Lucy Polo

Lejos del rango de “derecho humano”, el derecho a la participación, es en realidad una utopía para muchos colectivos sociales, en especial en lo que respecta al 50% de la población mundial: el “colectivo” de mujeres

El derecho de cualquier persona a “participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegida en elecciones periódicas, justas y auténticas y tener acceso a la función pública, en el marco de procesos democráticos basados en el consentimiento del pueblo que garanticen su goce efectivo junto a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, cualquiera sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado” es reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ampliado en la Observación Nº 25 sobre Participación en los Asuntos Públicos y Derecho al Voto del Comité de Derechos Humanos.

No obstante, lejos del rango de “derecho humano”, el derecho a la participación, es en realidad una utopía para muchos colectivos sociales, en especial en lo que respecta al 50% de la población mundial: el “colectivo” de mujeres. El encorsetamiento de los roles de género y la división sexual del trabajo, principales pilares sustentadores del patriarcado contemporáneo, dificultan la presencia de la mujer como ciudadana activa, crítica y agente de cambio social y político al cargo de la toma de decisiones relevantes para nuestras comunidades, a la vez que limitan la conciliación de la vida social, familiar y laboral y el trabajo de cuidados con el activismo social y político.

La igualdad en la diversidad y la equidad de género se han convertido en un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos

Para hacer frente a las brechas de género en la participación social y política, organismos multilaterales como las Naciones Unidas [1] o la UNESCO han hecho hincapié en la importancia de garantizar el derecho a la igualdad y a la participación en la vida social, pública y política de las sociedades en todo el mundo. La igualdad en la diversidad y la equidad de género se han convertido, de esta forma, en un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas De discriminación contra la Mujer (CEDAW, sus siglas en inglés), así como un objetivo fundamental de la Agenda 2030.

Sin embargo, el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente, en especial para aquellos colectivos de mujeres susceptibles de sufrir mayores índices de violencia y exclusión social, como se trata de las mujeres inmigrantes. Concretamente, en el caso de las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular, las barreras burocráticas y administrativas derivadas de las leyes de extranjería son un gran factor de vulneración de sus derechos civiles y políticos fundamentales, más todas las limitaciones que, a priori, comporta su condición de mujer en una sociedad patriarcal.

Resulta fundamental reflexionar sobre la necesidad de garantizar el derecho al sufragio pasivo de las personas inmigrantes residentes de larga duración en España

Por una parte, esto nos lleva a plantear la importancia de que el Estado reconozca a las personas inmigradas que residen durante un tiempo determinado en una comunidad algo tan básico como el derecho de sufragio y otras formas de participación política, erradicando así el requisito de reciprocidad actualmente vigente y ampliando dicho derecho para las elecciones autonómicas y presidenciales. Asimismo, resulta también fundamental reflexionar sobre la necesidad de garantizar el derecho al sufragio pasivo de las personas inmigrantes residentes de larga duración en España, cuyo grado de integración sociocultural alcanzado en la sociedad de acogida les otorga las suficientes capacidades y nociones para poder formar parte de los poderes públicos.

De esta manera, la adhesión del Estado español a múltiples convenios internacionales, como el Convenio 87 de la OIT, en el que se protege la libertad de afiliación de todos y todas los trabajadores y trabajadoras y todos los Tratados de DDHH, derechos civiles y políticos, no se encuentran fundamentados en la práctica, a la vez que no se dispone de instrumentos legales y jurídicos que velen por su aplicabilidad. Desde los movimientos de mujeres, como la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, de la cual formamos parte desde la Asociación Por Ti Mujer, se reafirma el valor fundamental de los derechos civiles y políticos que deben ser garantizados sin discriminación alguna, en la medida en que los entendemos como derechos que forman parte de la dignidad humana, más allá de los Estados-nación.

Los derechos civiles y políticos deben ser garantizados sin discriminación alguna, en la medida en que los entendemos como derechos que forman parte de la dignidad humana, más allá de los Estados-nación

Esto nos lleva a tener que replantearnos lo que entendemos por derecho a la participación y a la igualdad más allá de los conceptos legislativos ya que, tal y como apunta Amelia Petit (2005) [2], lo interesante no es solamente intentar conceptualizar el término, sino más bien clarificar quién define qué es participación, quien propone analizar el concepto desde la propuesta teórica de Carlos Giménez (s.f., citado en Petit (2005) [3]:

Participar es estar presente en, ser parte de, ser tomado en cuenta por y para, involucrarse, intervenir en, etc. Participar es influir, responsabilizarse. La participación es un proceso que enlaza necesariamente a los sujetos y los grupos; la participación de alguien en algo, relaciona a ese uno con los otros también involucrados. Ser participante implica ser coagente, cooperante, coautor, corresponsable…

Participar es, pues, ir más allá y estar en plena conexión con las dinámicas sociales y culturales que se desarrollan en la comunidad en la que vives. Así, ante las limitaciones institucionales y de los instrumentos legislativos para garantizar el derecho a la participación de los colectivos sociales más vulnerables, la incidencia política y social ejercida por parte del tercer sector y el activismo feminista de base, de multitud de lideresas comunitarias inmigrantes, desempeña un papel fundamental a la hora de impulsar su conexión con los tejidos comunitarios y asociativos y las entidades gubernamentales.

Gracias a estas referencias femeninas en la participación, muchas mujeres se empoderan y se suman a la lucha de la defensa de los derechos humanos, a pesar del gran riesgo que ello tiene en muchos países del Sur global. Por este motivo, es importante visibilizar los liderazgos sociales y políticos femeninos para romper los roles de género en el imaginario colectivo y fomentar la presencia de mujeres inmigrantes en las instituciones gubernamentales y órganos parlamentarios de todos los niveles, así como en entidades del tercer sector y espacios asociativos desde donde generar incidencia social y política.

El activismo feminista intercultural e interseccional es una herramienta fundamental para fomentar la autonomía personal, económica y profesional de las mujeres inmigrantes

El activismo feminista intercultural e interseccional es, pues, una herramienta fundamental para fomentar la autonomía personal, económica y profesional de las mujeres inmigrantes y hacer efectivo su rol de ciudadanas como agentes de cambio a través de la fundamentación de sus derechos civiles y políticos. Así, las sociedades contemporáneas tenemos el reto de hacer del feminismo una nueva cultura ciudadana que, desde este enfoque, nos permita erradicar todas las violencias que nos atraviesan a las mujeres sólo por el hecho de serlo, junto a tantas otras que aumentan exponencialmente nuestro grado de vulnerabilidad psicosocial.

NOTAS

[1] ONU (2012). El derecho a la participación. Disponible en: https://acnudh.org/el-derecho-a-la-participacion/ [Consultado en ene 2021]

[2] Petit Pérez, A. (2005). La participación desde el enfoque de género. Universitat de València.

[3] Ibid.

REFERENCIA CURRICULAR

Lucy Polo es Licenciada en Psicología con Maestría en Psicología Infantil y Diplomada en Inmigración y Derecho por la Universidad de Valencia. Ha realizado numerosos estudios e investigaciones sobre la violencia de género, especialmente las violencias que sufren las mujeres inmigrantes. Lucy es fundadora de la Asociación Por Ti Mujer, donde compagina la presidencia con la dirección del Centro de atención integral a mujeres migrantes y víctimas de violencia de género, el cual presta un servicio de asesoramiento e intervención integral a nivel social, jurídico y psicológico mediante un equipo técnico interdisciplinar.

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