Paloma López

Abordo este artículo con cierta desazón, la que me provoca, año tras año, observar cómo las estadísticas sobre violencia de género y de mujeres asesinadas se incrementa de forma incesante

Abordo este artículo con cierta desazón, la que me provoca, año tras año, observar cómo las estadísticas sobre violencia de género y de mujeres asesinadas se incrementa de forma incesante.

Año tras año, en estas fechas, escribimos, nos movilizamos, visibilizamos, en resumen, aquello que comienza a instalarse como algo cotidiano con lo que convivir, como si fuera una cuestión numérica. Parece que la violencia de género y los asesinatos de mujeres hubieran adquirido un cierto aire de inevitabilidad, dejándolos reducidos a la esfera de lo privado.

Se obvian así, de forma consciente, las causas subyacentes de esta lacra: las relaciones asimétricas de poder y la desigualdad que conforman nuestro modelo de sociedad. Cuestiones que se han incrementado como efecto de las políticas económicas y antisociales adoptadas en este periodo de crisis.

El recorte en los recursos económicos, que lleva implícito menos servicios públicos y menos personal en todos los ámbitos de intervención, del social al jurídico; la menor formación especializada, menos planes de actuación -y así un largo etcétera-, son un claro reflejo de estas políticas que, como diría Elvira S. Llopis (tristemente fallecida), han contribuido a la devaluación de lo femenino. Pero, como añadía también, debemos ser beligerantes con esta situación.

El gobierno del PP, lejos de ser beligerante con la devaluación de lo femenino, ha contribuido a ello al acudir a la inacción como respuesta política. Y esto es precisamente lo que hay que revertir: es el momento de pasar a la acción.

Diferentes organizaciones políticas y sociales estamos reclamando un Pacto de Estado contra la violencia de género que cuente con el compromiso, la complicidad y la decisión de las administraciones, así como del conjunto de las fuerzas políticas y sociales

Por eso desde muy diferentes organizaciones políticas y sociales estamos reclamando un Pacto de Estado contra la violencia de género que cuente con el compromiso, la complicidad y la decisión de las administraciones, así como del conjunto de las fuerzas políticas y sociales, cuyas aportaciones concreten y amplíen las líneas prioritarias de actuación.

Un Pacto de Estado que establezca como prioridad política y social la erradicación de la violencia de género, que ha de ser combatida de manera continua y desde la raíz, contando con los recursos económicos necesarios.

Hay que fijar un programa ambicioso, que abarque desde las necesidades inmediatas -planes con medidas de acompañamiento, protección, prevención, inserción laboral…- sin desatender los objetivos a largo plazo. Que incorpore herramientas de información, sensibilización y formación a las y los profesionales -incluido el sistema jurídico y la policía-, y que incluya a las y los menores como víctimas directas de la violencia de género.

Debe garantizarse el acceso universal a los servicios esenciales y, por supuesto, diseñar las actuaciones para que se produzcan los cambios culturales y sociales necesarios a medio y largo plazo y que han de incluir, necesariamente, al ámbito laboral -planes de igualdad en las empresas que incluyan la lucha contra el acoso sexual- y una educación en todos los niveles de valores de igualdad.

En el caso de Europa, la violencia de género en todas sus facetas alcanza a más de nueve millones de mujeres, y estamos a la espera de que la Comisión presente su estrategia sobre políticas de género para los próximos tres años, la previsión es que se presente en el mes de diciembre.

De momento el programa DAPHNE sobre violencia de género, que entra dentro del Marco Multianual de derechos y ciudadanía, ha quedado diluido al incluirse otros aspectos y no solo los relativos a la violencia de género, nuestra preocupación, en palabras de Angela Vallina (Eurodiputada de IU-IP), «es que se le resta importancia y visibilidad a esta materia».

Junto con la iniciativa política y legislativa, hay que generalizar la movilización. «No podemos hacer dejación de nuestra responsabilidad ante comportamientos que alientan la violencia de género». Cada vez son más las personas expertas que sostienen que la condena social de la violencia es una de las medidas más eficaces para el aumento de las denuncias, y es esa batalla ideológica y cultural la que debemos emprender.

Por eso debemos dar por finalizado el tiempo de dar respuestas de carácter testimonial y discursos políticamente correctos pero huecos de contenido.

La gran manifestación del 7N debe marcar un antes y un después. Esta movilización intergeneracional ha de servir para incrementar la condena social hacia la violencia de género, pero también para evitar su progresiva invisibilización y cotidianidad y dar impulso a valores fuertes como el respeto desde la igualdad.

Está casi todo dicho y escrito, desde diferentes ámbitos, pero queda lo imprescindible: pasar de los discursos a los hechos y esto solo es posible si quien gobierna está totalmente comprometido con la igualdad.

REFERENCIA CURRICULAR

Paloma López Bermejo es Diputada en el Parlamento Europeo por Izquierda Plural. Además, es maestra y su actividad laboral es como educadora de disminuidos psíquicos, actividad de la que está en excelencia por cargo público. En la actualidad es diputada por Izquierda Unida (IU) en el Parlamento Europeo adscrita al grupo de la izquierda unitaria europea/izquierda verde nórdica (GUE/NGL). Comprometida con el mundo del trabajo, “especialmente en estos momentos en los que nadie habla del trabajo, solo a veces de empleo”, y con la igualdad como valor prioritario e irrenunciable para la izquierda.

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