Adriana Patlán

En México hemos tenido uno de los avances más importantes en temas de derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe: la despenalización hasta la semana 12 del aborto tanto en la Ciudad de México como recientemente en Oaxaca

En México hemos tenido uno de los avances más importantes en temas de derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe: la despenalización hasta la semana 12 del aborto tanto en la Ciudad de México como recientemente en Oaxaca, uno de los estados con más altos índices de marginación en distintos temas como educación, vivienda y salud; y donde ahora el gran reto es la implementación de este derecho. Es importante recordar que en todo el país el aborto por violación es legal, como se encuentra establecido en los códigos penales y acompañado de la Norma Oficial Mexicana 046 “Criterios para la prevención y atención a la violencia familiar y sexual contra las mujeres” (NOM-046), que da ruta para llevar a cabo este procedimiento en los servicios de salud pública, sin denuncia.

Aun con esto avances, existen diversos pendientes respecto a este tema.

Los principales perpetradores de la violencia sexual contra las niñas son hombres cercanos a las niñas

El principal, desde mi punto de vista, es la violencia sexual cometida contra las niñas que, como hemos insistido las feministas desde hace algunos años, deben prevenirse y atenderse, ya que los principales perpetradores de este delito son hombres cercanos a las niñas, como lo ha demostrado la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) [1]. Según sus resultados, de estos abusos el 20,1% son cometidos por tíos, 15,7% por primos, 8.5% hermanos, 6,4% otros familiares, 6,3% padrastros, 5,8% padres biológicos, 3,7% abuelos.

Muchos de estos casos terminan con embarazos no deseados, productos de estas violaciones, con lo cual entramos justamente a otro de los retos que implica atender las violencias y los derechos sexuales y reproductivos, ya que en estas situaciones se debe brindar a estas niñas información, como especifican documentos tales la Ley General de Víctimas (LGV), la Estrategia Nacional para prevenir el embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y la ya mencionada NOM-046, para que, si así lo deciden, puedan interrumpir el embarazo y no sean obligadas a ser madres, como hoy sucede, lo que les impide tener derecho a la educación, a mejores oportunidades y a una vida digna. Para las instituciones el reto es sobre todo cómo lograr que no regresen al lugar donde se cometen estos actos, es decir, a sus propios hogares.

Otro de los grandes pendientes para disminuir la violencia sexual contra las niñas y niños, así como el embarazo en adolescentes, es la prevención. Esto puede hacerse con herramientas como la educación sexual integral (ESI); sin embargo, en México existen grupos conservadores que, a través de distintos partidos políticos (como el Partido Encuentro Social (PES) de origen evangélico), han tratado de impedirla. Para ello, han recurrido a estrategias similares a las que ha impulsado la ultraderecha española, como es el pin parental, con el que se trata de impedir este derecho a la información que tienen niñas, niños y adolescentes, bajo el argumento de que “los padres deben manifestar su consentimiento por escrito sobre talleres o pláticas sobre temas como la educación sexual por considerarlos contenidos éticos y contenidos moralmente controvertidos”. Estas iniciativas han sido impulsadas en estados conservadores como Aguascalientes y Nuevo León. Aquí es importante mencionar que, de acuerdo a la Consulta Infantil y Juvenil 2018 en Aguascalientes, el embarazo en adolescentes es una de las principales razones de deserción de las niñas en educación básica y Nuevo León ocupa el cuarto lugar en embarazo en adolescentes en todo el país.

El embarazo en adolescentes es una de las principales razones de deserción de las niñas en educación básica

Justamente, uno de los principales instrumentos que nos sirven para realizar acompañamientos en la Red por los derechos sexuales y reproductivos en México (ddeser) son las diferentes razones por las que las mujeres pueden abortar y que varían según el estado del país en el que vivan las mujeres. En todos, una de nuestras herramientas principales es la NOM-046 para realizar acompañamientos a los servicios públicos con el fin de que niñas, mujeres y adolescentes puedan acceder a este derecho. No obstante, éste también es un pendiente en estados como Guerrero, donde claramente la política pública ha puesto muchos obstáculos. En este momento, mediante reformas al código penal del estado, en vez de eliminar barreras para facilitar el acceso, se está tratando de limitar que principalmente las niñas puedan obtener una interrupción del embarazo, ya que se les solicita que acudan acompañadas de sus padres o tutores, cuando, como mencionamos antes, es ahí donde se centran las principales agresiones contra ellas. Diversas instituciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) [2], se han pronunciado contra estos retrocesos, a través de comunicados difundidos en sus redes sociales. En caso de que el dictamen de estas reformas se mantenga sin cambios, se estará cometiendo violencia institucional, sobre todo en la atención que deben recibir las niñas y adolescentes para atender esta problemática en México.

Tenemos grandes pendientes en cuanto a la atención de las violencias y los derechos sexuales y reproductivos, pero también oportunidades desde el activismo que realizamos cotidianamente diversas colectivas, organizaciones y activistas independientes. Nosotras seguimos insistiendo a las instituciones para que cumplan con sus obligaciones y nos seguimos manifestando; aún con la pandemia hemos tenido que salir, usar las redes sociales y recordarles que es un derecho de las niñas, adolescentes y mujeres, vivir sin violencias y defender nuestros derechos sexuales y reproductivos.

NOTAS

[1] INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Principales resultados. Consultado en:  https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

[2] Instituto Nacional de las Mujeres. (5 Nov, 2020). Comunicación del Inmujeres al presidente de la JUCOPO del Congreso del estado de Guerrero. https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/comunicacion-del-inmujeres-al-presidente-de-la-jucopo-del-congreso-del-estado-de-guerrero?idiom=es

REFERENCIA CURRICULAR

Adriana Patlán es abogada feminista, directora de la red por los derechos sexuales y reproductivos en México (ddeser), una red de activistas en 15 estados del país que hacen acompañamientos para el acceso al aborto legal y seguro. Consejera Social del Inmujeres y Consejera Consultiva de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo en temas de género. 

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