Revista con la A

25 de noviembre de 2019
Número coordinado por:
Anastasia Téllez
66

Violencia de Género Institucional

Poder y consumo de cuerpos de mujeres: la intolerable misoginia de los “respetados” señores de la autoridad pública

majesusnavarro

María Jesús Navarro Ríos

¿Qué pasa cuando los poderosos pertenecientes a las instituciones son los que violan menores y consumen prostitución, cuerpos de mujeres víctimas de trata y además lo pagan con dinero público?

La ciudadanía está lamentablemente acostumbrada a levantarse, día sí y día también, con los medios de comunicación anunciando casos de corrupción política, no importa el color de las siglas. Se habla de sobres, de paraísos fiscales, de malversaciones, de prevaricación, de todo tipo de delitos provocados por la baja o nula moralidad de quienes son puestos por el pueblo en lugares de poder y que deberían trabajar al servicio del bienestar ciudadano. Y orbitando sobre dichos delitos, es común que, en los procesos de investigación que se llevan a cabo para combatir la trama de corruptos, se descubra la forma con la que este especial macabro “club” de parásitos del sistema celebran sus brillantes golpes de asalto a las arcas públicas, a base de fiestas en las que los cuerpos de mujeres y niñas en situación de prostitución son la mercancía estrella a consumir. Pero en esto no solemos detenernos, y no lo hacemos porque no es percibido como algo digno de merecer la indignación y el rechazo social y, lo que es peor, se justifica y normaliza como conducta aceptable y comprensible.

Así nos lo señala la periodista de tribunales Loreto Ochando [1] en su artículo publicado en abril de 2018 “Dentro de la corrupción valenciana, prostitución, corruptos y políticos”, en el que nos expone cómo esta circunstancia puede considerarse un común denominador allá donde la corrupción aflore, sean cuales sean sus particularidades y sus niveles de gravedad. En dicho artículo nos relata conocidos casos ya juzgados y mediáticamente atendidos, en los que en escuchas telefónicas, fruto de las investigaciones policiales, se descubre a políticos que, si bien en sus intervenciones públicas en medios de comunicación acostumbran a hacer uso de un lenguaje, nunca mejor dicho, “políticamente correcto”, en privado abandonan todo pudor al referirse a las mujeres que esperan encontrar en las celebraciones de turno, con términos cargados de auténtico desprecio y misoginia. Y para muestra un botón, la citada periodista nos relata en el caso de la trama “Gürtel” cómo su cabecilla, el empresario Francisco Correa, es pillado en conversación telefónica hablando de una fiesta en casa del alcalde de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, en la que dice: “Bernabé nos dijo que nos iba a montar una de puta madre con tías en su pueblo. Fuimos a cenar y cuando me quise dar cuenta había cinco tías impresionantes”, y añade que, en aquella orgía, estuvo una chica de “25 añitos, muy discreta, educada, calladita”, al parecer de Europa del Este, y que otro de los imputados en el caso, Jacobo Gordón, “se llevó una tía guapísima a la habitación. Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía”.  

Ante esta información, el alcalde de La Nucía, se vio obligado a ofrecer explicaciones desvinculándose de la sospecha de pertenecer a la trama de corrupción, pero nadie consideró necesario exigir responsabilidades y expresar rechazo a este político, frente al hecho de organizar fiestas con prostitutas para empresarios corruptos. Es más, lejos de la censura pública, en la actualidad dicho alcalde disfruta de su sexta legislatura al frente del consistorio y, para más inri, ganada con mayoría absoluta.

Y la pregunta es: ¿hasta qué punto la ciudadanía ha normalizado que la cosificación de las mujeres sea algo aceptable entre los hombres en general y sus dirigentes en particular, que no castiga en los resultados electorales actos tan machistas y denigrantes como el consumo de prostitución? ¿Es esto tolerable en una sociedad que aspira a avanzar hacia la justicia social y la igualdad? ¿Cómo reaccionan los compañeros y compañeras de partido que no participan ni comparten dicha praxis? ¿Sólo encuentran en el silencio y el dejar hacer la única forma de luchar contra estos hechos?

Debería hacernos reflexionar la permisividad a la hora de juzgar la violencia de género que conlleva el uso de prostitución como medida habitual para cerrar pactos y negocios, y la tibieza con que es aceptada esta realidad; y deberíamos cuestionarnos si este hecho no es un indicador de que todavía falta mucho por hacer para alcanzar un mundo en el que la consideración, el respeto y el cuidado mutuo entre hombres y mujeres constituya una realidad.

Y es que todavía existe una muy diferente vara de medir por parte de la sociedad a la hora de juzgar comportamientos sexuales según quien los protagonice sean mujeres u hombres. Hace unos meses, Verónica [2], una trabajadora de una empresa de automoción madrileña, acababa con su vida al no poder soportar la presión a la que la sometió su entorno al difundirse, entre la plantilla de trabajadores de su empresa, un vídeo privado de componente sexual. Cuando una mujer es expuesta mostrando una actitud sexual es sometida a vejación y escarnio público, siendo juzgada y cargada de culpa no solamente por los y las compañeras de trabajo sino por el propio entorno familiar hasta el punto de poder llevarla, como fue el caso, a no soportar psicológicamente la presión y acabar con el más trágico de los resultados: el suicidio. ¿Cómo puede censurarse semejante hecho arrojando la carga de una culpa que no existe a quien tan sólo es víctima de no haber sido respetada su intimidad?

Sin embargo, si analizamos casos como el acaecido en el ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba), el panorama es bien distinto y sorprendente su resultado. En dicho ayuntamiento, el inspector jefe de policía local, Lorenzo Humánez Aguilar, es sentado en el banquillo de los acusados [3] y a pesar de ser reconocido en sentencia firme, como hechos probados, que dicho personaje público había tenido relaciones sexuales previo pago con una menor víctima de una red de trata, utilizando su placa de policía para eludir los controles de registro en el hotel donde perpetraba el abuso sexual, asistimos con sorpresa que, pese a dichos hechos probados, es absuelto judicialmente. Y es más, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales Sánchez al ser entrevistado en el programa Espejo Público [4], provocaba la indignación de la periodista Susana Griso, ante el hecho de manifestar la decisión de no apartar de sus funciones al inspector de policía, como medida cautelar durante el desarrollo del juicio, permitiendo seguir ejerciendo su cargo público pese a la gravedad de las acusaciones.

Y es que nos encontramos con que asuntos de abuso sexual tan censurables como el relatado, lejos de ser reprochados por cargos públicos con poder para hacerlo, son justificados y banalizados sin provocar ninguna carga de responsabilidad sobre el protagonista de los mismos. Curiosa diferente forma de ser abordada socialmente situaciones como las expuestas cuando la protagonista es una mujer o un hombre, juzgando en el caso de la mujer que ésta debería sentir vergüenza, y en el caso del hombre favorecer una actitud ufana reforzadora de su autoestima, a pesar de la gravedad de sus actos, que debería hacernos pensar y reflexionar al respecto.

Esta resolución absolutoria no hubiera sido posible, dicho sea de paso, si en nuestro ordenamiento jurídico una ley integral contra la trata contemplara como delito, como ocurre en otros países europeos, la simple demanda de prostitución.

Mucho tendrán que reflexionar las mujeres que ostentan cargos públicos con poder y responsabilidad, así como el feminismo institucional, si no comprenden que, ante estos hechos tan lamentables, los valores y el honor han de estar por encima de las ideologías o que, incluso precisamente por ellas, deberían perseguir y censurar con mayor contundencia comportamientos de compañeros de partido como los expuestos si de verdad se sienten dignas de ser reconocidas como verdaderas feministas. Flaco favor, otorgarán al feminismo si, ante el conocimiento de actos tan inadmisibles de desigualdad y de desprecio a la mujer por parte de sus compañeros de profesión, tan sólo el silencio acaba siendo su única respuesta.

NOTAS

[1] Ochando, Loreto (2018), “Dentro de la corrupción valenciana: prostitución, corruptos y políticos”.  En https://www.elplural.com/politica/dentro-de-la-corrupcion-valenciana-prostitucion-corruptos-y-politicos_127069102

[2] https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/madre-suicida-madrid-difundirse-antiguo-video-sexual-suyo-trabajo_201905285ced13fb0cf21b72629c0631.html

[3] http://pontaneando.blogspot.com/2016/05/el-jefe-de-la-policia-de-puente-genil.html

[4] https://www.youtube.com/watch?v=PaGBvB69fqs&list=UUmLEmWwoC-KXdYMuMjWTT6A&index=10

 

REFERENCIA CURRICULAR

María Jesús Navarro Ríos es Doctora Ingeniera Agrónoma, máster de igualdad de género en el ámbito público y privado por la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) y la Universidad Miguel Hernández (UMH). Docente en la línea de violencia de género en el citado máster, es además profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde el año 2000. Dirige el Observatorio de la Trata de la UMH y desde hace más de cinco años trabaja en tareas de sensibilización a través de investigaciones y organización de jornadas, congresos, eventos y talleres relacionados con la erradicación de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Representante designada por la UMH en la mesa de trabajo provincial Alicante Trata 0. Pertenece al Grupo de Investigación ECULGE de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

https://mjnavarro.edu.umh.es/

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