Las mujeres inmigrantes han sufrido una estabilidad muy limitada, con jornadas laborales más largas que las de las autóctonas y con salarios generalmente más bajos

La mayor parte de la responsabilidad doméstica y del cuidado de las personas dependientes ha recaído históricamente en la mujer, independientemente de que ésta se haya ido incorporando al mercado de trabajo o no.

En España, dado que se sigue sin producir el reparto efectivo de tareas en el seno de los hogares; que las políticas necesarias para conciliar la vida familiar y laboral han sido siempre insuficientes; y que los servicios públicos de apoyo a la dependencia u otros cuidados son prácticamente inexistentes; con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, las familias han recurrido a la externalización del trabajo de cuidado del hogar. Esta externalización se ha ido produciendo casi siempre entre mujeres, es decir, confiándolo a las abuelas o a la contratación de otras mujeres.

En un principio, y en el mundo en general, el servicio doméstico se nutrió de jóvenes del medio rural que emigraban a las ciudades. Pero esta situación, en los países occidentales, fue siendo sustituida, en gran parte, por mujeres inmigrantes y ampliada no sólo a las tareas domésticas, sino al cuidado de las personas dependientes.

La tendencia hacia la extranjerización del servicio doméstico comenzó en España en los años 90, cuando este país se convirtió en un país de inmigración. No obstante, a raíz de las sucesivas regularizaciones extraordinarias, del progresivo envejecimiento de la población, y del cada vez mayor número de mujeres españolas con una mejor formación académica y profesional aspirando a desempeñar, con todo derecho, ocupaciones más destacadas en la sociedad, el proceso se fue acentuando hasta llegar a alcanzar a más de un 90 % de las mujeres que llegaban a nuestro país.

El componente de irregularidad, en la gran mayoría de los casos, era determinante ya que, aún contando con estudios o formación profesional, y proviniendo en muchos casos de las clases medias de sus países de origen, estas mujeres tuvieron que incorporarse a la economía sumergida, cuyo sector de mayor accesibilidad para ellas, debido a la existencia de un espacio laboral que la mano de obra autóctona no lograba cubrir, era el servicio doméstico.

Generalmente, las condiciones de trabajo de las mujeres dedicadas al trabajo doméstico en general, y las de las mujeres inmigrantes en particular, han sido bastante precarias, principalmente porque, hasta el año 2011, en España no existía regulación del sector. En el caso de las mujeres inmigrantes, éstas han sufrido una estabilidad muy limitada, con jornadas laborales más largas que las de las autóctonas -especialmente las de aquellas contratadas como internas-, y con salarios generalmente más bajos. A esto, hay que añadir que estas mujeres no han solido contar con el apoyo afectivo inmediato de sus familias a las que, por lo general, incluidos sus hijos e hijas, han dejado en sus países de origen, lo que ha hecho que sus condiciones de vida hayan sido aún peores. Incluso la regulación del sector en el año 2011, favoreciendo la creación de puestos de trabajo con mayores derechos laborales en el mismo, no contribuyó a mejorar las condiciones de empleo de las mujeres inmigrantes que han identificado barreras legales y económicas para conseguir un contrato y ser dadas de alta en la seguridad social, lo que ha influido en la posibilidad de legalizar su situación.

¿Y qué ha sucedido en el actual contexto de crisis? Pues, por una parte, que la puesta en marcha de esta regulación, como ya hemos visto, no ha contribuido a mejorar las condiciones de empleo de las mujeres inmigrantes, ya que su contratación ya no resulta tan barata como antes y, por otra, que muchas mujeres españolas, dados los tremendos programas de ajuste estructural inherentes a las políticas neoliberales que, con el pretexto de la crisis económica, se han ido poniendo en marcha -como por ejemplo, las reformas laborales, los brutales recortes en los sueldos y en los servicios públicos, no sólo sociales, o la derogación en la práctica de la Ley de Dependencia- estén volviendo al hogar para hacerse cargo, total o parcialmente, de las tareas que habían conseguido externalizar. Todo ello, en la práctica, significa un retroceso en los derechos y libertades de las españolas, y una vuelta a casa, o un sumo empobrecimiento, de gran parte de las mujeres inmigrantes a las que ya no les resulta tan fácil encontrar trabajo en el sector doméstico y, mucho menos, en algún otro sector.

Isabel Allende

REFERENCIA CURRICULAR

Isabel Allende Robredo es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y diplomada en Educación Social. Su interés por la diversidad cultural y por la lucha por la igualdad de oportunidades la llevó a seguir estudios de postgrado en Inmigración e Interculturalidad y en Antropología Social y Cultural, así como otros estudios relacionados con la Igualdad de Género. Lleva diecisiete años trabajando por la integración de personas en situación de exclusión, habiendo trabajado en diversos campos: drogodependencias, personas sin hogar, minorías étnicas discriminadas. Asimismo, ha colaborado en programas de empoderamiento de las mujeres en países como Nepal, Guatemala o Bolivia. En la actualidad es Directora Gerente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español. Igualmente, tiene numerosas publicaciones en los temas en los que es experta.

@IAllendeR

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