Cecilia Rocha                     Erika Busse

Uruguay destaca en Latinoamérica por sus avances en derechos de las mujeres. En el siglo XXI, fue uno de los primeros países en sancionar una ley contra la violencia doméstica y el primero en aprobar la interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional

Uruguay destaca en Latinoamérica por sus avances en derechos de las mujeres. En el siglo XXI, fue uno de los primeros países en sancionar una ley contra la violencia doméstica (VD, 2002), y el primero en aprobar la interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional (IVE, 2012). Sin embargo, estos desarrollos no se traducen de forma lineal en la realidad de las mujeres. Por ejemplo, aunque la IVE disminuyó la mortalidad materna por abortos inseguros (Briozzo et al 2016), el acceso a los servicios resulta desigual para las mujeres que viven en ciudades pequeñas y zonas rurales (MYSU 2020) y las usuarias lidian con el estigma en distintas fases del proceso (Cárdenas et al 2017). Del mismo modo, la normativa de VD carece de recursos para su implementación y las tasas de violencia doméstica por parte de la pareja en Uruguay permanece como una de las más prominentes de la región (Resultados de la Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones, Uruguay 2019). Una vez conseguidas reformas políticas progresistas de VD e IVE [2], nos interesa entender los efectos en la vida de las mujeres que tiene el resultante entramado de normativas, servicios, políticas y prácticas que conviven con sus luces y sombras [3]. Aplicamos el marco de Justicia Reproductiva para argumentar que los regímenes de políticas en torno a VD e IVE refuerzan y reproducen el continuo control del cuerpo de las mujeres y así no consiguen atacar de raíz la desigualdad de género que los subyacen, por lo que los avances normativos en la materia terminan representando más una “modernización del paternalismo” (Ehrick 2005), en términos de sus efectos en las biografías de las mujeres, que la realización de una “utopía feminista”.

El marco de Justicia Reproductiva. Para desempacar este enigma proponemos aplicar un enfoque poco usado en Latinoamérica: el marco de Justicia Reproductiva (Ross 2017). En primer lugar, esta perspectiva aboga por comprender las políticas en su conjunto captando tres dimensiones interrelacionadas: a) el poder de las mujeres de decidir sobre el propio cuerpo, decidir cuándo tener o no descendencia; b) poder tener hijos/hijas, tener las condiciones para llevar a cabo la decisión; c) poder cuidar a tuscriaturas, ejercer la maternidad. Ello conduce a abordar asuntos como el aborto, la violencia doméstica, el acceso a métodos anticonceptivos o las licencias por maternidad y paternidad, en forma conjunta y nos instó a comparar dos temas que aún no se estudiaron en conjunto para Uruguay. Abordar en conjunto el caso de la IVE y la VD creemos que es fundamental para conseguir entender cómo las fallas en unas oscurecen las potencialidades de otras, y que el régimen de políticas asociadas a justicia reproductiva debe funcionar con una lógica integral entendiendo en conjunto los distintas dimensiones que la componen, por la simple razón que dichas políticas no operan por separado en la vida de las personas (Smith 2005). Así, podemos tener un avance inédito en el país en aborto pero si las tasas de VD son de las peores del continente, tampoco está asegurado el primer derecho. Por ejemplo, la investigación de Bucheli y Rossi (2017) halla que la fuerte identificación de una mujer como madre aumenta la tolerancia que puede tener ella hacia la violencia doméstica ejercida por la pareja. En segundo lugar, este marco analítico insta a incorporar una mirada interseccional, la que implica identificar cómo las políticas presumen y refuerzan diferencias entre las mujeres, y por tanto tienen implicancias desiguales para las experiencias reproductivas de las personas, por ejemplo, según nivel socioeconómico, lugar de residencia o ascendencia étnico-racial.

Desenredemos la madeja. Uruguay, tanto dentro como fuera, se presenta como un país con un sistema democrático sólido e igualitario en lo social. Para el caso de las mujeres, en las últimas décadas se aprobaron e implementaron un conjunto de respuestas estatales, que llamaremos régimen de políticas (incluyendo dispositivos tales como leyes, reglamentaciones y servicios de atención), que buscaron atender y plasmar las demandas del feminismo en materia de IVE y VD. Gracias a estos instrumentos las mujeres pueden acceder a servicios públicos de interrupción de embarazo y de atención cuando afrontan situaciones de violencia doméstica. En este sentido, el país sin dudas presenta un panorama más alentador que el que presentaba en otra época y que el que ostentan hoy otros países de la región. Sin embargo, Uruguay está aún lejos de colmar la expectativa de transformación a la que aspira el movimiento feminista, ya que el conjunto de dispositivos instalado resulta todavía insuficiente para subvertir la desigualdad de género que subyace a estos asuntos y tiene impactos diferenciales y a destiempo en la vida de las mujeres.

En base a la literatura existente y el marco analítico de Justicia Reproductiva, nos interesa comprender estos efectos del régimen de políticas en torno a IVE y VD en la biografía de las mujeres. Identificamos que un aspecto clave para entender estas falencias y limitaciones es que refuerzan, en distintos niveles y a través de distintos mecanismos, una visión de las mujeres como sujetos débiles y vulnerables, así como una imagen tradicional de las mujeres como madres.

Mujeres como sujetos débiles. Las leyes, políticas y servicios de IVE y VD refuerzan una noción de las mujeres como vulnerables, dependientes de la protección ajena e incluso inferiores en tanto incapaces de tomar decisiones por sí mismas sobre sus biografías. 

Las investigaciones sobre las narrativas que circulan entre actores del sistema político, personal técnico y experto, operadores legales y personal sanitario, que participan del régimen de respuestas estatales en torno a VD, evidencian que se reproduce la noción de las mujeres como víctimas (Herrera 2017) y son desplazadas del dominio de los agresores al dominio estatal, lo que lleva a recrear los ciclos de dependencia (Bloom 2018). Bloom (2018) muestra también que las respuestas estatales están más enfocadas en proteger a la víctima que penalizar a los agresores, y en atender el problema como una emergencia, antes que en transformar los comportamientos y pautas culturales en que se basa el ejercicio de la agresión. Así, en lugar de subvertir el problema de desigualdad de género que se ubica en la raíz del problema de la violencia doméstica, refuerzan las nociones que sustentan el sistema patriarcal. 

Para el caso de IVE, los dispositivos también presumen la necesidad de tutelaje de las mujeres cuando dictamina que antes de tomar decisiones reproductivas sobre sus cuerpos y vidas: deben consultar con un conjunto de técnicos y les exige luego pasar un tiempo para reflexionar sobre cómo tomarán esa decisión antes de confirmar su voluntad de transitar el procedimiento -presumiendo que las mujeres no hacen esta reflexión por sí solas-, al tiempo que se ofrece como única vía de acceso legal al procedimiento la que brinda la institucionalidad médica y estatal. De esta forma, las respuestas gubernamentales pos-IVE que se ofrecen a las mujeres mantienen y refuerzan la falta de autonomía, la idea de que las mujeres deben ser tuteladas en sus decisiones y cuidadas a la hora de tomar e implementar decisiones reproductivas, lo que las demandas feministas por el aborto legal buscaban transformar.  

Ser mujer, ser madre. Ambos regímenes de políticas (VD e IVE) refuerzan una visión hegemónica de las mujeres como madres. Dichos marcos robustecen presunciones respecto qué tipo de mujeres y bajo qué condiciones son “merecedoras” de acceder a ciertos derechos y a tomar decisiones reproductivas sobre sus cuerpos. Por ejemplo, la investigación de Cárdenas et al (2017) encuentra narrativas circulantes entre las usuarias de los servicios de IVE respecto a qué significa ser o no “buena mujer”, “buena madre”, y quién tiene derecho a decidir legítimamente o no ser madre. Bloom (2018) identifica lo mismo en relación a los servicios de violencia doméstica, caracterizándose quiénes son vistas desde el paradigma de política imperante como mujeres dignas de ser tratadas o no como “buenas víctimas.” Así, las políticas, legislaciones y servicios, tanto de IVE como de VD, en Uruguay vemos que operan como dispositivos de moralización de las mujeres, por un lado, y de producción y reproducción de jerarquías entre distintos sectores de mujeres, por otro.

Desentrañando la excepcionalidad uruguaya. Nuestra agenda de investigación.

Argumentamos que los regímenes de políticas en torno a VD e IVE en Uruguay, considerados de avanzada en la región, están anclados y reproducen la visión de mujeres como sujetos vulnerables y como madres –tanto en su diseño como en su implementación-. Por tanto, en vez de subvertir el paternalismo, lo actualizan o modernizan (Ehrick 2005), pero lo mantienen como eje vertebral de las respuestas estatales a ambos fenómenos y como resultado, resultan insuficientes como soluciones a la desigualdad de género que los subyacen. Esto significa que en ninguno de estos dos casos las mujeres uruguayas pueden operar realmente como sujetos políticos, como ciudadanas que logran emanciparse para tomar decisiones sobre ellas mismas y sobre sus cuerpos y, en este sentido, su situación no se aleja demasiado de la que viven otras latinoamericanas.

Sin embargo, entendemos que a diferencia de lo que sucede en otros países, donde los límites en los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos responden a la presencia e influencia de la Iglesia Católica y Evangélica (Boyle, Kim and Longhofer 2009), la particularidad en Uruguay, un país conocido por su secularismo, es que el factor central en ese paternalismo está en la matriz regulatoria que se teje desde el Estado sobre los cuerpos de las mujeres. El peso del Estado a nivel económico, simbólico y territorial, en Uruguay es muy importante, y lo que el Estado “hace”, las distintas “caras” que le muestra a las mujeres, tiene una dimensión performativa sobre las normas sociales, las biografías y los cuerpos. Nuestra investigación buscará desentrañar cómo es que desde el Estado se instalan y ponen en marcha dispositivos de respuesta que plantean contradicciones y destiempos entre sí -de avanzada en algunas dimensiones, pero simultáneamente reproductoras de lógicas de protección masculina y paternalistas- y cómo redundan en efectos diferenciales en la vida de distintos grupos de mujeres.   

NOTAS

[1] Ambas autoras contribuyeron por igual a la elaboración del artículo.

[2] Los factores conducentes a las reformas han sido suficientemente estudiados (por ejemplo, véase Pérez Betancur 2019, Fernández Anderson 2017), pero sabemos poco sobre qué sucede luego de las reformas.

[3] Reconocemos que las leyes no necesariamente modifican o son espejo de la realidad, sino que ambas dimensiones pueden sufrir destiempos entre sí, y con frecuencia las normativas jurídicas tienen una dimensión performativa sobre la vida social. Lo que nos interesa es ver precisamente los efectos de dichos desajustes, cómo los viven las mujeres. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bloom, Allison (2018). “A New “Shield of the Weak”: Continued Paternalism of Domestic Violence Services in Uruguay”, Violence Against Women, 24(16): 1949–1966.

Boyle, Elizabeth H., Kim, Minzee and Longhofer, Wesley (2015). Abortion Liberalization in World Society, 1960–2009. American Journal of Sociology 121 (3), 882–913.

Briozzo, Leonel; Rodolfo Gómez Ponce de León, Giselle Tomasso, Anibal Faúndes (2016). “Overall and abortion-related maternal mortality rates in Uruguay over the past 25 years and their association with policies and actions aimed at protecting women’s rights”, International Journal of Gynecology and Obstetrics, 134: S20–S23.

Bucheli, Marisa y Máximo Rossi (2017). “Attitudes Toward Partner Violence and Gender Roles in Uruguayan Women”, Journal of Interpersonal Violence, 32(23): 3693–3705

Cárdenas, Roosbelinda; Ana Labandera, Sarah E. Baum, Fernanda Chiribao, Ivana Leus, Silvia Avondet, y Jennifer Friedman (2017). “It’s something that marks you”: Abortion stigma after decriminalization in Uruguay” Reproductive Health, 15(150): 1-11.

Ehrick, Christine (2005). The shield of the weak: Feminism and the state in Uruguay, 1903-1933. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Fernández Anderson, Cora (2017) “Decriminalizing Abortion in Uruguay: Women’s Movements, Secularism, and Political Allies.” Journal of Women, Politics & Policy 38 (2): 221–46.

Herrera, Teresa (2017). “The Pragmatics of Domestic Violence Discourse in Uruguay”. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/2158244016685372MYSU 2020

Pérez Bentancur, Verónica. 2019. “La política del aborto legal en América Latina.” Tesis doctoral, Universidad Torcuato Di Tella.

Ross, Loretta J. (2017).  “Reproductive Justice as Intersectional Feminist Activism”, Souls, 19(3): 286-314.

Smith, Andrea (2005). “Beyond Pro-Choice versus Pro-Life: Women of Color and Reproductive Justice”, NWSA Journal, 17(1):119-140.

REFERENCIAS CURRICULARES

Cecilia Rocha-Carpiuc es docente en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República (Uruguay). Estudia temas de políticas públicas y economía política, con foco en múltiples desigualdades y diversidad social. Su principal línea de investigación se centra en acción colectiva y trabajo doméstico en América Latina. También escribe sobre la Ciencia Política como disciplina y la inclusión de género en la academia. Una de sus publicaciones recientes es:  «The Postreform Stage: Understanding Backlash against Sexual Policies in Latin America» (Politics & Gender, 2020)

Erika Busse-Cárdenas es profesora en el departamento de Sociología y Estudios Latinoamericanos de Macalester College (St. Paul, Minnesota, USA).  Especialista en maternidad y género, familia, migración y etnicidad. Como socióloga y activista feminista, realiza investigaciones sobre parejas binacionales en EE.UU. y Bélgica, y estudios sobre ser madre (o no) en situaciones de marginación, por deportación, pobreza o discriminación racial.  Ha publicado en revistas como Latino Studies, Ethnic and Racial Studies.

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