de forma pluralista, antes todo el Concejo Municipal era integrado por el partido político ganador, lo que de alguna manera podía facilitar el cumplimiento de la cuota de mujeres en la planilla de candidaturas, sin embargo no se cumplía, al igual que en los resultados actuales.

Estudios sobre los obstáculos para la participación política de las mujeres han mostrado que, especialmente en el ámbito municipal, las mujeres son objeto de formas particulares de ejercicios de violencia y hostilidad debido a su presencia e incursión en estos espacios, que inhiben el avance femenino en la carrera política y en la acumulación de experiencias de participación, lo que se refleja en el bajo nivel de reelección femenina con respecto a los hombres.

Los desafíos para una representación y participación sustantiva de las mujeres

Las desigualdades de género en la participación política de las mujeres, así como en la representación sustantiva de sus intereses y en su capacidad de influencia en todos los ámbitos, es aún generalizada. Esto se evidencia en todos los espacios de poder y ámbitos políticos, sociales, económicos de toma de decisión a nivel nacional y local. Si bien es cierto, es importante reconocer los esfuerzos que se han llevado a cabo (procedimientos, estructuras, prácticas políticas), resulta importante reconocer que aún existen obstáculos ideológicos y culturales que impiden una participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres.

Es importante señalar, ya que es de alguna manera un tema persistente, la división sexual del trabajo aún en el ámbito legislativo, que tiene como base el reparto desigual de las tareas domésticas y responsabilidades familiares y de cuido, basado en la naturalización de los roles sociales. De ahí que, dichos roles y “mandatos de género” son asumidos en diversos aspectos de la cultura política. Se sigue trabajando para cumplir con los intereses de los hombres, ciegos al género y que, por tanto, incrementan o mantienen las desigualdades; o bien, no se atienden las necesidades e intereses de la diversidad de las personas. Esta arista de la cultura política, es importante de cara a visibilizar la condición y posición de las mujeres en los estamentos parlamentarios, en su accionar y, por ello, en su influencia en la agenda parlamentaria; donde se evidencia que de alguna manera persiste esta división sexual del trabajo, ya que las mujeres tienen una mayor presencia en la “agenda social” relacionada con aspectos de la reproducción social.

Ciertamente, la dinámica parlamentaria refleja que las mujeres tienden a verse mayoritariamente como representantes de su partido, al igual que sus homónimos hombres, sin embargo ellas tienen mayor tendencia que los hombres a pensar en sí mismas como representantes del electorado femenino, e incluso a considerar a las mujeres como un grupo electoral distintivo con intereses políticos particulares. Incluso el rol asignado de cuido lo imprimen en la agenda legislativa, incluyendo temas tradicionalmente no vistos, resultando ser un aspecto importante entre la representación descriptiva y la sustantiva.

En este marco es relevante reconocer que legislaturas anteriores aprobaron importantes leyes que actualmente constituyen la Normativa Nacional para la Igualdad [2], y que fueron el resultado de procesos de incidencia de las organizaciones de mujeres y de acuerdos tomados con las Diputadas, inicialmente con las del FMLN, que luego ampliaron a mujeres de todas las fracciones legislativas. Son leyes aprobadas que enfrentan el reto de aplicación eficaz por parte de las instituciones públicas.

En la actualidad, la Asamblea Legislativa tiene como Presidenta a una mujer, que proviene de la izquierda y se identifica públicamente como feminista. El mayor reto para esta legislatura es que, aún sin toda la correlación favorable, este liderazgo logre influir en el Grupo Parlamentario de Mujeres [3], para que, desde una participación sustantiva, se retome el debate en relación a la superación de la penalización absoluta del aborto que, desde 1997, ha generado graves consecuencias para la salud y la vida de las salvadoreñas.

NOTAS

[1] Asociación de Regidoras, Sindicas y Alcaldesas Salvadoreñas

[2] Normativa Nacional para la Igualdad: Ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres y Ley para la Igualdad, Equidad y erradicación de la discriminación hacia las mujeres. Además la Competencia 29 del Código Municipal que establece responsabilidad de impulsar programas y acciones para la equidad de género y la creación de Unidades Municipales de la Mujer.

[3] El Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa, es un grupo institucional, integrado formalmente en el período 2012-2015, fue institucionalizado en la reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, momento en el cual se creó la Unidad de Género, que tiene el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la Política Institucional de Género y a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género.

REFERENCIA CURRICULAR

Morena Herrera es defensora de derechos de las mujeres y activista feminista, estudiante de Doctorado en Filosofía Iberoamericana, con Maestría en Estudios de Género (Universidad de Gerona 2001) y Maestría en Desarrollo Local (UCA – El Salvador 2005). Integra la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico en El Salvador.

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