Cecilia Castaño

Cecilia Castaño. La cuestión es si este momento crítico se convertirá en un punto de no retorno que acabe definitivamente con los avances realizados en los últimos años hacia la igualdad de género

En España estamos en un momento crítico en la configuración del sistema institucional con repercusiones graves desde el punto de vista de la configuración de las relaciones de género. La cuestión es si este momento crítico se convertirá en un punto de no retorno que acabe definitivamente con los avances realizados en los últimos años hacia la igualdad de género o, por el contrario, la capacidad de reacción de la sociedad española, y particularmente de las mujeres, hará imposible esta reversión.

La trayectoria de avances en la posición de las mujeres se ha estancado y asistimos a retrocesos graves tanto en el mercado de trabajo -empleo, paro, salarios- como en otras facetas de la desigualdad como la disponibilidad de tiempo, el acceso a servicios públicos de cuidados. Este escenario de estancamiento e incluso retroceso se debe al debilitamiento de las dos coordenadas políticas estructurales que sustentaban los avances de las mujeres: las políticas públicas de igualdad de género y las políticas de desarrollo del Estado de Bienestar -oferta de empleos públicos y servicios públicos- que son imprescindibles para la integración estable de las mujeres en el mercado de trabajo. Hoy esas políticas están en claro retroceso, subordinadas a objetivos de consolidación fiscal –presupuesto equilibrado- que se pretende alcanzar no solo mediante austeridad y recortes del gasto público coyunturales sino por una reducción estructural del tamaño del sector público y la oferta de servicios públicos básicos de educación, salud y servicios sociales, que sabemos esenciales para la participación laboral femenina.

Aunque las leyes lo proclamen, en el campo laboral la igualdad real entre mujeres y hombres es una meta lejana y las políticas de austeridad la alejan todavía más. La Comisión Europea estimaba que, tal como evolucionaba el empleo femenino antes de la crisis, la igualdad en las tasas de empleo, femeninas y masculinas, se habría alcanzado en 2021; con el cambio de tendencia por la crisis y la austeridad, no se alcanzará hasta 2038. La tendencia creciente de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no redunda en que reciban mayores salarios. Por el contrario, sus remuneraciones son más bajas debido a las peores condiciones laborales de sus empleos (contratos temporales, jornada parcial, en servicios tradicionales que se consideran de poca cualificación, con menos horas de trabajo que los hombres).

Una de las barreras que impiden alcanzar la igualdad real en el empleo es la brecha del tiempo de trabajo no pagado –cuidados del hogar, familia, personas dependientes- al que las mujeres europeas y españolas dedican 26 horas semanales frente a solo 9 horas de los hombres. De seguir las tendencias actuales, la Comisión Europea estima que serían necesarios 40 años para alcanzar la igualdad de género en este aspecto.

La maternidad y el empleo femenino, para ser sostenibles, necesitan el apoyo de servicios públicos que permitan desfamilizar los cuidados

Desde 2012, las políticas de austeridad y reformas estructurales reflejan la ausencia de compromiso político con la igualdad de género por parte del gobierno español. Ya no se pretende la igualdad en términos de equidad y justicia social sino que, desde el liberalismo conservador, los derechos de las mujeres y la igualdad de género se consideran un lujo, algo que nuestro país no se puede permitir. Resulta, sin embargo, inadmisible considerar que las decisiones de trabajar y tener hijos son un capricho y una responsabilidad exclusiva de las mujeres y sus familias. La maternidad y el empleo femenino, para ser sostenibles, necesitan el apoyo de servicios públicos que permitan desfamilizar los cuidados: no solo educación y salud, sino el cuidado de mayores y dependientes y los servicios sociales. En España, donde conviven ideologías igualitarias con otras muy conservadoras respecto al papel de la mujer, se diría que las políticas públicas pretenden el regreso de las mujeres al hogar y a los roles tradicionales, canalizando su participación a través de la jornada parcial. Ello permitiría reducir las abultadas cifras de desempleo, a la vez que las mujeres, desde sus hogares, contribuirían a reducir el gasto público en educación, salud y servicios sociales.

Es difícil que las mujeres de hoy, que ya no se identifican con el estereotipo de cuidadoras universales y trabajadoras intermitentes, acepten este retroceso en las políticas de igualdad hasta un punto de no retorno en el que sería el mercado, a través de la meritocracia, el que permitiera superar la discriminación de género. Los roles femeninos han cambiado y las mujeres, tengan o no responsabilidades familiares, ya no aceptan el papel de amortiguador del mercado de trabajo, sino que su vinculación con el empleo es permanente porque son, tanto como los hombres, las sustentadoras económicas de sus hogares. Hay, sin embargo, otros países –particularmente los Nórdicos- que apoyan a las mujeres reforzando las políticas de igualdad y servicios públicos, convencidos de que el incremento del empleo femenino es imprescindible para el crecimiento y la competitividad económica. Por el contrario, en España se ha abandonado la prioridad de alcanzar la tasa de empleo femenino del 75% que estableció la Comisión Europea, reduciendo bajas parentales y servicios públicos de cuidados en un vano intento de volver a las mujeres a su papel de ejército de reserva.

Si las políticas de conciliación en España contaban con pocos recursos financieros y servicios públicos, pero al menos ofrecían tiempo para conciliar, la realidad es hoy mucho más dura. La reforma laboral de 2012 ha sido particularmente lesiva para las mujeres, en primer lugar por la desnaturalización de la jornada parcial, admitiendo horas extras que las dejan sin tiempo para nada; en segundo lugar, por las dificultades para negociar la reducción de jornada por cuidado de hijas/os menores, la eliminación de los incentivos a la reincorporación tras la maternidad y la paralización del aumento previsto de la baja paternal. Los planes de igualdad se han quedado en la retórica, pero tienen poca efectividad y en una gran mayoría de casos directamente no

Ante esta situación desde el feminismo hemos de reflexionar en torno a las siguientes cuestiones: ¿Volverá a ser posible en España el compromiso con la igualdad de género? Ante la ausencia de políticas públicas ¿Están las mujeres condenadas al empleo a jornada parcial como única alternativa para la conciliación? ¿Es posible que las mujeres aceptemos que nuestra contribución al crecimiento económico no se vea recompensada en la misma medida que la de los hombres? ¿La igualdad de género es un lujo que no podemos permitirnos? ¿Las políticas de corresponsabilidad son también un lujo? Los partidos políticos ¿están comprometidos con la igualdad efectiva entre uno y otro sexo o se limitan a incluirlo en sus programas electorales? Las mujeres ¿demandaremos el cumplimiento de ese compromiso?

REFERENCIA CURRICULAR

Cecilia Castaño Collado es Catedrática de Economía Aplicada y co-directora del Master sobre Igualdad de Género en la Perspectiva de las Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Visiting Research Fellow en Massachusetts Institute of Technology, Harvard University y University of California at Berkeley. Creadora y directora (2006-2012) del programa de investigación Género y TIC del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya. Experta en Género en los ámbitos de las tecnologías de la información (TIC) y de la ciencia, la ingeniería y la tecnología (SET). Sus proyectos de investigación más recientes son sobre igualdad de género en el mundo de la ciencia y la educación universitaria. Entre sus recientes obras destacan Género, ciencia y tecnologías de la información (Editorial Aresta, 2014) y Las Mujeres en la Gran Recesión (2015)

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