Revista con la A

26 de septiembre de 2017
Número coordinado por:
Rosario Segura Graiño
53

Los estudios feministas, de las mujeres y de género en el estado español

Género y manejo integral del riesgo: una democratización necesaria

Hilda Salazar

Hilda Salazar

La precisión de términos cuando se habla de desastres, riesgo y vulnerabilidad es importante no sólo desde un punto de vista conceptual o analítico, sino también político

¿Desastres naturales o calamidades del desarrollo?

Inundaciones, sequías, deslizamientos, grietas, derrumbes, hundimientos. Estos y otros eventos se han intensificado en los últimos años con enormes secuelas en la vida personal, familiar y comunitaria: pérdida de los bienes en el hogar y los medios de vida, daño en la infraestructura pública y amenazas a la seguridad física de la población, incluyendo la vida. Estos acontecimientos se relacionan frecuentemente con fenómenos naturales, como huracanes, y por ello se les llama desastres naturales. Esta denominación no es precisa pues, como bien han señalado diversos autores [1], los desastres no son naturales sino que tienen siempre un carácter social. Más aún, la Red de Estudios Sociales de Desastres los concibe como “problemas no resueltos del desarrollo”.

La precisión de términos cuando se habla de desastres, riesgo y vulnerabilidad es importante no sólo desde un punto de vista conceptual o analítico, sino también político. Atribuir exclusivamente a la naturaleza los daños de estos eventos pone un velo sobre un estilo de desarrollo que ha privilegiado la obtención de ganancias, la productividad, la urbanización y la construcción de infraestructura por encima del cuidado de los ecosistemas, el bienestar de la población y del reparto equilibrado de la riqueza natural y social. Estas “fallas” del desarrollo, combinadas con la exacerbación de los fenómenos climáticos y naturales, han convertido a los desastres sociales y ambientales en un asunto de primer orden en las sociedades actuales.

¿Son las mujeres más vulnerables?

La capacidad para hacer frente a una inundación o sortear las secuelas de una sequía prolongada se relaciona proporcionalmente con los recursos a los que se tiene acceso, la condición socio-económica en la que se vive y la injerencia de las personas y los grupos sociales en la toma de decisiones. Por ello, no es casual que sean justamente los grupos poblacionales en situación de pobreza y en posiciones sociales desventajosas quienes resultan más afectados y, por ende, sean más vulnerables a los riesgos ocasionados no sólo por la naturaleza, sino también por las actividades antropogénicas y la combinación de ambos [2].

Es evidente que vivir en el lecho de un río, habitar en una vivienda precaria o carecer de acceso a información acrecienta los riesgos y, con ello, la vulnerabilidad de las personas y los grupos sociales ante un fenómeno natural extremo. El riesgo se refiere a la probabilidad de sufrir consecuencias negativas (daños, pérdidas) de tipo económico, social y ambiental frente a un fenómeno peligroso, en tanto que la vulnerabilidad es la capacidad (o la falta de ella) para enfrentarlo. No es por ello de extrañar que sean las personas y los grupos sociales que padecen formas de desigualdad específica los que se encuentren en mayor desventaja frente a los desastres socio-ambientales.

Desde esta lógica, las mujeres -junto con los pueblos indígenas, niñas, niños y personas con alguna discapacidad- están, en efecto, en una situación de mayor vulnerabilidad ante los riesgos de desastres socio-ambientales. Pero esta condición no es intrínseca ni constituye una situación de excepcionalidad. Las mujeres no son vulnerables por pertenecer a un sexo, sino como resultado de un conjunto de condicionantes sociales que las colocan en una posición de subordinación, discriminación y desigualdad social que se combina y acrecienta con otras como la pertenencia a un grupo étnico y a una clase social.

Si se toma en cuenta que poco más de la mitad de la población mexicana está compuesta por mujeres, que en México 60 millones de personas viven en situación de pobreza y que la población indígena y rural representa un 25 % de la población, se verá que los llamados “grupos vulnerables” no constituyen una minoría sino el grueso de la población y que, por tanto, el combate a la desigualdad social debería colocarse en el centro de una estrategia de reducción de la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastre y las consecuencias del cambio climático.

Las desigualdades de género restan a las mujeres capacidades para hacer frente a situaciones de riesgo. Por ejemplo, se ha documentado que hay más mujeres que hombres que no saben nadar, lo que constituye un mayor riesgo de ahogarse en las inundaciones; el analfabetismo es más alto entre las mujeres y también lo es el monolingüismo femenino en poblaciones indígenas, con lo que ellas tienen menos oportunidades de recibir información adecuada y oportuna para tomar previsiones frente a un fenómeno climático extremo. Se han registrado casos de violación de los derechos de las mujeres en los albergues; en las acciones de recuperación, con frecuencia sus necesidades e intereses son subestimados pues ellas carecen de interlocución y están ausentes de las instancias formales de toma de decisiones.

¿Es posible una gestión integral del riesgo sin igualdad de género?

La magnitud de los daños por desastres socio-ambientales en los últimos años ha obligado a las instituciones públicas y, en general, a la sociedad a construir nuevas aproximaciones a estos problemas. Se ha reconocido que las acciones gubernamentales son reactivas y que en materia de protección civil prevalecen los criterios de asistencia inmediata frente a la prevención y mitigación del riesgo. Es claro también que la falta de participación de la población, de las organizaciones sociales, comunitarias y civiles hace ineficiente cualquier estrategia, porque no se considera la noción de riesgo de la población en sus contextos específicos. Además, la ausencia de mecanismos para que la gente exprese sus necesidades y propuestas restringe que sus conocimientos y estrategias formen parte de las acciones e impone modelos que hacen tabla rasa de las condiciones de cada región, de estado, comunidad y hogar.

Aunque se reconoce que las desigualdades sociales gravitan en la construcción social del riesgo, las políticas orientadas a disminuir los impactos y a acrecentar las capacidades de la población frente a los fenómenos naturales y climáticos carecen de un enfoque de género.

De víctimas a protagonistas

La mayor situación de vulnerabilidad de las mujeres ante los riesgos de desastre socio-ambiental y el cambio climático ha resultado en una “victimización” que las coloca como personas débiles, pasivas e incapaces. Ello tiende a naturalizar las desigualdades e invisibilizar los conocimientos y habilidades que las mujeres tienen para enfrentar situaciones extremas. A pesar de sus condiciones de desventaja, las mujeres juegan un papel crucial tanto en los momentos de emergencia como en las tareas de recuperación, reconstrucción y prevención del riesgo. Justamente por haber vivido en los márgenes o estar excluidas de las políticas de desarrollo, las mujeres de zonas pobres y las indígenas han generado estrategias de sobrevivencia que pueden recuperarse para hacer frente a situaciones y momentos extremos y de emergencia.

Para que el reconocimiento del rol de las mujeres como expertas en generar “colchones” de seguridad trascienda su uso utilitarista, es necesario verlas como partícipes clave de las acciones del manejo integral del riesgo. Ello implica reconocerlas como sujetos sociales indispensables en la gestión del riesgo, la inclusión del ámbito doméstico como espacio crucial para aminorar los factores de vulnerabilidad y acrecentar las capacidades de las mujeres en todos los rubros en que padecen rezago. Es indispensable democratizar la asignación de los recursos públicos y los espacios de toma de decisión para que las mujeres -junto con otros grupos poblacionales discriminados y marginados- sean protagonistas de una verdadera gestión integral del riesgo y, con ello, de un modelo de desarrollo que no ignore a la naturaleza y que ponga en el centro el bienestar de las personas y la igualdad social.

NOTAS

[1] Ver Wilches en CISP-CRIC-TN, 2005; Aragón, 2008; Giraldo, 2007; PNUD, 2009; Oswald, 2011.

[2] Los conceptos amenaza, riesgo y vulnerabilidad han ido evolucionando en los últimos años de visiones centradas principalmente en el estudio de los fenómenos naturales y físicos hacia su articulación con los sistemas sociales (Aragón-Durand, 2008). Se habla ahora de riesgos naturales, socio-naturales y antrogénicos (CISP-CRIC-TN, 2005).

 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ARAGÓN-DURAND, Fernando (2008), “Estrategias de protección civil y gestión de riesgo hidrometeorológico ante el cambio climático” Instituto Nacional de Ecologia, México.

CISP-CRIC-TN, 2005, Orientaciones para la prevención y atención de desastres: cómo incorporar la gestión del riesgo en la planificación territorial, cómo formular planes de emergencia y operaciones de respuesta, cómo comunicar en emergencias, Portoviejo, Ecuador.

OSWALD, Úrsula (2011), “Reconceptualizar la seguridad ante los riesgos del cambio climático y la vulnerabilidad social” en LUCATELLO, Simone y Daniel RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ (coord.), Las dimensiones sociales del cambio climático: Un panorama desde México. ¿Cambio social o crisis ambiental?, México, UNAM-ENTS, Instituto Mora, pp.23-47

PNUD (1999), Informe nacional de desastre humano. El impacto de un huracán, Honduras, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

SALAZAR, Hilda; PEREVOCHTCHIKOVA, María; MARTÍN, Alejandra (2014) “Cambio climático, agua y género” en Cambio climático. Miradas de género. UNAM. PNUD.

 

REFERENCIA CURRICULAR

Hilda Salazar (México). Directora de Mujer y Medio Ambiente, A.C. Es economista y ha desarrollado su trabajo profesional como asesora, promotora y consultora de organizaciones sociales, civiles, académicas e internacionales en temas que articulan la equidad de género y la sustentabilidad ambiental.

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