Martha P Castañeda

En México, el ejercicio de las violencias contra las mujeres dentro de las universidades es tan antiguo como la propia incursión femenina en la institución universitaria

En México, el ejercicio de las violencias contra las mujeres dentro de las universidades es tan antiguo como la propia incursión femenina en la institución universitaria. Muchos son los relatos que han llegado hasta nuestros días de las formas de exclusión que vivieron las mujeres de reciente ingreso a la universidad entre finales del siglo XIX e inicios del XX, las contradicciones entre quienes lo hicieron contando con el apoyo familiar, en especial de sus padres, y quienes lograron a fuerza de empeño y perseverancia lograr un lugar en las aulas. También sabemos que muchas de las primeras universitarias tuvieron que conformarse con incursionar en las profesiones que se consideraban adecuadas para su condición de género, junto con la experiencia de quienes tuvieron que masculinizar su aspecto y su comportamiento para desempeñarse en profesiones “más científicas”. Las burlas, los piropos, las distintas formas de acoso y hostigamiento que vivieron muchas de ellas, así como las dificultades que enfrentaron para lograr reconocimiento han sido prácticas cotidianas desde entonces hasta nuestros días.

Esa experiencia histórica -como cualquier otra- no ha sido lineal ni puede generalizarse del todo. Sin duda, ha tenido momentos clave para que las mujeres vivan en la universidad de otra manera, como la combinación de su participación en las movilizaciones universitarias y populares de finales de la década de 1960 e inicios de la siguiente, de la cual hay muchas más referencias localizadas en lo que hoy día es la Ciudad de México, particularmente en lo que respecta a la UNAM y al Instituto Politécnico Nacional, sin que eso signifique que no haya habido situaciones similares en otras universidades de diversas entidades federativas, particularmente en aquéllas que apostaron por transformar la institución en una universidad democrática, crítica y popular, como ocurrió en las universidades de Sinaloa, Guerrero y Puebla.

Las autoridades universitarias han cometido numerosas omisiones en el reconocimiento, prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres en las instituciones que dirigen

La incorporación masiva de los grupos tradicionalmente excluidos de la educación superior en América Latina, durante las décadas de 1980 y 1990, significó una mayor presencia de las mujeres, tanto en el estudiantado como en las instancias docentes, de investigación y administrativas. Pero también trajo consigo la articulación de distintas formas de violencias de género contra las mujeres, derivadas de la discriminación por condición de clase, racial y étnica, como las más recurrentes. La creciente presencia de mujeres afrodescendientes, a su vez, ha venido acompañada de discriminaciones raciales a las que se han sumado las que viven mujeres lesbianas, mujeres trans y con otras identificaciones sexo-genéricas.

Como es bien sabido, las autoridades universitarias han cometido numerosas omisiones en el reconocimiento, prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres en las instituciones que dirigen. A la fecha, año 2021, es posible afirmar que se han visto obligadas a hacerse cargo de algunas implicaciones de esa situación debido, principalmente, a tres factores:

1. la obligatoriedad de hacerlo como parte de los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano frente a instancias internacionales, en particular a partir de la aprobación de la Plataforma de Acción derivada de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer llevada a cabo en Beijing en 1995, la cual incluye la construcción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, acompañada de la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra las primeras;
2. el cumplimiento de los ordenamientos señalados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada e implementada a partir de 2007, en la cual se prescribe, entre otras cosas, la obligatoriedad de que todas las instituciones educativas establezcan mecanismos internos, programas pedagógicos y programas institucionales que contribuyan a construir espacios libres de violencia para las mujeres de todas las edades y cualquier condición social;
3. las movilizaciones de las mujeres dentro de las universidades para denunciar las violencias de género, junto con la exigencia a las autoridades universitarias de soluciones eficaces, rápidas y no revictimizantes. Estas movilizaciones han tenido distintas protagonistas y temporalidades, pero sin duda se ha intensificado y hecho más visibles durante la última década.

El incremento cuantitativo y la agudización cualitativa del ejercicio de las violencias contra las mujeres en lo que va del siglo XXI se ha entrelazado con las violencias estructurales, a un punto tal que es difícil en términos analíticos distinguir, en algunos casos, dónde se diferencian unas de otras. Esto es más difícil aun para las mujeres que las viven cotidianamente, sobre todo cuando lo que vivimos es una profunda imbricación entre violencia social, violencia sexual y violencia feminicida.

En 2008, una estudiante de intercambio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez me comentaba la imposibilidad de salir y divertirse por las noches por los riesgos que eso implicaba, ante lo cual afirmó: “nos robaron la libertad”. Sin embargo, la realidad actual para numerosas universitarias es una expropiación social y material de la vida misma, sobre todo cuando recuperamos las historias de quienes han sido víctimas de feminicidio o sobrevivientes de éste.

Esta radicalización de la violencia contra las mujeres no es ajena a las universidades, como tampoco lo es la constatación de que las académicas y las estudiantes feministas tienen una mayor presencia en distintos ámbitos de la vida universitaria. Esta situación es resultado, entre otras cosas, de la impasividad y limitada escucha de las autoridades universitarias ante las reiteradas denuncias por parte de las universitarias, expresadas en distintas formas: desde las investigaciones académicas emprendidas décadas atrás en relación con acoso y hostigamiento sexual laboral, bullying y mobing, violencia en el noviazgo entre estudiantes, obstáculos institucionales para el ascenso y promoción de las académicas y las administrativas, prejuicios de género ejercidos contra las estudiantes para acceder o continuar estudios de licenciatura y posgrado, inexistencia de programas de prevención y atención del embarazo de estudiantes aunada a la inexistencia de guarderías y estancias de lactancia para ellas y para todas las trabajadoras universitarias, por mencionar solamente algunos de los tópicos abordados, pasando por la organización de las académicas en grupos y redes que han exigido la implementación de protocolos universitarios contra la violencia de género, hasta llegar a la organización y movilización de las estudiantes que han traído a los espacios universitarios las demandas y exigencias surgidas en el activismo feminista nacional e internacional.

El activismo feminista contemporáneo tiene una pluralidad de expresiones, orientada cada una de ellas por el genuino interés de cambiar el mundo

El activismo feminista contemporáneo tiene una pluralidad de expresiones, orientada cada una de ellas por el genuino interés de cambiar el mundo. Es plural y vive un momento de expansión, pues mujeres de las más diversas condiciones sociales han tomado conciencia de su situación, asentada en el amalgamiento de su identidad sexo-genérica con la clase social, la pertenencia étnica, la posición racial y otros vectores de desigualdad, discriminación y opresión, ante lo cual actúan para transformarla. Las jóvenes activistas que se han volcado a las calles, a las redes sociales, a las organizaciones feministas, sintetizan diversas posiciones y se encuentran entre sí a partir de procesos de identificación política específicos.

En el caso de las estudiantes universitarias, a lo largo y ancho del país reconocen y se reconocen en quienes las anteceden, pero también establecen los parámetros de su especificidad y ponen el acento en las condiciones contemporáneas, que son el resultado de la acumulación de omisiones o de acciones parciales, pero también del ensamblaje del momento actual del capitalismo, que agudiza las desigualdades y exacerba las violencias a través del reforzamiento del patriarcado y la dominación misógina, heteronormada, clasista, etnocéntrica, racista, antiintelectual y anticientífica.

En estas circunstancias, mirar hacia el horizonte es ampliar la visión hacia los numerosos y profundos desafíos que encaran las feministas en sus diversos feminismos. Uno de ellos, de ninguna forma menor, es la cooptación de las demandas de atención y de la búsqueda de justicia en materia de violencia contra las mujeres por razones de género, así como la aspiración de neutralizarlas a partir de la entrada en escena de protagonistas que hacen suyos los lemas, pero no abrazan las políticas feministas. Ante ello, la necesidad de encontrarnos y reconocernos como feministas en nuestras distintas posturas es inminente.

Enfrentar con seriedad nuestras fisuras y distanciamientos es fundamental para consolidar lo que hemos logrado y para seguir caminando juntas, por nuestros distintos caminos, con las topías y utopías que nos alientan.

REFERENCIA CURRICULAR

Martha Patricia Castañeda Salgado es doctora en antropología por la UNAM e investigadora en el CEIICH, también de la UNAM, en el Programa de investigación Feminista. Es integrante de la Red Ciencia, Tecnología y Género y de la Cátedra Marcela Lagarde y de los Ríos. Entre otros libros, ha publicado Perspectivas feministas para fortalecer los liderazgos de mujeres jóvenes (UNAM, 2013) e Identidades: Teorías y métodos para su análisis, con Laura Loeza (UNAM, 2019).

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