En la vorágine de los últimos tiempos -postpandemia, postcapitalismo, postverdad-, con tanto “post” pero sin preludio de ninguna certeza, a menudo me pregunto qué sentido tiene hablarles a ustedes, a vosotras, desde este humilde rinconcito de “con la A”, de Derechos Humanos como la salud, la educación o la vivienda, cuando a menudo ni siquiera quienes deben ejercerlos se sienten invocados a hacerlo. Discúlpenme el pesimismo, vivo en Madrid.

No sabía bien, de entre todo el catálogo de esos Derechos que podemos comentar, cuál me sentía con ánimo suficiente para defender en estas líneas, en esta edición de mayo, en esta postprimavera. (discúlpenme el desánimo, insisto, habito en Madrid).

Así que he pensado que quizá convendría recordar hoy uno que todavía no habíamos abordado, ni yo ni mi querida predecesora en esta Seccion. Un derecho que justifica y ampara a este artículo y a todos los que se escriben en el mundo: el derecho a la información. Nuestra vieja amiga, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, fue el primer texto donde se reconocía el derecho a informar y a ser informado, en su artículo 19.

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.”

 No pretendo abrir aquí un debate sobre los límites entre la libertad de la información y la de expresión, tampoco tengo energía para hablar de los límites de acceso a la información y el deber de los poderes públicos de ser transparentes, claros y abiertos con la misma. Hace ya más de una década que salí de la Facultad y seguimos sin resolver ese debate. Perdónenme la desgana, es que resido en Madrid.

Pero sí quisiera compartir una inquietud: ¿es el derecho a informar y a opinar, también, el derecho a contar mentiras? Cuando el derecho a informar rapta públicos cautivos del pensamiento único del magazine matinal de Telecinco, pareciera que sí. Cuando la estadística, la ciencia o las cifras pueden distorsionarse en un tweet, pareciera que sí. Cuando las únicas opiniones ad hominen válidas salen siempre de las mismas bocas, pareciera que sí. De nuevo nos encontramos con un derecho con dueños. ¿Se puede pues, mentir sin consecuencias?

Relativamente. Nuestra Constitución establece en su artículo 20 el derecho “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Pero de esa veracidad han dado los Tribunales y las voces expertas opiniones muy distintas (echen un vistazo, si les interesa el tema del derecho informativo comparado, a este trabajo de Andrea García Mansilla) aunque, a día de hoy, siguen sin existir cauces formales efectivos para denunciarlas, para frenar los bulos, las “fakenews” o el odio en forma de falsedades y señalamientos.

Ante esta situación, es a nosotras a quienes toca buscar otros espacios: leer publicaciones y voces alternativas, acudir a plataformas de fact-checking, confiar en el periodismo de datos, recopilar nuestros propios testimonios. Les aseguro que hay mucha más verdad, periodismo y rigor analítico en cientos de pequeños blogs y bitácoras que viven en la red que en los contertulios de cabecera de televisión. Búsquenlos, compártanlos, difúndanlos. Investiguen. Que la curiosidad matará al gato, pero al menos, le hará libre. ¿libertad? ¿gatos? Discúlpenme el batiburrillo. Es que soy de Madrid.

REFERENCIA CURRICULAR

Irene Zugasti Hervás es Licenciada en Ciencias Políticas y en Periodismo. Se especializó en Relaciones Internacionales, Género y Conflicto Armado para terminar transitando hacia otro terreno no menos conflictivo: el de las Políticas Públicas para la Igualdad de oportunidades y contra la violencia de género. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes administraciones públicas, desde la AGE a la Comisión Europea, en paralelo a su trabajo como docente y consultora para proyectos internacionales. Actualmente trabaja como responsable de Políticas de Género en Madrid Destino, en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.

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