Lucía Melgar

La transformación de víctimas indirectas de delitos como la desaparición y feminicidio en defensoras de derechos humanos de cientos o miles de mujeres en México es, sin duda, una muestra de fortaleza y resiliencia digan de admiración

La transformación de víctimas indirectas de delitos como la desaparición y feminicidio en defensoras de derechos humanos de cientos o miles de mujeres en México es, sin duda, una muestra de fortaleza y resiliencia digan de admiración. Al mismo tiempo, sin embargo, evidencia la crisis de un sistema de justicia podrido y de un Estado fallido que no cumple con su obligación básica de proteger la vida y otorgar justicia.

El movimiento por los derechos humanos en México está conformado por múltiples organizaciones y personas que sacan a la luz y demandan justicia para casos diversos, como el asesinato y la agresión a periodistas, las presiones, amenazas y persecuciones a comunidades y personas que defienden el territorio y sus recursos naturales, así como las miles de desapariciones y los crecientes feminicidios impunes que se han ido acumulando desde hace tiempo, y sobre todo en la última década, marcada por la llamada “guerra contra el narco”, iniciada a fines de 2006.

La violencia contra la población en general y grupos específicos puede resumirse en cifras terribles como más de 34.000 personas desaparecidas, 115 periodistas, hombres y mujeres, asesinados desde el 2000 (además de personas desplazadas internas o en exilio); un promedio de 7 mujeres asesinadas al día (cifra que ha ido en aumento desde 2007), más de un cuarto de millón de personas desplazadas por la violencia (cifra apenas aproximada), e innumerables secuestros, casos de extorsión y asesinatos de hombres, sobre todo jóvenes.

Los números son escalofriantes pero no reflejan más que estadísticas aproximadas, que en cierto modo nos distancian de las historias individuales de las familias y comunidades desgarradas y de las miles o ya millones de personas traumatizadas por estos hechos que, en general, quedan impunes.

El reciente descubrimiento de una fosa clandestina con 170 cráneos es un episodio más de la cadena de barbarie que asuela el país, ante la cual las autoridades siguen impávidas, como si fuera normal vivir en un país con cientos de fosas que esconden miles de restos humanos, cada uno signo de crueldad y violencia extremas. La tibia reacción social ante este tipo de noticias denota lo que podría ser anomia o impacto del trauma colectivo del que poco se habla pero que afecta en realidad a todo el país.

La normalización de la violencia, que conlleva una creciente tolerancia social hacia ella, y la expansión de un miedo que limita la movilidad o de plano paraliza, es una amenaza constante a las libertades y a los derechos humanos más elementales.

Es por ello que la organización y lucha de mujeres de distintas geografías y clases sociales -aun cuando la mayoría sean de clase baja o media baja- merece atención y reconocimiento pues, gracias a su persistencia y trabajo, muchos de los crímenes que destruyen o corroen la vida de mujeres y niñas, y sus familias, han salido a la luz pública y, en algunos casos, han sido retomados por instancias judiciales que han refrendado la necesidad de investigar y hacer justicia, observación elemental en una democracia e insuficiente en un país minado por la corrupción y la negligencia oficial, pero necesaria ante el pavoroso predominio de la impunidad (estimada en 93% de los delitos en general).

Sólo a modo de ejemplo, y dejando de lado cientos de otras historias, conviene recordar aquí a todas las mujeres y colectivos que han transformado su pérdida y su dolor en un motivo de lucha por la justicia, para su caso y para los de muchas otras.

REFERENCIA CURRICULAR

Lucía Melgar es periodista, experta en género, violencia y conflictos, crítica cultural y coordinadora para América latina de con la A.

:: VERSIÓN EN PDF