Ayotzinapa me quitó las palabras. Por el horror, por una sensación de déjà vu que no resta la indignación pero aumenta extrañamente la incredulidad. Años de seguir temas como el feminicidio o las masacres de jóvenes hacen mella. A la larga dan fuerza para continuar: enseñan que si el horror no se detiene, aumenta y amplía su zona de destrucción. No sé cómo detener el horror pero sé que hace falta decirlo desde otro lugar que no sea la trivialización  y la indiferencia. Eso intento.

Una colaboración de Lucía Melgar

El crimen de Iguala podría haber sido un llamado de atención para un gobierno que se ha dedicado a barrer la violencia bajo una catarata de spots vacuos y de propaganda que corresponde al mundo irreal de la televisión abierta, no a la sociedad desigual y plural que conformamos. Por un instante, pensé, quise creer, que no se repetiría la insensibilidad de Calderón ante Lomas de Salvarcar ni el ocultamiento de lo que equivale a un crimen de guerra como la destrucción de Ciudad Allende, en  Coahuila, nuestro Lídice; quise creer que no se repetiría el guión de maltrato a víctimas que bien conocen las madres de Ciudad Juárez,  del Estado de México y de tantas otras regiones azotadas por el feminicidio y la desaparición de niñas y jóvenes.

Error.

Ante un crimen brutal que le eriza los pelos hasta a víctimas de  torturas de dictaduras del Cono Sur, el gobierno optó por cerrar los ojos: a ver si se olvidaba, o  pasaba a segundo plano, como otras masacres (San Fernando, por ejemplo). Cuando le fue evidente que el crimen era tan excesivo que no podrían apagar los reflectores de la atención internacional, buscaron deslindarse de su responsabilidad, atribuyendo el problema a “Iguala” a “Guerrero” o a la “pareja infernal” que empezaron a pintar algunos medios oficiosos.  Y luego, retomaron el guión que creen les ha funcionado para “administrar los problemas”: administraron la información, intentaron cooptar a los padres, callarlos; de pronto anunciaron una detención espectacular, la de la pareja criminal, y a los pocos días enfrentaron a 43 familias destrozadas a una información horripilante en el sentido literal de la palabra, y no confirmada.

Tal pareciera que no hay abogados ni asesores capaces de ilustrar a los funcionarios sobre sus obligaciones y las obligaciones del Estado: lo que es cumplir y hacer cumplir la Constitución – con su reforma al artículo 1ero en términos de primacía de derechos humanos,  lo que implica cumplir con los tratados internacionales, lo que es el trato ético con víctimas.

Peor, pareciera que no hay en los funcionarios responsables ni sentido ético  ni sensibilidad humana básica.

Tal vez, como ha planteado Sergio González Rodríguez en Campo de guerra, estamos ya ante un a-Estado dispuesto a seguir administrando los problemas con una lógica de guerra, no “contra el narco”, contra la ciudadanía.

El hecho es, en todo caso, que el poder ejecutivo no está a la altura de la ciudadanía, ni de los jóvenes que han salido a las calles a protestar y demandar justicia. Ante el horror exacerbado, ante un crimen que rebasa –como otros antes, en mi opinión- todos los  límites de lo aceptable, el gobierno, incluyendo a los partidos políticos, ha pretendido seguir como si nada grave hubiera pasado. Una especie de rerun de la actitud ante desastres naturales que los lleva a decir absurdamente “México sigue en pie”.

Peor, ante la magnitud de la reacción de una ciudadanía indignada, ante la imposibilidad de dar la impresión afuera de que “aquí no pasa nada”   o nada “grave”, se está retomando también el manual del represor, puesto en  práctica de manera recurrente desde el 1ero de diciembre de 2012 en la ciudad de México, bien conocido  por quienes estudian  movimientos sociales o han observado protestas anteriores al 2012.

El guión no tan oculto de las autoridades rebasadas por la protesta social es romperla y criminalizarla. Para eso sirven la policía y las fuerzas del “orden”, los medios comprados y grupos de choque, se llamen porros, encapuchados o se les mal llame “anarquistas”. Se construye a quien protesta como enemigo del orden, se le acusa de tener nexos con criminales, de querer desestabilizar al país o de atacar a los buenos funcionarios. Si la manifestación es pequeña se le deja pasar una vez y la siguiente se cerca y paraliza (a esto le llaman “encapsular”, término inadecuado porque elude el miedo que provoca). Si es grande, se le deja pasar, con o sin vigilancia policiaca, y hacia el final se empieza a romper con disturbios de  bloques negros (encapuchados ligados a la policía o independientes), para culminar con un gran acto vandálico. El propósito es romper la manifestación y desprestigiarla ante la opinión pública manipulada por los medios, atemorizar a los participantes y a los simpatizantes; transmitir el mensaje de que manifestarse es arriesgado, de que los “infiltrados” pueden en cualquier momento desatarse provocando la intervención de la policía. Y como en México la policía es arbitraria, no irá a detener a los vándalos sino a quien sea, a quien esté cerca o lejos del lugar de los hechos. El caso es amedrentar, advertir, detener la protesta.

Otros han estudiado mejor esta estrategia y quienes estuvieron ahí podrán analizar mejor lo sucedido anoche, 8 de noviembre, ante Palacio Nacional. Pero es evidente que se trata de un gran acto vandálico montado o tolerado por las propias autoridades. Lo mismo, probablemente, que el incendio de la estación de metrobús frente a CU. Y todavía faltaría saber quién incendió el Palacio de Gobierno en Chilpancingo justo antes de que sucediera lo del Zócalo. Tal vez en Guerrero se trate de una reacción popular contra un símbolo de omisión e injusticia, pero no es imposible que sea un acto provocado.  En el caso del zócalo, quien pase regularmente por Palacio sabe que hay vallas y guardias;  quien haya ido a manifestaciones sabe que, además de la vigilancia visible, siempre hay vigilancia no visible, en las alturas y en  la propia plaza. ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron?

Lo que esto demuestra es que, pese a todo, pese a la enorme protesta, al profundo dolor, al horror que significa la desaparición y probable masacre de 43 estudiantes y la muerte de 6 personas más, una de ellas desollada, los administradores del Estado no han aprendido nada o no están dispuestos a entender nada. Han optado, hasta aquí, por repetir un guión digno de las dictaduras. Tal  vez asemejarse a las dictaduras sea lo de menos para ellos puesto que antes permitieron, y siguen permitiendo, que amplias zonas del país vivan en estado de excepción. No otra cosa sucede en Tamaulipas, en Michoacán, sucedía ya en Guerrero donde el narco controlaba la circulación por la sierra desde hace años. No otra cosa sucede también ya en la zona conurbada del DF donde mucha gente vive bajo la amenaza de la extorsión.  Pero a nosotros sí nos importa.

¿Qué nos queda ante esta evidencia de un gobierno endurecido y sin sentido ético? ¿Cómo romper nosotros, la ciudadanía, con el guión de la represión?  Tenemos derecho a la protesta y podemos y debemos seguirnos manifestando. Sin embargo,  también es necesario, me parece, buscar otras formas de protesta y exigencia que no nos desgasten,  revertirle al gobierno el costo de las detenciones arbitrarias, a los medios su colusión en la criminalización de la protesta y la desinformación; y encontrar caminos que nos saquen de este estancamiento en el shock.

El trauma ante este horror  se añade a otros para mucha gente. Es difícil hacer propuestas desde ahí pero  confío en que la juventud, que ha marcado la pauta estos días, proponga acciones y formas de acción innovadoras que habremos de apoyar. No en balde #YoSoy132 planteo una crítica seria  a los medios  mentirosos, que podríamos retomar como boicot a éstos y sus patrocinadores. Antes también Sabina Berman propuso negarnos a pagar impuestos, mientras no se cumplan condiciones mínimas para la vida ciudadana y se ponga un alto a la corrupción, acción que sólo puede tener éxito con una organización muy amplia.

Por ahora, desde nuestro lugar como profesores o simplemente como ciudadanía indignada ante el estado de desastre de nuestro país, debemos, me atrevo a decir, repetirle a quienes rehuyen sus responsabilidades y optan por criminalizar la protesta que, aunque promuevan o toleren el vandalismo, aunque detengan a inocentes y dejen ir  a los culpables, aunque vuelvan a cerrar el zócalo, Iguala es y seguirá siendo un crimen de estado. Y nosotros seguiremos exigiendo verdad y justicia para Ayotzinapa y todas las víctimas de violencia, institucional o criminal.

En el guión ideal de los gobernantes, deberíamos irnos a casa a llorar, a distraernos a olvidar. No podemos hacerlo. Nuestra casa está sitiada. Por el crimen organizado, por funcionarios corruptos, por empresas  y gobiernos ecocidas,  por delincuentes impunes; por el miedo y la impunidad en todas partes, por la ignominia, hoy.

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