Lucía Melgar

La migración masiva de personas, sobre todo de un país a otro, representa para ellas diversos retos, desde la violencia y riesgo de muerte que implica cruzar territorios minados, como México en ruta hacia Estados Unidos, o entrar sin documentos a España o cruzar el Mediterráneo con la esperanza de reiniciar la vida en la Unión Europea

La migración masiva de personas, sobre todo de un país a otro, representa para ellas diversos retos, desde la violencia y riesgo de muerte que implica cruzar territorios minados, como México en ruta hacia Estados Unidos, o entrar sin documentos a España o cruzar el Mediterráneo con la esperanza de reiniciar la vida en la Unión Europea. Otro reto es ejercer derechos básicos cuando, pese a las convenciones internacionales sobre derechos humanos, la ciudadanía es la que importa a los gobiernos y éstos la limitan en función de intereses políticos o económicos, incluso para quienes han trabajado muchos años en el país, como  ha sucedido y sucede hoy en Estados Unidos.

Como señala Blanca Navarrete García, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C., organización que promueve y defiende los derechos humanos de las personas migrantes y la población LGBTI en Ciudad Juárez, México, entrevistada para este artículo:

 “… las personas migrantes/desplazadas viven la ciudadanía como una etiqueta que las señala como pertenecientes a un país u otro, donde hay particularidades que parecieran estar pre-establecidas para las diversas nacionalidades. Por lo tanto, pensar en la ciudadanía universal parecería una quimera en estos tiempos, cuando incluso la ciudadanía está limitada desde sus países de origen por la negación sistemática de derechos, entre ellos el de vivir dignamente”.

A la luz de la migración masiva internacional, acompañada de desplazamientos forzados internos y externos y del creciente número de personas refugiadas, quienes estudian la ciudadanía han planteado la necesidad de repensar el concepto para reconocer ciudadanías múltiples, garantizar los derechos humanos de todas las personas, y encontrar soluciones adecuadas a sociedades globalizadas que rebasan las constricciones del Estado nación. En un mundo donde se da prioridad al paso de mercancías y no al de personas y donde grupos mafiosos y economías depredadoras se benefician del traslado ilegal de personas, las contradicciones entre declaraciones de principios humanitarios y las prácticas son evidentes.

Las personas migrantes indocumentadas viven la falta de reconocimiento a sus derechos humanos y ven gravemente afectados su  bienestar y sus condiciones de vida por el simple hecho de carecer de documentos en regla

Para las personas migrantes indocumentadas, el problema no es conceptual. Viven día a día la falta de reconocimiento a sus derechos humanos y ven gravemente afectados su  bienestar y sus condiciones de vida por el simple hecho de carecer de documentos en regla. Las mujeres, de por sí vistas como ciudadanas de segunda, enfrentan una doble carencia en el ejercicio de sus derechos por su situación migratoria irregular. Un claro ejemplo de esto es la falta de acceso a la justicia y a la salud, que van ligadas cuando, por miedo a ser deportada, no se denuncia una violación o la violencia machista de pareja.

Como explica el Dr. Jesús Peña, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Ciudad Juárez, también entrevistado para con la A, hay casos excepcionales que sugieren la posibilidad de cambio pero, por contraste, iluminan los problemas de la mayoría de las migrantes irregulares. Al referirse al caso reciente de una migrante mexicana, menor de edad, a quien las autoridades federales estadounidenses le negaron la autorización para un aborto legal y seguro y sólo lo logró tras un proceso judicial, explica:

“Esta persona reunió fondos por su cuenta para el procedimiento. Las cortes locales aprobaron la realización del aborto, para luego ser rechazado el permiso por una orden federal. Esta persona fue forzada a asistir a clínicas dedicadas a promover la prohibición del aborto que buscaban disuadirla de su decisión de abortar. En este caso, los derechos de esta persona a decidir sobre su cuerpo y su salud reproductiva fueron limitados tanto por su condición migratoria irregular como por la postura del gobierno federal sobre el aborto. El aborto es uno de los temas que causa mayor división política y social en Estados Unidos. Si a esto le añadimos el tema de la migración irregular, estamos ante un caso de gran importancia en el reconocimiento de los derechos de migrantes y mujeres en Estados Unidos. Esta persona podría haber sido obligada a tener un hijo y ser deportada. Afortunadamente, gracias al acceso oportuno a ayuda legal, se lograron evitar ambas situaciones.

No se trata de un caso aislado o inédito. Aunque sí particular, debido a que esta persona logró tener acceso al sistema judicial estadounidense para defender sus derechos. Nos hace pensar en tantas otras mujeres migrantes irregulares que por miedo a la deportación se vieron obligadas a buscar de manera clandestina servicios de salud reproductiva.”

Quienes residen sin documentos en otro país viven con el miedo cotidiano a la deportación. Bajo los gobiernos de Obama y Trump, ésta ya ha roto la vida de millones de personas que han vivido y contribuido al desarrollo de Estados Unidos. Interrogado acerca de las acciones del gobierno mexicano para apoyar a sus ciudadanos y ciudadanas, el experto en migración internacional y política migratoria señala que, desde inicios, se han puesto en práctica distintas medidas que la deportación masiva rebasa y que, además, tienden a ser asistencialistas. La ayuda, plantea:

“… tiene que llegar antes de la deportación. Para esto, se necesita de una actualización en el enfoque de la protección a migrantes por parte de los gobiernos en los tres niveles, así como de la sociedad civil. La asesoría legal y acceso a un abogado o abogada en Estados Unidos pueden ser de mayor importancia para estas personas que un trabajo en la maquiladora o un boleto de autobús estando ya deportados o deportadas en México”.

Advierte también que, más allá del muro físico fronterizo que planea Trump y de las deportaciones:

 “… un muro más devastador para las personas migrantes se ésta construyendo dentro del sistema legal y político de Estados Unidos, y es ahí donde se tiene que defender a las y los connacionales en Estados Unidos. ¡Necesitan asesoría y recursos en material jurídica!”.

Esta advertencia remite también a la amenaza que pesa sobre las y los Dreamers,  jóvenes que llegaron a Estados Unidos en la infancia y que serían expulsados si se cancela DACA, el programa temporal instituido por Obama y suspendido por Trump, que les ha permitido permanecer en ese país. Pese al reto que implica para México y al trauma que supondría para cerca de un millón de jóvenes, el gobierno mexicano no ha tomado, en mi opinión, medidas decisivas  de amplias mira y largo alcance para apoyar a este grupo.

El problema es complejo pues, como explica el Dr. Peña, los Dreamers no pueden beneficiarse de una simple política de reinserción pues han vivido más tiempo en Estados Unidos que en México y no todos quieren volver. Lo que necesitan es un apoyo previo a la deportación. Acerca de DACA, plantea que:

“Vivir toda la vida bajo DACA es también un problema para sus beneficiarios.  Es una de esas figuras sociojurídicas que podemos colocar dentro de lo que Habermas refiere como tolerancia pluralista basada en la capacidad de soportar contradicciones negociadas aceptando argumentos de validez mutuamente excluyentes. DACA representa un espacio intermedio, entre la integración y la desintegración sociopolítica. Permite estar y trabajar en Estados Unidos, pero niega al mismo tiempo el derecho de ser ciudadano o ciudadana estadounidense”.

Por lo cual, una solución ante la cancelación de DACA sería abrir un camino a la ciudadanía, lo cual es poco probable dada la postura de Trump.

Como sugieren estos ejemplos y reflexiones, la precariedad en que viven  millones de personas migrantes, desplazadas o refugiadas, rebasa con mucho los conceptos y marcos legales hoy vigentes y exigiría un mínimo reconocimiento del derecho a vivir en condiciones dignas. En palabras de Blanca Navarrete: “La práctica diaria de la ciudadanía excluye el ejercicio de los derechos políticos, pero no debería excluir la posibilidad de construir bienestar  individual y colectivo”.

Quizá, aunque utópica, valdría la pena proponer una ciudadanía universal, desde una perspectiva feminista y en defensa de un mundo para todas y todos.

REFERENCIA CURRICULAR

Lucía Melgar es crítica cultural y coordinadora para América latina de con la A.

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