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En esta ocasión, lectoras y lectores de con la A, van a permitirme que no hable de nosotras, ni siquiera un poquito. Esta vez toca hablar de ellos. En medio de este fragor bélico que nos inunda, y escribiendo desde la urgencia del relato y del posicionamiento de una guerra que avanza demasiado deprisa y deja demasiada muerte a su paso, quisiera usar estas líneas para reflexionar sobre un derecho humano vulnerado frente a nosotras, y, lo peor de todo, cuya vulneración parece aplaudirse y celebrarse con gusto en nuestras televisiones.

Me refiero al derecho a la objeción de conciencia, a no participar de los asuntos militares en un contexto como es la actual Ley Marcial ucraniana. Aprobada en 2015, se hizo efectiva mediante un decreto presidencial activado el 24 de febrero de 2022 ante la agresión militar rusa en suelo ucraniano. El decreto obligaba a todos los varones de entre 18 y 60 años a permanecer en el país, pendientes de poder ser movilizados en caso de ser necesario y las excepciones estaban muy tasadas y requerían o bien certificados médicos -difíciles de conseguir en esas circunstancias- o bien demostrar que había menores al cargo que quedaban desamparados en caso de tener ser llamado a filas. Y, para que no me tachen de tendenciosa, diré que en Rusia si bien no hay Ley Marcial sí hay servicio militar obligatorio, y una sociedad militarizada y patriarcal donde la masculinidad hegemónica necesita de fusiles, violencia y miedo.

No obstante, esta Ley Marcial ucraniana ya tenía un antecedente de aplicación en 2018, durante un incidente territorial entre ambos países, pero no tuvo gran trascendencia. La de 2022, sin embargo, sí la tiene, entre otras cosas, porque no solo niega la salida como refugiado de aquel hombre que lo necesite, sino que también dificulta el asilo o la protección internacional en destino en una guerra, por cierto, arrastra ocho años y más de catorce mil muertes.

Y como en esta sección hablamos de Derechos Humanos, conviene recordar que el derecho de objeción de conciencia al servicio militar se basa en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), que garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencia. Aunque el Pacto no hace referencia explícita al derecho a la objeción de conciencia, en su Observación general No. 22 (1993) el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sí afirmó que ese derecho podía deducirse del artículo 18, en la medida en que la obligación de emplear fuerza letal puede estar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar la religión o la creencia propia.

En estos días aciagos en que las televisiones glorifican que mercenarios y voluntarios engrosen filas de ejércitos extranjeros, y Antena 3 hace un tutorial sobre elaborar cócteles Molotov, mientras los señores de la guerra se frotan las manos, y los trajes de pacifista están -de momento- guardados en el armario -auguro y espero que por poco tiempo- cabe recordar que no hace tanto, en España, hubo un importante movimiento antimilitarista y de objeción al servicio y al gasto militar y un “no a la guerra” que resonó fuerte en nuestras conciencias. Probablemente casi ningún millennial o centennial recuerde ese episodio de nuestra historia, ni sepa lo que es “la mili”. Quizá eso pueda considerarse, después de todo, un éxito, y no una derrota.

Ningún estado ni ningún ejército informa sobre sus desertores, sus objetores o sus disidentes, menos aún en tiempos de guerra, cuando lo que se exacerba es la masculinidad protectora, agresiva, valiente, patriota. Pero esas personas existen, y también están sufriendo una guerra, intentando salir del país, y alimentando sin desearlo la máquina bélica que nunca para. Naciones Unidas, por cierto, estima que el costo anual directo e indirecto de proporcionar servicios anticonceptivos modernos en los países en desarrollo costaría 12 mil millones de dólares, o el 0,6 por ciento del gasto militar mundial de 2020. Extender el agua básica, el saneamiento y las infraestructuras de higiene a las poblaciones desatendidas supondría el 2% de ese coste, y eliminar la pobreza extrema y el hambre costaría sólo el 13% del gasto militar mundial. Ser pacifista, pues, no es idealista, es democrático.

Ojalá estas cifras resonaran más alto que los tambores de guerra, no solo hoy, cuando la muerte, y el dolor, y la barbarie llaman a nuestra frontera oriental. También con el dolor cotidiano de otras muchas fronteras y otras muchas barbaries domésticas y cotidianas. No perdamos el derecho, como decía esa preciosa canción, de vivir en paz.

REFERENCIA CURRICULAR

Irene Zugasti Hervás es Licenciada en Ciencias Políticas y en Periodismo. Se especializó en Relaciones Internacionales, Género y Conflicto Armado para terminar transitando hacia otro terreno no menos conflictivo: el de las Políticas Públicas para la Igualdad de oportunidades y contra la violencia de género. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes administraciones públicas, desde la AGE a la Comisión Europea, en paralelo a su trabajo como docente y consultora para proyectos internacionales. Actualmente trabaja como responsable de Políticas de Género en Madrid Destino, en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid

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