En El Salvador con el dedo en la llaga
Morena Soledad Herrera
Uno de los enclaves más autoritarios en El Salvador, de hoy y del pasado, es la ignorancia y desconsideración de los derechos e intereses de las mujeres
La salvadoreña es una sociedad que lenta y fragmentada se ha ido recuperando de la guerra civil que determinó la vida política y cotidiana durante los años 80. Mientras las desigualdades socio económicas se profundizan y se alzan las estadísticas de violencia y homicidios, se construyen discursos democráticos que se estrellan con prácticas políticas autoritarias que dejan sin respuesta las demandas y aspiraciones de amplios sectores de la población.
Uno de los enclaves más autoritarios en El Salvador, de hoy y del pasado, es la ignorancia y desconsideración de los derechos e intereses de las mujeres, porque nos niegan la condición de ciudadanas plenas.
Lo anterior no significa que no se hayan creado algunas leyes y políticas enfocadas en atender graves problemas relacionados con la violencia y la discriminación que nos afectan como mujeres. El problema estriba en su falta de aplicación o en procesos de implementación formal, que no abordan ni trascienden a las causas de las desigualdades de género y otras relacionadas con las condiciones de clase social, por orientación sexual, identidad de género, entre otras. Por ello, pese a las nuevas leyes, el país presenta la tasa más alta de feminicidios a nivel de América Latina (6.8 según la CEPAL 2019).
Estos niveles de violencia y desigualdad nos han convertido en un país donde las mujeres enfrentamos una lucha constante y en diferentes campos, para conquistar autonomía sobre nuestros propios cuerpos, sobre la manera de vivir nuestra sexualidad y para asumir decisiones propias en torno a nuestra capacidad reproductiva.
El reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos enfrentan resistencias de distinto tipo: las ideológicas de grupos ultra conservadores y de jerarquías eclesiásticas, hasta las institucionales que evaden su responsabilidad
La categoría y el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos enfrentan resistencias de distinto tipo. Desde las ideológicas de grupos ultra conservadores y de jerarquías eclesiásticas, hasta las institucionales que evaden su responsabilidad ante la necesidad de diseñar políticas coherentes con los compromisos que diferentes gobiernos han asumido con instancias internacionales de Derechos Humanos.
Uno de los ámbitos donde se continúa negando el derecho a la información científica y fundamentada en la realidad es el de la Educación Integral en Sexualidad en diferentes niveles del sistema de educación pública. Pese a contar con metodologías, rutas de implementación, diseño de módulos curriculares y otros instrumentos, diferentes administraciones en el Ministerio de Educación se inhiben a una aplicación eficaz, posiblemente justificada ante mitos y miedos a enfrentar a quienes se oponen al cumplimiento de esta responsabilidad pública. Todo ello ante un panorama generalizado de aumento de embarazos en niñas y adolescentes que ha sido diagnosticado social y territorialmente, como lo ha hecho el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Ministerio de Salud en los últimos años [1].
Las niñas madres y la violencia sexual que subyace a sus embarazos, se naturalizan con una cultura machista y con una aplicación de la justicia y la ley que, de manera discrecional, continúa reafirmando que las mujeres y las niñas debemos ser ante todo madres. No importa si el embarazo es el resultado de un hecho criminal de violencia sexual. Porque pese a que la ley especial, integral, para una vida libre de violencia les diga lo contrario, los jueces emiten sentencias absolutorias como la que a continuación se refiere:
<El juez Óscar Ernesto Contreras Quintanilla reconoció que en el caso existió un acto delictivo, ya que el adulto procesado tuvo una relación sexual desde que ella tenía 11 años. El Código Penal establece que toda relación sexual con una menor de 15 años es violación. Sin embargo, el jurista argumentó que “la conducta del procesado no iba dirigida exclusivamente a realizar el acceso carnal en la menor víctima, sino a la de constituir con ésta una relación de convivencia marital”> [2].
Se ignora el daño a las niñas y adolescentes que viven embarazos impuestos, no se comprende el costo para su propio proyecto de vida y el impacto para sus familias, que generalmente viven en comunidades pobres y tienen que asumir el costo y el estigma de una niña embarazada.
Las escuelas y las universidades están siendo otro campo de disputas. Ante las prácticas de acoso sexual de docentes y estudiantes, mujeres jóvenes se organizan y denuncian hechos que anteriormente eran silenciados. Ésta no es una lucha fácil, pero las estudiantes se organizan, y con apoyo de algunas docentes y unas pocas autoridades universitarias, se movilizan, denuncian y demandan la creación de protocolos que traduzcan las declaraciones de protección, en sus centros educativos, en espacios seguros para las mujeres.
La defensa de derechos en estos escenarios también tiene costos para las defensoras, enfrentan agresiones y procesos de criminalización que incluso pueden llegar hasta los tribunales
La defensa de derechos en estos escenarios también tiene costos para las defensoras, enfrentan agresiones y procesos de criminalización que incluso pueden llegar hasta los tribunales. La complicidad y la impunidad del sistema judicial se hace presente como recientemente quedó reflejado en la condena a una de las integrantes de la Colectiva Amorales Teatro, quienes, por denunciar el acoso sexual de un docente de la Universidad de El Salvador, fueron acusadas de calumnia, y una de ellas condenada a pagar una indemnización.
“Profesor de teatro UES gana juicio por calumnia contra actriz que lo acusó de acosador y ella deberá pagar $2,027 de multa. Otra joven que había sido acusada de calumnia por el profesor del Diplomado de Teatro de la UES fue absuelta. Ricardo Mendoza ha sido señalado por acoso sexual en más de una ocasión, reconoce él mismo” [3].
Lo importante es que, pese a esta condena, las mujeres jóvenes continúan resistiendo y avanzando en la construcción de un movimiento feminista de mujeres universitario que se niega a seguir viviendo en una posición sumisa y a ser víctimas de agresores visibles o escondidos.
Otro terreno donde la situación de El Salvador provoca escandalo mundial, es la legislación y las políticas relacionadas con la interrupción del embarazo. No está permitido en ningún caso y en ninguna circunstancia. Aquí se prefiere que las mujeres mueran o que vean afectada severamente su salud. Incluso en los casos de embarazos ectópicos (cuando el óvulo fecundado se aloja fuera del útero), el personal médico tiene la indicación de esperar a que no haya latido fetal para proceder a una intervención, sometiendo a las mujeres a un grave riesgo de salud.
Tampoco importa que se haya diagnosticado una mal formación fetal incompatible con la vida extrauterina, las mujeres aún con embarazos anencefálicos son obligadas a llevarlos a término. No se consideran las consecuencias en su salud ni los daños físicos y emocionales de la mujer gestante.
Desde que cambió y entró en vigencia la ley penal en materia de aborto, también se aplican políticas de persecución criminal a las mujeres que abortan
Aunado a estas políticas de salud, desde que cambió y entró en vigencia la ley penal en materia de aborto, también se aplican políticas de persecución criminal a las mujeres que abortan o que han tenido complicaciones obstétricas en etapas avanzadas de embarazo, donde la criatura que estaban gestando murió e incluso, aunque quedaron vivas, pareció que ellas no hicieron todo por auxiliarles. Se les acusa de haberse provocado un aborto y después se les condena por homicidio agravado o por intento de homicidio agravado, a penas de 30 o más años de cárcel.
La campaña por la Libertad para Las 17 y Más [4], muestra el esfuerzo de organizaciones que ya han logrado la libertad de 42 mujeres que han enfrentado estos procesos de criminalización. Este 8 de marzo apareció públicamente el Colectivo de Mujeres Libres, constituido por mujeres que han salido de la cárcel y que han decidido luchar con su propia voz por las que aún siguen encarceladas.
Otro problema, que lacera las conciencias, son los suicidios de adolescentes embarazadas, quienes al verse sin opciones toman esa decisión, forzadas por la presión social y familiar
Esta mirada a la situación de derechos sexuales y reproductivos en El Salvador, quedaría inconclusa sin mencionar otro problema que lacera las conciencias, se trata de los suicidios de adolescentes embarazadas, quienes al verse sin opciones toman esa decisión, forzadas por la presión social y familiar. Desde hace unos años, el suicidio en adolescentes embarazadas se ha convertido en la primera causa indirecta de muerte materna en esa franja de edad. Son muertes ignoradas y entierros silenciados. Ciertamente las desigualdades producen dolor y sufrimiento y desde aquí se crecen las fuerzas feministas por transformar estas injustas realidades.
NOTAS
[1] https://www.salud.gob.sv/download/mapa-de-embarazos-en-ninas-y-adolescentes-el-salvador-2017/
REFERENCIA CURRICULAR
Morena Soledad Herrera Argueta es Defensora de Derechos Humanos, activista feminista, integrante de diversas expresiones del movimiento feminista en El Salvador y Mesoamérica, entre ellas Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, socia fundadora de Las Dignas, Iniciativa Mesoramericana de Defensoras, Red Mujer y Hábitat y actualmente Presidenta de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto. Con estudios de Filosofía, Estudios de Género y Desarrollo, Doctorado en Filosofía Iberoamericana, investigadora y docente.
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