El próximo 17 de diciembre se cumplirán 15 años de la aprobación de la resolución 54/134 por la Asamblea General de Naciones Unidas, según la cual el 25 de noviembre fue declarado como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, si bien, en 1993, la misma Asamblea, escuchando el clamor de las organizaciones de mujeres y feministas, aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, definiendo la «violencia contra la mujer» como: “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. En 1994 se creó la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como la  «Convención de Belem do Pará», que fue ratificada en México (1998). El 26 de noviembre de 2012, la Coalición por la Corte Penal Internacional “Renueva su pedido para que los Estados mantengan su compromiso con los históricos estándares de género del Estatuto de Roma y pongan fin a la violencia contra la mujer”.

Por supuesto, en todas las Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México-1975; Copenhague-1980; Nairobi-1985; Beijing-1995) de Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres y las niñas ha ocupado un lugar prioritario en sus programas y Planes de Acción (Bejing+5; Bejing+10; Bejing+15 y Bejing+20, que se celebrará el año próximo). Organismos, como la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), creada en 1928, o la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 189 países, elaboran recomendaciones e instan a los países que las integran a eliminar cualquier tipo de discriminación y de violencia contra las mujeres.

Además, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en octubre de 2000, aprobó la Resolución 1325 que insta a los gobiernos a que fomenten la participación de mujeres en las mesas de Negociación de los conflictos, recordándoles, así mismo, la inclusión de una serie de delitos de violencia sexual en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales especiales. Con posterioridad, en 2013, a través de la Resolución 2122, el Consejo de Seguridad, “Reafirmando su empeño en que “se sigan” (el entrecomillado es mío) aplicando, íntegramente y de manera que se refuercen entre sí, sus resoluciones 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010) y 2106 (2013), y todas las declaraciones pertinentes de su Presidencia, recordando los compromisos enunciados en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, reafirmando las obligaciones de los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, e instando a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de ratificarlos o de adherirse a ellos…”, emplazó a los gobiernos para que cumplieran sus compromisos, dando cuenta, así, del incumplimiento sistemático de los acuerdos adoptados por los países firmantes, muchos de los cuales tienen, además, un marco legislativo específico para erradicar la violencia contra las mujeres. En España, en concreto, hay una Ley Orgánica de medidas integrales contra la violencia de género (2004), que no se aplica sino en lo que afecta a las medidas paliativas y no siempre poniendo en juego los recursos necesarios para que estas se cumplan como corresponde (de las medidas preventivas ni hablo porque ni siquiera han sido reguladas). De hecho, las mujeres siguen siendo asesinadas por sus parejas -o exparejas- sentimentales y los malos tratos y los abusos siguen causando dolor…

La pregunta del millón es: ¿Por qué no se cumplen las leyes? ¿Por qué los acuerdos que se firman en esta materia son “papel mojado”? La respuesta es evidente: la desigualdad genera violencia y las mujeres, a día de hoy, siguen sumidas en la desigualdad, y así seguirá siendo mientras quienes toman decisiones no sitúen el problema en los primeros lugares de sus agendas y programas y habiliten recursos suficientes para acabar con esta lacra. Una de las primeras inversiones debería ser la formación urgente de responsables públicos de todos los Poderes (Mass Media incluidos) y, por ende, de toda la ciudadanía para que obliguen, a quien corresponda, a que cumpla con lo que legisla y suscribe. No puede ser que sigamos estando en manos de personas ignorantes que, como decía el poeta (Machado, Campos de Castilla) “…desprecian cuanto ignoran”. Al hilo, y para terminar, permítanme una anécdota que les transmito tal y como me ha llegado, anteponiendo el “presuntamente” porque no estuve allí aunque la fuente es de toda confianza:

Verán, el mes pasado, tras ser proclamado rey de España Felipe VI, éste y la reina Doña Letizia invitaron a una recepción a las y los representantes de las organizaciones sociales, entre las que se encontraban organizaciones de mujeres. En un momento de la recepción, presuntamente, una de estas representantes se acercó a Doña Letizia y, presuntamente, le pidió que hiciera algo para que la violencia contra las mujeres ocupara uno de los primeros lugares de las agendas de nuestros políticos, a lo que “su majestad”, presuntamente, respondió que ello no era posible porque era un tema que estaba muy politizado… ¿Qué quiso decir, presuntamente, la reina? ¿Qué papel tiene la monarquía? ¿No está politizado el terrorismo? ¿Qué considera la monarquía qué es político y qué no? ¿Lo político no está politizado? ¿Los asuntos que maneja un jefe de la nación, y su consorte, no están politizados? Y, de ser así ¿Para qué están dónde están? ¿Acaso desconocen el marco legislativo y los Tratados Internacionales? ¿Hasta cuándo la violencia contra las mujeres va a ser tratada como un tema menor? ¿Cuántas mujeres más tienen que morir, cuántas tienen que ser abusadas, mal tratadas, golpeadas, violadas… para que este problema, que afecta al 51% de la población (no me canso de repetirlo), sea tomado en cuenta por quienes deciden sobre nuestras vidas? ¿Cuándo se cumplirán las leyes y se aplicarán las recomendaciones dictadas por los diferentes organismos internacionales?

Resumiendo, hay instrumentos legales suficientes para erradicar la violencia. Eso sí, hay que aplicarlos y su aplicación sólo depende de la voluntad de quienes nos gobiernan, tanto si han sido elegidos en las urnas como si lo hacen por la Gracia de Dios.

Alicia Gil Gómez

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