Begoña San José

En un país en el que no hay diálogo ni dialéctica entre lo gubernamental y lo no-gubernamental, en la política en general y las políticas de igualdad de género en particular, el cauce de los Informes Sombra de las ONGs al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) abre procesos de incidencia política feminista

En “un mundo en el que el 8% de la población acumula el 82% de la riqueza, como parte de una tendencia de acusado aumento de la desigualdad de riqueza en los últimos 20 años”, como señala en 2014 el Informe A/69/62 del Secretario General de Naciones Unidas, la “austeridad” se impone al 80% de la población mundial como una ideología inmune a los hechos. Y en un país en el que, además, no hay diálogo ni dialéctica entre lo gubernamental y lo no-gubernamental, en la política en general y las políticas de igualdad de género en particular, el cauce de los Informes Sombra de las ONGs al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) abre procesos de incidencia política feminista.

Al Comité CEDAW, en sus Observaciones finales a España (CEDAW/C/ESP/6) de 07.08.2009, en el punto 13 señala que “le preocupa que se le haya facilitado información limitada sobre los mecanismos y estructuras vigentes en los planos provincial y municipal y en las comunidades autónomas”, y en el punto 10 destaca que «la Convención es vinculante para todos los poderes públicos» e invita al Estado parte a que aliente a sus parlamentos nacionales y autónomos, y a sus cámaras provinciales y municipales a aplicarla e informar de cómo la aplican.

Por eso, 277 ONGs feministas, de cooperación internacional y de derechos humanos, hemos presentado en 2014 el Informe Sombra https://cedawsombraesp.wordpress.com/ sobre la aplicación en el periodo 2008-2013 de la CEDAW, que señala que el Estado central ha recortado de 2009 a 2013 el 49% en el Presupuesto del Estado para Igualdad (programa 232B) y el 23% el de Violencia de Género (programa 232C), ha bajado tres rangos su organismo para la Igualdad, de Ministerio de Igualdad (2008-2011) a Dirección General en 2012, y ha estado más de la mitad de su mandato (de enero 2012 a marzo 2014) sin el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres al que le obligan el art. 17 de la Ley de Igualdad y la medida 203 de la Plataforma de Acción de Beijing.

Las Comunidades Autónomas también han reducido de 2008 a 2013 un 32,5% la financiación de sus programas contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres, al que destinan un promedio del 0,09% de su presupuesto, con lo que sus planes languidecen, sus leyes se incumplen y las mujeres en los gobiernos autonómicos han bajado del 39,7% al 34,2%.

Pero ¿qué pasa en los Ayuntamientos? Gestionando el 13% del gasto público en España son, o eran, la administración territorial con más porcentaje dedicado a políticas de igualdad: el 0,24%, frente al 0,005% del Estado central y el 0,09% de las Comunidades Autónomas. Pero el Estado central les impone el cierre total: la ley 27/2013 de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local ha eliminado su artículo 28, que desde 1984 les atribuía la competencia potestativa de promoción de la Igualdad de las mujeres, en consonancia con el artículo 9.2 de la Constitución y las Cartas Europeas de Autonomía Local (BOE de 24.02.89) y para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local (CMRE 2006). Solo podrán realizar actuaciones de promoción de las mujeres si logran delegación y financiación autonómicas. Doce de las CC AA han legislado para eludir la asunción y financiación de competencias municipales, pero también su cierre: en Galicia la Ley 5/2014, la Comunidad de Madrid la Ley 1/2014, en Cataluña el Decreto Ley 4/2014, en Murcia el Decreto-Ley 1/2014, Andalucía Decreto-Ley 7/2014, Castilla y León Decreto-Ley 1/2014, en el País Vasco Circular de 11 de marzo de 2014, en Asturias Decreto 68/2014, en Extremadura el Decreto 265/2014, en las Islas Baleares el Decreto Ley 2/2014, La Rioja Ley 2/2014, en Aragón la Circular 1/2014.

Los servicios más amenazados son los puntos de atención jurídica, psicológica y social a las víctimas de violencia de género, que por el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género deben prestarse por convenio de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Su cierre desactivaría aún más el principal mecanismo de dicha Ley, los juzgados de violencia contra la mujer, manifestado por el descenso de denuncias (17% de 2008 a 2013, de 142.125 a 124.894), órdenes de protección y condenas, mientras no cesa la sangría de mujeres asesinadas.

Hace siete años, las administraciones rivalizaban en aprobar objetivos, programas, presupuestos y órganos para promover la igualdad entre mujeres y hombres y luchar contra la violencia de género. Hoy las administraciones la abandonan

En resumen, hace siete años, las administraciones central, autonómica y local rivalizaban en aprobar objetivos, programas, presupuestos y órganos para promover la Igualdad entre mujeres y hombres y luchar contra la Violencia de Género, que eran una prioridad política. Hoy triunfa el lema de Esperanza Aguirre “la igualdad igual da” [1], y las Administraciones la abandonan pretextando que la deben de hacer otros “para evitar duplicidades”, que es superflua, pues lo único esencial es el pago de la deuda, o sin siquiera pretextar nada.

No podemos esperar a que el impacto de esta medida sea clamoroso porque entonces será más difícil revertirla. Ahora, en víspera de (y tras) las elecciones municipales, debemos exigir la derogación de la derogación del artículo 28 de la Ley de Régimen Local. Como dice el Manifiesto ante las elecciones locales y autonómicas 2015 de 50 organizaciones feministas “No a la austeridad, sí a la igualdad”. El 24 de mayo de 2015, además de elegir más de 64.000 cargos -que deben ser paritarios de mujeres y hombres- de 8.111 Ayuntamientos, 7 Cabildos, 3 Consejos Insulares y 3 Diputaciones Forales, y a 866 diputadas y diputados de 13 Comunidades Autónomas, elegimos cambiar o seguir con un modelo de desempleo para 5,4 millones de personas, el 48% mujeres, de venta de bienes públicos, de recorte de la educación infantil y de la atención a las personas en situación de dependencia, de aumento de la desigualdad y la pobreza, de desahucios e infraviviendas, de violencia de género, debemos exigir Municipios activos en el reparto igualitario del empleo y los cuidados, que universalicen la educación infantil de 0 a 3 años; comedores escolares y compatibilidad de horarios y calendario escolar con el laboral de las madres y padres, universalizar la mutilada Atención a la Dependencia con servicios profesionales de ayuda a domicilio, centros de día y residencias asistidas y reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos, lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Los Ayuntamientos, como Administración más cercana, son imprescindibles para una Democracia paritaria y participativa, con cauces como un Consejo de participación de las Mujeres representativo, plural, autónomo y reivindicativo y presupuestos participativos con perspectiva de género, recuperando la participación municipal en los Consejos escolares de Centro eliminada por la Ley 27/2013 y su plan de prevención de la violencia (art.8 Ley 1/2004).

Ayuntamientos comprometidos contra la precariedad laboral, jurídica y social de inmigrantes y nacionales, que incrementa su vulnerabilidad a la violencia.

Convertir el parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. Establecer por ley la dación en pago y que la hipoteca no supere el 30% de los ingresos de la persona o familia, ni 20 años y fomentar una oferta plural de vivienda, con atención especial a las familias monoparentales y a la emancipación de las y los jóvenes.

Eliminar la segregación de espacios y las barreras arquitectónicas, y fomentar la proximidad en los bienes, como los alimentos y en servicios y centros polivalentes para ayudar a conciliar la vida familiar, personal y laboral.

Gestión pública, participativa, con perspectiva de género y criterios de sostenibilidad del agua y el abastecimiento de alimentos, el territorio y el patrimonio, preservando los bienes públicos, la recogida de basuras, la limpieza viaria y el transporte.

NOTA:

[1] Diario Público, 22.02.2010 http://www.publico.es/espana/aguirre-habria-eliminar-ministerio-igual.html/

REFERENCIA CURRICULAR

Begoña San José es Licenciada en Derecho. Funcionaria de carrera ejerciendo su desempeño en distintos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, ha ocupado, entre otros, los cargos de Presidenta del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Presidenta del Fórum de Política Feminista y Presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI).

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