Revista con la A

26 de mayo de 2017
Número coordinado por:
Hortensia Hernández
51

Alzamos la voz con las mujeres de Chibuleo

México en la crisis de la CIDH: ¿distancia o complicidad en la asfixia provocada?

Lucía Rapahael

Lucía Rapahael

La negativa de los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión IDH vehicula un mensaje preocupante, que no podemos dejar de relacionar con las políticas neoliberales y capitalista que dominan la región. Para éstas, los derechos humanos constituyen un obstáculo para alcanzar las metas económicas que dichas políticas defienden y promueven, en las cuales el capital humano es un bien ya no prescindible sino que hay que desaparecer o desplazar

En mayo pasado, la Canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu Salinas afirmó en conferencia de prensa que México “no incrementará su contribución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH)”, a pesar de que este organismo internacional anunció que atraviesa una grave crisis financiera. En el contexto que vive la región, la negativa de los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión IDH vehicula un mensaje preocupante, que no podemos dejar de relacionar con las políticas neoliberales y capitalista que dominan la región. Para éstas, los Derechos Humanos constituyen un obstáculo para alcanzar las metas económicas que dichas políticas defienden y promueven, en las cuales el capital humano es un bien ya no prescindible sino que hay que desaparecer o desplazar, dejando sin protección a las comunidades indígenas y a las y los habitantes históricos de estos territorios, quienes han sido protegidos por siglos por su cultura y su cosmovisión, directamente relacionadas con el respeto a la Tierra y a la naturaleza. Protección que los países desarrollados del llamado primer mundo tienen integrada y vigilan con celo cuando se trata de su propia geografía, pero que desprecian y buscan desmantelar a toda costa, con la complicidad de los gobiernos de regiones como Latinoamérica, para poder sacar de sus entrañas la materia prima y los productos que subyacen tanto en las profundidades de estas tierras sagradas, como en la superficie. El discurso de una noción de “desarrollo” que usan, implica en los hechos la explotación sin límites ni ambages de espacios que, en el derecho occidental mismo, serían considerados “propiedad privada”. La contradicción subyacente se deriva en parte de la ambición desmesurada de gobiernos subdesarrollados cuyos intereses están en sacar la mayor tajada posible de su paso por espacios de autoridad, en principio destinados al gobierno, pero que ellos reinterpretan como oportunidades de negocio y enriquecimiento ilimitados de sus propios bolsillos. Bajo esta lógica y este discurso se encuentra hoy la región, y es por ello que un Sistema como el Interamericano, que en materia de Derechos Humanos hace realmente su trabajo al señalar dichas irregularidades, estorba tanto. Es por ello también que, como explica Rodrigo Primyni, abogado colombiano especializado en Derechos Humanos, desde hace algunos años podemos observar la lenta y estratégica asfixia de los Organismos del Sistema encargados de visibilizar y castigar este comportamiento de los Estados de la región.

Frente a la incapacidad de los Estados de ofrecer una justicia real y expedita a sus nacionales, la Comisión IDH ofrece diversos espacios y herramientas jurídicas

Debemos entender que la Comisión IDH, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), son parte de la OEA, creada en 1948 por los 35 Estados de la región (incluyendo a Estados Unidos y a Canadá) con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, según el Artículo 1 de la Carta: “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”. La Comisión y la Corte IDH son dos de sus organismos más importantes ya que se ocupan de dar sustento a este objetivo central a través de la defensa y protección de los Derechos Humanos en la región. La función fundamental de ambos organismos es la defensa y protección de los Derechos Humanos de cada ciudadano y ciudadana de todos los países de la región. Así, frente a la incapacidad de los Estados de ofrecer una justicia real y expedita a sus nacionales, la Comisión ofrece diversos espacios y herramientas jurídicas, como las medidas cautelares de protección, que exponen las violaciones de los Derechos Humanos de las y los agraviados y exigen al Estado en cuestión su cumplimiento y respeto. Con este fin, la Comisión IDH realiza visitas programadas a lo largo del año a sus distintos países miembros, emitiendo informes sobre la situación de dichos Derechos Humanos en cada país de la región.

La Comisión IDH ha recibido 849 denuncias sobre México solo en 2015; constituyéndose, como lo explicó su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, en el primer lugar de la región en denuncias de violaciones en materia de Derechos Humanos. Imposible no vincular la incomodidad que estas denuncias representan para un país como México, que trabaja desesperadamente por mostrar una imagen de país en desarrollo, centrado en la captación de inversión extranjera (en el sentido de extracción a ultranza de los recursos naturales) mientras la realidad se le cae a pedazos, y espacios creados por los Estados mismos de la región en pos de una estabilidad y por el trabajo de la paz en las Américas. Estas contradicciones exponen la falacia de nuestra realidad en el tema resquebrajado y preocupante de los Derechos Humanos de la sociedad mexicana.

Los Estados miembros tienen el poder de asfixiar a los órganos creados para la defensa de los Derechos Humanos

El problema radica, precisamente, en la interdependencia directa de ambos organismos IDH con el presupuesto que les permite trabajar ya que la OEA sólo aporta el 50% de su presupuesto, mientras que los Estados miembros aportan el otro 50 % a través de un sistema de cuotas extraordinarias, las cuales, obviamente, se encuentran supeditadas a la voluntad y buena o mala fe de éstos. De esta manera, la autonomía y la libertad de ambas entidades se encuentra comprometida. Es por ello que los Estados miembros tienen el poder de asfixiar a los órganos creados para la defensa de los Derechos Humanos en la región.

El gobierno mexicano sugiere que es uno de los países más puntuales con sus cuotas. No obstante, según el informe para 2015, en diciembre no había pagado el compromiso de 300 mil dólares que había prometido. Para mayo de este año enviaron a la prensa un informe que intentaba “justificar” la postura de la canciller: Aparentemente la Cancillería mexicana pagó a la Comisión IDH cerca de 370 mil dólares, en su cuota anual, mientras que en 2014 hizo contribuciones voluntarias, o donaciones, por un millón y medio de dólares. Cabe aclarar que el gobierno mexicano cubrió la conformación y trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designados por la CIDH para el seguimiento del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos en septiembre de 2014, en cumplimiento de una medida cautelar que la CIDH, precisamente, emitió frente a la grave crisis que implica e implicó dicho caso, que hasta ahora no ha encontrado respuestas ni soluciones específicas. Ante la imagen deplorable de México frente a la comunidad internacional, fue un gesto elemental. De haberlo eludido, se habría evidenciado un absoluto desinterés en el tema, mientras que el discurso oficial afirma que “se trata de un tema central en la agenda del presidente Peña Nieto”.

Es indispensable que todas y todos lo entendamos: es un error pensar que esta crisis de derechos humanos y de humanidad están en territorios ajenos a nosotros, están a la vuelta de la esquina.

Para una comprensión más específica de dicha situación, entrevisté a dos queridos colegas y especialistas en estos organismos internacionales. La opinión de una de ellos, la de la Mtra. Magdalena Cervantes, puede leerse en la sección de este número “Con las de allá”.

FUENTES:

Iván E. Saldaña, “No incrementaremos apoyo económico a CIDH”: SER

Excélsior, 24/05/2016 20:22  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/24/1094683

Arturo Ascención, “La CIDH está en crisis financiera, ¿por qué debería importarte?”, “Animal Político”, junio 13 2016 13:53

http://www.animalpolitico.com/2016/06/la-cidh-esta-en-crisis-financiera-por-que-deberia-importarte/

Jacobo Dayán, “Justicia en África… impunidad en México”, julio 6, 2016

http://aristeguinoticias.com/0607/mexico/mensaje-de-la-corte-penal-internacional-para-mexico-articulo-e-infografias/

Semana (Colombia), Nación, “Parece que hay un interés de asfixiar la CIDH”,

2016/05/26 18:39

http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-interamericana-de-derechos-humanos-cerraria-por-crisis-financiera/475315

OEA

http://www.oas.org/es/

Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 2015

http://www.pudh.unam.mx/perseo/observatorio-del-sistema-interamericano-de-derechos-humanos-2015/

 

REFERENCIA CURRICULAR

Lucía Raphael de la Madrid es abogada y doctora en Estudios de lo Femenino por la Universidad París VIII. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. Es columnista de El Sol de México donde semanalmente publica su columna “Un cuarto propio”; Autora del libro Género y literatura: Hacia una perspectiva otra del derecho (México; IIJ-UNAM. 2015).

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