Revista con la A

25 de julio de 2016
Número coordinado por:
Lucía Melgar
46

Mujeres y feminismo ante el regreso del autoritarismo

Entrevista a Magdalena Cervantes

Magdalena Cervantes

Magdalena Cervantes

Entrevista resumida de Lucía Raphael a Magdalena Cervantes, responsable del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, creado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, acerca de la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

¿En qué consiste la Crisis de la Comisión?

La Comisión IDH emitió un comunicado, en mayo, en donde explica que 40% de su personal no va poder ser recontratado porque no tiene recursos para ello. Estamos hablando de 30 personas de un equipo de 70, y lo que no se ha dicho claramente es en qué área se ubica ese personal del que prescindirán. Pertenece al área de medidas cautelares, es decir, la primera medida de protección que tiene la Comisión frente a la vulneración de derechos es solicitar medidas cautelares para que el Estado esté enterado de la situación de riesgo en la que se encuentra una persona y la blinde. Éste área queda desmantelada. Los abogados que están en ese área no podrían seguir trabajando y es un área fundamental porque brinda una atención inmediata frente a denuncias de extrema gravedad en las que puede estar en riesgo la vida o la integridad personal.

Otra área que se verá afectada por la reducción de su personal, es la de peticiones individuales. Es a través de ella que cualquier persona accede al sistema interamericano para presentar una denuncia sobre la violación de un derecho protegido por la Convención Americana. Para decirlo en pocas palabras, es el área de acceso al sistema, integrada por abogados, y queda parcialmente desmantelada. […]. Hay que decir también que es un área que requiere de un reforzamiento en términos de personal humano ya que tiene un importante rezago procesal, hay casi 9 mil casos en espera. Se están tomando medidas para combatirlo. Si le quitas personal a esa oficina no hay forma de avanzar en la disminución de rezago como se venía haciendo.

Por otro lado la Comisión IDH tiene audiencias públicas, que es una “puerta” abierta a las víctimas de violación a sus derechos para presentarse, directamente, ante la Comisión Interamericana y, debido a esta falta de recursos, se han cancelado sus próximas audiencias públicas. Esta vía tiene una importancia fundamental, porque es un espacio a través del cual las víctimas y organizaciones no gubernamentales pueden advertir a la Comisión sobre las violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en los países. La gente, que no sabe la importancia de estas audiencias, se pregunta: ¿Qué relevancia tiene que no haya dichas audiencias públicas? Tendrían que entender que es la ventana hacia las víctimas para ventilar estas realidades

Si te vas a la definición de Desarrollo Humano, la definición de la ONU y la PNUD pasa por Derechos Humanos ¿Cómo funciona la OEA en este sentido?

La OEA divide su trabajo en cuatro pilares, uno de los cuales es Democracia, otro Derechos Humanos y otro Desarrollo humano. Llama la atención que Derechos Humanos esté separado del pilar de Democracia, no puede haber Democracia plena si no garantizas los DDHH. ¿Cómo puedes garantizar un ejercicio pleno de libertades si no los garantizas? Como parte del pilar de Democracia se da mucha importancia al andamiaje electoral, sin considerar las condiciones de vida en que se encuentran las personas que impiden, o facilitan, el ejercicio pleno de las libertades. Yo vincularía los pilares de Democracia y Desarrollo Humano y también abriría, en el marco de la OEA, una reflexión entre los Estados sobre cuáles son las prioridades de la región. Desde mi punto de vista son los Derechos Humanos, porque si garantizas derechos incides en el desarrollo de las personas y en el ejercicio de las libertades asociadas a la Democracia. Considerando el presupuesto que recibe el pilar Derechos Humanos, está en último lugar de prioridades. Este presupuesto, que son 13 millones de dólares, comprende Comisión y Corte.

Otro dato, contrastando sistemas regionales: el Consejo de Europa destina un 20% de su presupuesto a la Corte Europea, y nuestro sistema regional destina el 8%, es decir el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos más barato es el Interamericano. Un pendiente regional es la ausencia de derechos: de las mujeres, las y los defensores, los básicos como alimentación, vivienda, salud, que tienen que ver con la supervivencia mínima de las personas.

¿Y por qué no ahora que la Comisión está en esta grave situación presupuestal se pide a la OEA repensar cuáles son las prioridades de la región y, en función de ello, los pilares de la organización, destinando los recursos financieros en función de ello?

Creo que ante esa crisis sin precedentes debemos ver una oportunidad para entrarle al tema, que va más allá de esta coyuntura de cómo vamos a financiar a los órganos del sistema, y para que el presupuesto que reciban sea el adecuado para llevar a cabo su mandato, no inventado por la Comisión y la Corte Interamericanas, sino asignado por los propios Estados. El mandato es monitorear y observar la vigencia de los Derechos humanos. En la medida en que cumplen su mandato, devienen en órganos incómodos para los Estados por cuanto les señalan el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección y garantía, y la respuesta de los Estados es “entonces no les doy presupuesto”.

Lo que ha ocurrido es que los Estados crean un órgano de protección de Derechos Humanos y, al mismo tiempo, lo asfixian económicamente no dándole recursos. Desde mi punto de vista lo que esto muestra es un efecto perverso de los sistemas de protección, toda vez que tienen como mandato revisar la actuación en materia de Derechos Humanos de los Estados y son financiados por ellos mismos.

¿Qué está aportando el Sistema interamericano a la región latinoamericana?

Muchas cosas, pero me refiero a una reciente en particular. La Comisión Interamericana pública informes temáticos. Por ejemplo, en abril emitieron un informe intitulado: “Pueblos indígenas, comunidades afro-descendientes e industrias extractivas”, que toca el tema de cómo en la región se están dando este tipo de proyectos de actividades extractivas, de explotación y desarrollo y cuáles son sus implicaciones, qué derechos están en juego, obligaciones que tendrían que garantizarse en ese contexto y a los grupos afectados. Y el impacto es terrible en materia de derecho a la vida, a la salud, derechos económicos y sociales, libertad, desplazamiento. Y luego lo desglosan, en casos de mujeres, niñas, adolescentes, personas adultas. El sistema está colocando este tema porque está teniendo una incidencia brutal en las comunidades que habitan esos territorios. El problema no ocurre en un solo país, es regional, hablamos de Latinoamérica. En Estados Unidos y Canadá, sus legislaciones no permiten este tipo de explotación en sus territorios y sobre todo con esos alcances. Hay mucho capital extranjero para la explotación de los territorios de la región latinoamericana y esto ocurre porque es acá, en Latinoamérica, donde está la fuerza de trabajo no protegida, donde son capaces de arrebatar territorios para dárselos a empresas extranjeras, donde permiten desarrollar proyectos mineros sin límites, etc. Esta es una muestra de la importancia del Sistema Interamericano: está alertando y poniendo la mirada en temas como éstos que están generando violaciones muy importantes de Derechos Humanos. Obviamente, esto a los Estados no les gusta. En un contexto de reformas que tienen como finalidad atraer la inversión extranjera  para proyectos mineros, hidráulicos, turísticos, eólicos, carreteros, etc., los Derechos Humanos no interesan, están en último lugar, son de hecho un obstáculo para este tipo de emprendimientos.

Entrevista realizada por Lucía Raphael

 

REFERENCIA CURRICULAR

Magdalena Cervantes Alcayde es Coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya sede es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entre otras publicaciones, ha coordinado el libro ¿Hay justicia para los derechos económicos, sociales y culturales?  (México, SCJN/IIJ-UNAM, 2014)

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