Nicole Guidotti

El asunto de “las y los dreamers,” jóvenes sin documentación, menores de 30 años, que viven en Estados Unidos, es una situación de política grave en este momento

El asunto de “las y los dreamers,” jóvenes sin documentación, menores de 30 años, que viven en Estados Unidos, es una situación de política grave en este momento. En el estado de Tejas, solamente, hay un doble impacto: la no continuación de la política referente al estatus migratorio de personas que llegaron a Estados Unidos en la Infancia (DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals/ Acción Diferida para Entradas en la Infancia) por la administración Trump y la llegada de la ley SB4, a la que se llama  ley de “enséñame tus papeles”  («the show me your papers» law). Las y los expertos señalan que para las y los 737.000 menores indocumentados, que están en las escuelas públicas, no hay protección, ni para ellas y ellos ni para sus padres, porque  la SB4 requiere que las y los empleados reporten a quienes sospechen de carecer de documentos (permisos migratorios). Para los distritos escolares, esto significa la  pérdida de casi un millón de estudiantes y de $8.000  por cada menor deportado por la ley SB4 puesta en práctica.

Además la SB4, a la que se conoce como ley contra las ciudades-santuario para migrantes sin documentación, requiere la cooperación de todas las ramas de la policía (departamentos del sheriff, policía local, y estatal) para compartir información acerca de la situación migratoria de cualquiera que sea detenido por  infracciones menores como una luz rota en su auto. La SB4 es un reconocimiento de que el gobierno federal tiene una gran dependencia en estados como Tejas que, después de California, tiene el mayor porcentaje de migrantes indocumentados, para hacer cumplir su política migratoria. Es una ley punitiva que requiere que las y los agentes locales sean considerados culpables de un delito si no aplican la ley migratoria nacional. Según la SB4, se pueden remover de sus cargos incluso al funcionariado electo que incurra en estas faltas. La ley SB4 es una respuesta directa a la política de la Sheriff Sally Hernández del Condado de Travis, en Tejas, que incluye a Austin, la capital del estado, una ciudad con base de votantes y residentes liberales que apoyan a las personas inmigrantes. El gobernador republicano Greg Abbott amenazó a Hernández con el retiro de fondos para su oficina si no cumplía con el mandato federal. Cuando el gobernador firmó la ley, en mayo de 2017, aunque había un compromiso de la Sheriff Hernández, ella tuvo que cumplir el mandato de la ley, incluso pese a que la cuidad de El Cenizo había logrado que se bloqueara parte de la ley por “su efecto discriminatorio” [1], con el apoyo de la Unión Americana para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU). La sección de la ley SB4 que tiene que ver con discriminación por motivos de raza o étnicos (“racial profiling”)  no se ha puesto en efecto porque la bloqueó el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos (U.S. District Court), Orlando García, por considerar que no hay evidencia que obligue a los agentes  de policía a compartir información con los federales. Sin embargo, aun así, esta ley permite que el estado de Tejas y su gobernador se puedan poner en sintonía con la agenda trumpiana de una nación de deportaciones.

La SB4 forma parte de las leyes que, en los últimos diez años, han aprobado ciudades y estados con políticas y ordenanzas diseñadas para limitar la movilidad migrante. Cuando estados como California, Washington y Oregón abren avenidas para la movilidad de las personas inmigrantes, estados como Tejas, Georgia y Alabama cierran los caminos al trabajo, la vivienda y los servicios públicos.

El ataque a los derechos de las y los menores, que tienen la protección de DACA, es un ataque a los valores sobre la protección que merece la juventud que puso su fe en el estado que es y ha sido su casa toda la vida

El asunto de las y los dreamers -menores que llegaron a Estados Unidos en la infancia y que con la administración Obama obtuvieron protección legal temporal para permanecer en Estados Unidos-, que he mencionado antes, es super importante como parte de la política anti-inmigrante trumpiana. Aunque el actual presidente quiere construir un muro en la frontera, financiado por México, lo cual es absurdo, el ataque a los derechos de las y los menores, que tienen la protección de DACA, es un ataque a los valores sobre la protección que merece la juventud que puso su fe en el estado que es y ha sido su casa toda la vida. Aproximadamente 800.000 jóvenes han recibido los beneficios de DACA, pero ahora son sólo 690.000 según el Pew Hispanic Research Center [2]. Otros 40.000 han ajustado su situación migratoria mediante el matrimonio con ciudadanos/as, etc.[3]. La mayoría de las y los dreamers son de México, el país con el nivel más alto de personas que han recibido el beneficio de DACA  (548.000) [4].

La fecha límite para la renovación del permiso para quienes tienen DACA fue el 15 de octubre de este año. El pago para renovarlo era de $500, monto que para una familia que vive por debajo del nivel normal de pobreza es una enorme cantidad de dinero. Afortunadamente, existe un movimiento de  dreamers muy fuerte y gobernadores como el del estado de Rhode Island han pagado el costo de las renovaciones [5]; también lo han hecho individuos privados y redes de filantropía.

No obstante, el temor que ha generado el anuncio de la administración Trump de que no renovará el programa después de octubre, ha causado precariedad y vulnerabilidad para la generación millennial en los EEUU. La mayoría de estas personas han crecido en este país, no tienen conocimiento de sus países de origen por el simple hecho de que, cuando no tienes papeles, no tomas el riesgo de volver. Además, las y los activistas con DACA ahora son hiper-visibles ante el estado porque el gobierno federal puede hacer cualquiera cosa con sus datos, incluso deportar a sus padres indocumentados,  romper a las familias y  destruir los sueños de las y los jóvenes que  confiaron en el Estado. La política de DACA, cuando la creó el presidente Obama, recurrió a la idea de niñez vulnerable para impulsar su protección. Con el cambio de administración presidencial no sabemos, ni siquiera quienes solicitaron la renovación de su permiso, qué pasará bajo el gobierno Trump. Él cambia de opinión como quien cambia de traje, y sus  esbirros le han aconsejado adoptar ciertas políticas draconianas para el futuro. Pero lo que queda, lo que ha sido parte de los temores diarios para quienes tienen DACA o están en Estados Unidos sin papeles, es lo siguiente: ¿Cómo  prepararse para el trauma que acompaña la posibilidad de la deportación? Sólo hay que esperar, con miedo, pero con ganas de pelear por los derechos humanos de todas las personas migrantes.

NOTAS

[1] “Texas’s SB 4 Is the Most Dramatic State Crackdown Yet on Sanctuary Cities.” The Nation. June 1, 2017. https://www.thenation.com/article/texass-sb-4-dramatic-state-crackdown-yet-sanctuary-cities/

[2] “Key Facts about Unauthorized Immigrants Enrolled in DACA.” September 25, 2017. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/25/key-facts-about-unauthorized-immigrants-enrolled-in-daca/.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] “Rhode Island will pay for Dreamers to renew their DACA status.” CNN Money. http://money.cnn.com/2017/09/18/news/daca-fees-rhode-island/index.html.

REFERENCIA CURRICULAR

Nicole M. Guidotti-Hernández es profesora de estudios norteamericanos en la Universidad de Tejas, en Austin. Es autora de Unspeakable Violence: Remapping U.S. and Mexican National Imaginaries, libro premiado por la MLA en la categoría de Chicana/o y Latina/o Literary and Cultural Studies  2011-12. Su nuevo libro  Anarchists and Braceros: Mexican Masculinities, Affects, Attachements and Desires (Duke University Press) se publicará en 2018

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