Soledad Murillo

Me resulta preocupante que en un escenario intelectual donde conceptos como “buen gobierno” o “calidad democrática” provocan solventes estudios y son parte esencial de las demandas ciudadanas, las Administraciones Públicas, lejos de abordar cambios en esa dirección, insistan en mantener formas de actuación que distan mucho de alcanzar una administración transparente y participativa

A modo de presentación, he de decir que mi breve reflexión se nutre de mi reciente experiencia como concejala de la oposición en el Ayuntamiento de Salamanca, lo que implica una vivencia sobre el funcionamiento interno de la Administración Local, pero también he tenido la oportunidad de compararla con mi anterior cargo en el Gobierno Central durante la octava legislatura. Me resulta preocupante que en un escenario intelectual donde conceptos como “buen gobierno” o “calidad democrática” provocan solventes estudios y son parte esencial de las demandas ciudadanas, las Administraciones Públicas, lejos de abordar cambios en esa dirección, insistan en mantener formas de actuación que distan mucho de alcanzar una administración transparente y participativa. De hecho, ni siquiera a escala nacional cuando se ha manifestado la futura reforma de la Constitución, la igualdad o el mundo de la vida han sido mencionadas por parte de los discursos políticos más influyentes.

1. La igualdad y la familia: un matrimonio indisoluble

La indisolubilidad es una propiedad esencial del matrimonio que, una vez contraído, mantiene un carácter de perpetuidad. Una metáfora que revela como una inmensa mayoría de las concejalías que incluyen la igualdad comparten competencias con el área de la familia, como si una de ellas no pudiera ejercerse, ni entenderse políticamente, sin la otra. Esta lógica de mutua dependencia es mucho más que un criterio técnico administrativo, es la creación y refuerzo de significados que vinculan familia e Igualdad. Y si tenemos en cuenta que la igualdad no se concibe, salvo para las expertas en feminismo, como un requisito de interacción en derechos y obligaciones entre individuos, tanto en la esfera pública como privada, sino como un asunto estrictamente de mujeres y, por lo tanto, la Administración Local deberá ocuparse de aquellos temas que solo a ellas les conciernen. Pero al tomar a las mujeres como un colectivo se particulariza la acción pública y se convierte en un asunto específico, deja de ser interés general y se reduce a programas, o planes que traten los problemas de un colectivo, título honorífico que reciben las mujeres en su conjunto, a pesar del censo de población 51% (datos INE, consultados diciembre 2014).

Este significado convierte la división sexual del trabajo en algo inevitable a juzgar por las acciones públicas que actúan más desde la exclusión que desde las políticas activas y, por supuesto, que siempre asimilan familia a igualdad. Sin embargo, las competencias de familia deberían inscribirse en el área de Bienestar Social, que es la encargada de financiar los servicios públicos de cuidado y atención a personas dependientes, además de reforzar su gestión con profesionales competentes, en permanente formación sobre las nuevas necesidades: desahucios, pobreza energética, soledad y vejez, entre muchas otras.

No es este el punto de partida de las Administraciones Públicas: Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas no lo diferencian. Y si a esto sumamos que los presupuestos municipales optan de manera preferente por los proyectos que demandan las concejalías de urbanismo, es decir, por invertir en obra pública, las ayudas a la familia se quedan con los residuos de los capítulos contables. La forma de compensar su cicatería en el gasto público queda reparada a través de multitud de actos conmemorativos, por ejemplo premios simbólicos y no monetarios. O recurriendo a ceremonias tan baratas como visibles: las velas encendidas y las condenas el 25 de noviembre, día contra la violencia de género, son gestos totalmente compatibles con delegar en las Asociaciones de Mujeres esta compleja y delicada materia a través de subvenciones miserables. O expresar las condolencias mientras que se carece de pisos de emergencia, o de una coordinación estable entre la policía local, las trabajadoras sociales de los centros de salud y entre jueces y fiscales. Objetivo que, por otra parte, fue el que originó las unidades de violencia en las Subdelegaciones de Gobierno. Porque dado su carácter provincial aseguraría tener no solo resultados, sino una sólida plataforma de prevención. Pero ¿cuál es el papel del Ayuntamiento en esta red de responsables públicos? Lamentablemente su participación en las unidades es excepcional, como excepcional es que estas unidades funcionen. Una prueba más que la igualdad, como antídoto de la violencia, no constituye una prioridad en los ámbitos de las Administraciones.

La igualdad es un principio económico, dice Lourdes Benería, pero este principio fracasa en la Administración Pública más interesada en macro proyectos. Por ello, resulta cada vez más urgente realizar evaluaciones (Rubio Castro: 2013) desde la perspectiva de cómo afecta a las mujeres que no se perciba la transversalidad como un principio de eficiencia. Pondré un ejemplo: si cualquier concejalía de transportes no medita sobre bonos, trayectos, intervalos de espera o la ubicación de las paradas, sin consultar a las mujeres, es una falta de eficiencia. Y no consultarlas no como un detalle de buen gusto, además de posar la para la prensa, sino que al ser las depositarias del cuidado, infancia, personas con alguna dependencia o mayores, ellas son las verdaderas expertas en planificación del transporte urbano.

Además, no ocuparse del Bienestar Social supone un severo incremento de la carga de trabajo sobre la red de mujeres de la esfera familiar: tías, abuelas, hermanas, hasta cuñadas y nueras se esmeran en el trabajo de cuidado, es un mandato de género universal cuyo ejercicio no goza de recompensas ni reconocimiento, pero sirve muy bien para exonerar a las Administraciones Públicas de cumplir con sus obligaciones.

La igualdad, como el Bienestar Social, es la cenicienta de los presupuestos. No olvidemos que, según datos del 2014, mientras que la UE destina para Bienestar Social una media de un 2,3% del PIB, España dedica sólo un 1,4%, ocupando el puesto 22 de los 28 estados miembros. La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 27/2013, no ha tenido ninguna duda en inhabilitar competencias propias de Bienestar Social o Igualdad en aquellos Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son 6.000 municipios en España. El afán de la Ley se basaba en no duplicar servicios, pero ¿cómo se duplica lo que apenas tiene recursos, o bien supone el mínimo gasto de sus respectivos presupuestos? La respuesta es más simple: las mujeres carecen de redes de presión política, en cambio mantienen viva su red de cuidado. De este modo, la impunidad está servida.

2. Estrategias de confusión

Todos los Ayuntamientos son camaleónicos, camuflan su gasto con tanta habilidad como mimetizan sus agendas coincidiendo con el color de sus respectivos partidos políticos. Acceder a sus partidas presupuestarias es muy difícil. Tomemos un ejemplo: ¿cómo podríamos conocer qué porcentaje del presupuesto municipal recae en competencias de Igualdad? ¿Cuántas webs de Ayuntamientos visibilizan sus partidas de gasto desagregados por capítulos? Como mucho encontraremos Planes de Igualdad, pero sin saber de sus resultados en la aplicación de sus medidas. Pero todo vale para esquivar un serio compromiso político. Es más, lo habitual es camuflar sus presupuestos. Por ejemplo, es una práctica común asimilar el gasto social al gasto de Bienestar Social, cuando en el capítulo «gasto social» se incluyen las retribuciones del personal del Ayuntamiento, mantenimiento de jardines, Policía local, basuras, para de esta manera poder mostrar los porcentajes inflados. Deben creer que la ciudadanía con escuchar “social” ya lo identifica, sin representar las mismas competencias y mucho menos la misma voluntad política de gasto. No en vano, las redes clientelares no están en las personas desfavorecidas, ni en las asociaciones de ayuda mutua, ni en las de economía social. Ellas son, como el presupuesto destinado a sus necesidades, la periferia de las Administraciones Locales. Pero, mientras, basta con hacer pública la declaración de la renta de los miembros de la corporación cada año, bajo la justificación de la transparencia (Nonell:2006). Mientras, las comisiones de contratación y las concejalías de hacienda se quedan con todo el pastel: la distribución de beneficios, los presupuestos y la concurrencia de las empresa, curiosamente las más cercanas a la ideología política del equipo municipal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benería Lourdes (1999): “Mercados Globales, Género y el Hombre de Davos”. Revista La Ventana. Nº 10. Págs 7-42.

Nonell, Rosa (2006): Transparencia y Buen Gobierno. La Rendición de Cuentas en una sociedad avanzada. Icaria. Barcelona.

Rubio, Ana (2013): La Innovación en la medición de la desigualdad. Dytkinson S.L. Madrid.

REFERENCIA CURRICULAR

Soledad Murillo de la Vega, desde enero de 2008 hasta 2012, formó parte del comité CEDAW (Comité Antidiscriminación de la Mujer, de Naciones Unidas fundado en 1975) con sede en Ginebra y Nueva York. Asesora a los distintos gobiernos comunitarios en igualdad de oportunidades desde la óptica de la efectividad y el talento. Ha ocupado el primer cargo político en materia de igualdad en la octava legislatura (2004-2008) como Secretaria de Estado de Políticas de Igualdad, participando activamente en la Ley contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres. Además, es Profesora de Sociología y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca desde 1993, anteriormente trabajó en empresas privadas y públicas, como el Ministerio de Trabajo y el Instituto de la Mujer. Profesora de distintos Masters sobre técnicas de investigación y Derechos Humanos, especialmente en lo referente a la discriminación con respecto a las mujeres, así como aquellas mujeres con alguna discapacidad, o en otros casos donde ellas hayan visto vulnerado su derecho a la igualdad de trato. Especialmente interesada en el uso del tiempo y su distribución entre mujeres y hombres.

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