Revista con la A

25 de julio de 2017
Número coordinado por:
Bethsabé Huamán
52

Presidentas: Las mujeres en el poder

El paradigma de la violencia en Chile

Mariana Winocur

Mariana Winocur

Indigna. Enfurece. Entristece. En Chile, una niña de trece años ha sido violada. El caso es la crónica de un desenlace anunciado, pero también es paradigma de la violencia en Chile.

Indigna. Enfurece. Entristece. En Chile, una niña de trece años ha sido violada (por su padre o hermanastro), queda embarazada (de un feto inviable) y, a las 33-36 semanas de gestación, su caso toma estado público. Muchos se sorprenden o fingen hacerlo.

Lo que se sabía que iba a ocurrir, ocurrió. Lo que pudo haberse evitado, no se evitó. La niña estuvo cinco horas de trabajo de parto de un bebé que murió, a poco de nacer, por malformaciones cardiacas incompatibles con la vida extrauterina. La niña ya fue dada de alta y quedó bajo el cuidado de unos tíos.

La información sobre su identidad es escasa, pero sí se sabe que es de una zona rural de la Araucanía, que vive junto a diez hermanos y que su madre había muerto. No es difícil inferir que la protección del Estado a sus derechos ha estado muy ausente.

El caso es la crónica de un desenlace anunciado, pero también es paradigma de la violencia en Chile. Violencia porque la niña era violada. Violencia porque, al parecer, no sabía sino hasta avanzada la gestación que estaba embarazada o porque, si lo sabía, no pudo hacer nada. Violencia porque un embarazo, a esa edad, pone en riesgo su vida. Violencia porque de haber querido no habría podido interrumpir legalmente la gestación. El de la niña de Carahue, una región de la Araucanía, es un caso de violencia. A todas luces.

El caso reciente no es el primero. En 2013 se conoció la historia de Belén, otra niña chilena de once años violada por su padrastro y poquito antes se supo de la historia de María, una niña de doce años también embarazada, que dio a luz en 2012. Hay más casos y, lamentablemente, éste no será el último.

La historia de esta niña de trece años reavivó un debate pendiente en Chile: la despenalización del aborto, al menos por algunas causales. Desde 1989 ese país tiene totalmente prohibida la interrupción del embarazo, una herencia del dictador Augusto Pinochet.

A pesar de los anuncios oficiales y de los innumerables intentos de organizaciones sociales y feministas, el debate sobre el aborto terapéutico sigue durmiendo. Varios proyectos (en Diputados y en el Senado) proponen despenalizar el aborto en casos de malformaciones fetales inviables con la vida extrauterina, peligro de vida para la mujer y violación. En ese sentido, se había pronunciado la presidenta Michelle Bachelet, en mayo, diciendo que iba a presentar un proyecto para despenalizarlo por esas circunstancias. Tan así es que, en el informe que Chile presentó evaluando los compromisos cumplidos en el avance de los derechos de las mujeres (en el contexto del 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing), uno de los retos consignados por el Estado fue la despenalización del aborto por esas tres causales, además de una ley integral de Derechos Sexuales y Reproductivos.

Por el momento, nada o muy poco. Son las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de mujeres y algunos legisladores quienes mueven el tema en el Congreso y en la opinión pública. Las mujeres del Partido Socialista apuraron al Gobierno a enviar un proyecto legislativo y a que la despenalización del aborto terapéutico se debata de una vez por todas. El presidente de la Comisión de Salud del Senado también urgió a que se revise el proyecto. La titular del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) -quien ha sido requerida por Diputados- repitió que hay un compromiso del Gobierno en ese sentido pero que todavía no está tomada la decisión.

El reciente caso de la niña de trece años reactualizó el tema. La violencia, desigualdad y desprotección que dejó al descubierto ya no pueden seguir tapándose con argumentos de tiempos y arreglos políticos.

Tampoco puede seguir minimizándose otra arista que presenta el caso: el de los agresores y la necesidad de que sean penalizados. En un comunicado, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres es categórica: la niña y el feto han sido centrales en la discusión sobre un embarazo producto de violación “en un país donde el aborto está penalizado en toda circunstancia, la ‘vulnerabilidad’ de algunos segmentos sociales es la explicación de todas las tragedias que les suceden y los violadores pasan a segundo plano, condenados o en libertad, pero asunto zanjado”.

Las políticas públicas son ineficaces para proteger la vida de mujeres y niñas

Son claras las integrantes de la Red cuando explican que esta niña, de trece años, “es una de las miles que viven abuso sexual por familiares cercanos, vecinos, conocidos y desconocidos, y el feto uno de los miles no deseados por mujeres, en relaciones forzadas o consentidas, y por niñas que en toda circunstancia son víctimas de abuso de poder. Si esto ya es violencia, se agrega que las políticas públicas son ineficaces para proteger la vida de mujeres y niñas”.

Los violadores, que están en todos los estratos de la sociedad, “no son enfermos, son hombres criados en la normalidad de esta cultura machista”, aclaran.

Según el Primer Informe del Observatorio de Niñez y Adolescencia de Chile, de la población infantil chilena víctima de violencia, entre los años 2009 y 2011, el 17,6 por ciento sufrió violencia sexual. La tasa de violencia sexual en 2011 para niñas y adolescentes mujeres fue de 251,1 víctimas por cada 100.000 habitantes. En comparación, la tasa de violencia sexual contra niños y adolescentes fue de 55,3 por cada 100.000 habitantes.

En su informe Beijing+20, Chile documenta que entre 2009 y 2013, en la órbita del Servicio Nacional de Menores hubo 16.082 niñas vulneradas en sus derechos y atendidas en centros residenciales de protección y especialización. Además, hubo 15.404 niñas víctimas de “maltrato grave constitutivo de delito” atendidas a través de proyectos de reparación. Otras 5.507 niñas, en “situación de alta complejidad y graves vulneraciones”, fueron atendidas a través de proyectos de intervención integral especializada y 2.598 niñas tuvieron protección a través de familias acogedoras especializadas. Si bien el informe no especifica en detalle qué tipo de vulneraciones corresponden a cada categorización, sí es de suponer que muchas de esas niñas sufrieron violencia sexual.

A pesar de que informa sobre acciones emprendidas para rectificar estas vulneraciones, el gobierno de Chile también admite la “persistencia de creencias socioculturales y comportamientos asociados sobre la condición y situación de las niñas que genera abusos y violencias contra ellas: maltratos y abusos sexuales, explotación sexual, entre otras graves vulneraciones”. Además, reconoce que uno de los retos es el establecimiento de una ley de protección de derechos de la niñez y adolescencia, así como mejorar la manera de abordar institucionalmente la violencia contra niñas.

La protección de los Derechos Humanos es un pendiente. Mientras las palabras no se traduzcan en acciones concretas, en Chile muchas niñas siguen en peligro.

 

REFERENCIA CURRICULAR

Mariana Winocur es Comunicadora, Periodista y Consultora en comunicación y género. En México fue Coordinadora de Comunicación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Responsable de Comunicación de ONU Mujeres-México. Es periodista free lance y ha publicado en medios argentinos y mexicanos.

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