Según la Ley 13/2010, de 9 de diciembre contra la Violencia de Género en Castilla y León, la violencia de género económica consiste en la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos necesarios para el bienestar físico o psicológico de las mujeres y personas dependientes de las mismas, así como la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito familiar o de pareja.

En España un 11,5% de mujeres han afirmado haber sufrido violencia económica en algún momento de su vida, según la Macroencuesta 2019 de Violencia contra la Mujer, publicada por el Ministerio de Igualdad. Dado el interés y preocupación de la fundación por este tipo de violencia, en el año 2020 publicamos nuestra Guía sobre violencia de género patrimonial y económica (https://isadoraduncan.es/guiaViolenciaEconomica.pdf). Además de plantear acciones de formación y una campaña de difusión para el año 2021 dentro del programa “Centro de prevención y protección a mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género”.

Esta violencia se manifiesta de diferentes maneras tanto a lo largo de una relación como cuando esta ha terminado. La violencia económica toma diferentes formas entre las que destacan: el control económico, la explotación económica y el sabotaje laboral. Pero lo que todas estas variantes tienen en común es que pretenden arrebatar la independencia y solvencia económica de las mujeres.

La persona que ejerce el abuso, realiza el control económico mediante la limitación y control de acceso de la mujer a los recursos económicos en el hogar durante la convivencia, o mediante los impagos después de la separación. La explotación económica implica dejar a la familia sin recursos e incluso endeudarles antes y después de la separación como por ejemplo no pagando la parte de hipoteca correspondiente. Por último, en el sabotaje laboral el abusador impide o dificulta que la mujer acceda a estudios o al mercado laboral y después de la separación crea situaciones que pongan en riesgo el puesto de trabajo, o que dificulten acudir al mismo.

Aunque cualquiera podemos sufrir este tipo de violencia, hay situaciones que implican mayor riesgo como la edad, la condición de discapacidad y/o dependencia, la condición de inmigrantes y el inicio de separación o divorcio de la pareja.

Para intentar prevenir estos abusos, debemos tener unos conocimientos básicos de economía doméstica, así como ser conscientes de los recursos disponibles. No firmar documentos que no estamos seguras de lo que son, así como estar enteradas de todas las decisiones relativas al hogar. Saber dónde se encuentran los documentos importantes del ámbito familiar y tenerlos a nuestra disposición, así como disponer y tener acceso a las cuentas bancarias.

Esta lacra está presente en nuestra sociedad, pero parece invisible. Se necesitan recursos legales para combatirla, pero también información para prevenirla.

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