Revista con la A

26 de septiembre de 2017
Número coordinado por:
Rosario Segura Graiño
53

Los estudios feministas, de las mujeres y de género en el estado español

El Plan F, el Plan Feminista, el Plan Económico Feminista

Gloria Alarcón

La crisis económica a España le ha supuesto la salida de muchas mujeres del mercado de trabajo y de su vuelta a los cuidados y a la atención de las tareas domésticas

  1. Introducción

Una de las grandes consecuencias de la ultima crisis económica en España es la destrucción de la clase media generando una tendencia a la polarización de nuestra sociedad en personas ricas y pobres [1]. Así, el actual sistema socioeconómico en España se dibuja sin clase media prácticamente. Esta es la fisonomía digna y clásica de un país subdesarrollado económicamente y deficiente en términos de calidad democrática. También, en el respeto a los derechos humanos.

Además de lo anterior, la crisis económica a España le ha supuesto la salida de muchas mujeres del mercado de trabajo y de su vuelta a los cuidados y a la atención de las tareas domésticas. Esto es, muchas de aquellas mujeres que estaban insertas en el mercado de trabajo, y que conformaban la clase media española, han ido abandonando sus puestos de trabajo, los cuales han sido ocupados por los hombres. Ello ha supuesto la vuelta paulatina a la tarea de los cuidados de las personas dependientes y del hogar, apartándose del mercado de trabajo y, en muchos casos, sobre todo en las de las monoparentales, sumiéndose en la precariedad y, más allá, en la pobreza [2].

Así, en el año 2016 y según el informe del INE Mujeres y hombres en España (2017) [3], en relación con las personas ocupadas a tiempo parcial por número de hijas e hijos y tipo de hogar, un 26,6% de mujeres (de 25 a 54 años) empleadas con 1 hijo trabaja a tiempo parcial frente al 5,7% de hombres en España. En el caso de 3 o más hijos los porcentajes son un de 26,2% de mujeres y de un 6,4% de hombres.

Si se toma como parametro el tipo de hogar, el porcentaje más alto en el año 2016 de las mujeres ocupadas, a tiempo parcial, corresponde al de un hogar de dos adultos con hijos (26,8%), y en hombres a otros tipos de hogares (10,2%).

En el año 2016, la principal razón alegada por las mujeres para trabajar a tiempo parcial, como consecuencia del cuidado de personas dependientes, es el no haber o no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de hijas e hijos (53,3%). El 63,8% de los hombres alega otros motivos diferentes como principal motivo para trabajar a tiempo parcial.

Según grupos de edad, en el año 2016 el porcentaje más alto de mujeres y de hombres que trabajan a tiempo parcial porque cuidan a personas dependientes corresponde al grupo de 35 a 44 años, 60,2% en las mujeres y 74,2% en los hombres.

En cuanto a las personas paradas e inactivas por cuidar a personas dependientes, en el año 2016, el porcentaje más alto de mujeres paradas que han dejado el trabajo para cuidar a personas dependientes corresponde a las que tienen de 35 a 44 años (29,0%), en los hombres el porcentaje de parados del mismo grupo de edad que también han dejado el trabajo para cuidar a personas dependientes es del 26,1%.

En relación a las personas inactivas, en el año 2016 el porcentaje más alto de mujeres que no buscan empleo porque cuidan a personas dependientes corresponde al grupo de edad de 35 a 44 años (31,7%), y en los hombres corresponde al grupo de edad de 45 a 54 años (47,7%).

En cuanto al cuidado de personas dependientes en 2015 [4] del área analizada durante la primavera del año anterior, un 9,6% de hombres (de 16 y más años) y un 13,2% de mujeres (de 16 y más años) cuidan a personas dependientes. Por grupos de edad, el porcentaje más elevado de hombres corresponde al grupo de 65 y más años (un 13,6%) y en las mujeres el porcentaje más elevado corresponde al grupo de edad de 45 a 64 años (un 20,3%). Un 31,9% de los hombres de 16 y más años que cuidan a personas dependientes les dedican menos de 10 horas a la semana. En las mujeres este porcentaje es del 24,8%.

Un 21,4% de hombres de 16 [5] y más años que cuidan a personas dependientes, dedican de 10 a 19 horas a la semana al cuidado de personas dependientes y un 46,7% de los hombres que cuidan a personas dependientes les dedican 20 horas o más a la semana.

En las mujeres de 16 y más años que cuidan a personas dependientes [6], un 24,8% dedica menos de 10 horas a la semana, un 18,1% les dedica de 10 a 19 horas a la semana y un 57,0% les dedica 20 o más horas a la semana.

La foto fija de este momento es que el sistema actual económico y social es fuente de desigualdades: las mujeres se ven negativamente afectadas tanto en el ámbito del empleo, como en el del hogar, dado que las mujeres inactivas lo son por causas familiares y los hombres no se dedican a los cuidados, excepción hecha de los inactivos.

El camino que propongo para salir de esta crisis y fortalecer a nuestra economía y sociedad se articula sobre un modelo basado en:

  1. La inserción plena de las mujeres en el mercado de trabajo en correlación con su formación y con el lugar que les corresponde económica y socialmente;
  2. La universalización de los servicios públicos relacionados con los cuidados de menores y mayores;
  3. La presencia de las mujeres en los órganos de toma de decisión, máximo exponente del pleno rendimiento de la formación de las mujeres en la actualidad.

Todo ello contribuiría a resolver los problemas de eficiencia y equidad de los que adolece nuestra sociedad. También rescataría y sostendría la clase media, base y fundamento de una sociedad democrática sana y moderna.

En resumen, se trata de llegar a un sistema en el que todas las personas puedan permanecer en el empleo de calidad durante toda su vida (Pazos, 2013), en el que el pacto intergeneracional sea sostenible y en el que todas las necesidades familiares estén atendidas por el sector público, sin que ninguna persona tenga que renunciar a sus ingresos, ni a su vida personal (Alarcón, 2015b).

Para ello es necesario conjugar todas las políticas públicas, absolutamente todas, y hay que tener un Plan F, un Plan Feminista, un Plan Económico Feminista, el cual establezca la igualdad de género, la igualdad entre mujeres y hombres, como eje básico de todas las políticas públicas y de manera transversal que:

  1. Elabore con carácter obligatorio informes de impacto de género de todas las normas, planes y actuaciones estatales, autonómicas y municipales;
  2. Dote de recursos públicos (servicios públicos e infraestructuras sociales) para atender a la infancia y la dependencia de forma equitativa y sin crear desequilibrios sociales o económicos;
  3. Exija la presencia equilibrada de mujeres y de hombres en los órganos de toma de decisiones.
  4. Evalúe con carácter obligatorio la incidencia de todas las normas, planes y actuaciones estatales, autonómicas y municipales;
  5. Implante políticas fiscales que no inviten de forma subrepticia a que las mujeres se queden en el ámbito doméstico y de los cuidados, como es una tendencia en la actualidad;
  6. Cree políticas de empleo para garantizar los derechos y la estabilidad laboral, teniendo presente y combatiendo las segregaciones, tanto verticales como horizontales;
  7. Diseñe políticas para el reparto equitativo del empleo y de los cuidados entre hombres y mujeres, tales como la implementación de los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción de madres y padres, así como otras.

Esta ha sido la apuesta política que ha construido el sistema jurídico y social de los países nórdicos desde los años 70 y que les ha arrojado muy buenos resultados tanto en igualdad como en competitividad [7].

Nuestra propuesta, la propuesta del Plan F, del Plan Económico Feminista, es por tanto, recuperar, fortalecer y hacer sostenible la clase media española, por la cual entendemos que es aquella en la que ambos miembros de la unidad familiar trabajan, están insertos en el mercado de trabajo y, con un cambio de políticas públicas, ambos son cuidadores en igualdad.

El Plan F parte de la base de que la única solución realmente efectiva para modificar esta sociedad, cada vez más dicotomizada entre ricos y pobres, es avanzar hacia la igualdad total en todos los ámbitos implicados, por considerar que es el único medio de que se haga posible el cambio de modelo social y económico sostenible. Es el único modelo por el que esta sociedad será social y económicamente sostenible.

Así, las sociedades no serán sostenibles si no es contando con las mujeres en el mercado de trabajo y con los hombres en los cuidados.

Para ello, la condición necesaria es incorporar los elementos fundamentales que permitan construir una sociedad donde no haya ninguna diferenciación de roles de género, y sí plena libertad para la diversidad entre personas.

Ello supone lograr una sociedad donde la igualdad sea efectiva entre mujeres y hombres y suponga que las mujeres ocupen su lugar en el mercado laboral y equilibrado con el de los hombres. También, que los hombres lo adquieran en el ámbito de los cuidados. Ambos deben ser sustentadores y cuidadores por igual.

Ello implicará la dignidad, la autonomía personal y económica de cada una de las personas y la garantía del bienestar de ambos. Además, que la perdida de empleo de uno de los miembros de la unidad familiar no subsumirá al hogar en la pobreza por lo que los vaivenes de los ciclos económicos se podrán ir soportando. También, que hombres y mujeres desarrollarán sus capacidades de autonomía personal y económica, así como las emocionales.

  1. El Plan Feminista, Plan F, el Plan Económico Feminista

2.1. Contenido del Plan F [8]

Para la consecución de todo ello, proponemos el Plan Económico Feminista, Plan F, siguiente:

  1. Implantar el presupuesto con perspectiva de género en todos los niveles de la organización territorial española -Estado, CCAA y CCLL-, haciendo efectiva la transversalidad de género contemplada en el artículo 15 de la Ley Orgánica 03/2007, de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ello significa la exigencia de que todas las normas generales contengan un informe en el que se refleje el impacto que tienen las medidas aprobadas en la igualdad de género. Ello supone identificar cómo afectan las concretas políticas públicas en mujeres y hombres y en determinar a quiénes van dirigidas y cuáles son las necesidades que se abordan.
  2. Elaborar estadísticas por sexo y recoger datos desagregados por sexo de usuarias y usuarios de todas las prestaciones y servicios públicos, contenidos en los presupuestos de los tres niveles de organización territorial.
  3. Revertir los recortes en los servicios públicos -educación, sanidad y servicios sociales- que han tenido efectos especialmente adversos en las mujeres, tales como los recortes a las escuelas infantiles y la reducción de la atención a la dependencia de mayores y de menores, sanidad o educación.
  4. Invertir en infraestructuras sociales -las relacionadas con la salud, la educación, los cuidados de mayores, menores, discapacitadas y discapacitados, así como en vivienda y urbanismo-, complementado con inversión en energías renovables y en transporte público. Esto mejoraría tanto el bienestar y la productividad de la población, en el corto plazo, pero también en el largo plazo y en un desarrollo sostenible.
  5. Mejorar las condiciones de trabajo del personal de las infraestructuras sociales (entre los cuales las mujeres son la mayoría), tanto de quienes trabajan directamente en el sector público, como del personal contratado por el sector privado y encargado de estas tareas. Ello conduciría a una mejor calidad en la prestación de estos servicios.

– Creación escuelas infantiles para el personal que desempeña su trabajo en aquellos centros de trabajo con horarios muy extensos, tales como hospitales, o donde haya un elevado número de trabajadores y trabajadoras.

– Creación de centros de atención a la dependencia para el personal a

cuyo cargo están las y los dependientes.

– Horarios flexibles en función de las condiciones personales.

  1. Reforzar el conjunto de los derechos de las y los trabajadores. Una gran parte de los nuevos empleos son a tiempo parcial o con sueldos precarios, lo que significa que las y los trabajadores, aun teniendo un puesto de trabajo sus condiciones son tan básicas que no pueden asumir con dignidad el coste de la vida. Esto contribuye a un aumento de la pobreza de las y los trabajadores y a una pérdida de dignidad y de seguridad. Todas y todos los trabajadores, independientemente del tipo de contrato, deben gozar de los derechos básicos. El salario mínimo deberá situarse en un nivel que garantice una vida digna.

– Equiparación obligatoria de las mujeres y los hombres en los comités y en la designación, tanto de los cargos de gestión como de libre designación en las Administraciones públicas, con publicación de los criterios de selección de estos cargos y la puntuación obtenida por candidatas y candidatos.

– Publicación de los salarios efectivos percibidos por las empleadas y empleados públicos, tanto del personal contratado como del funcionariado, fomentando que se extienda a la empresa privada.

– Establecer cauces para la exigibilidad del cumplimiento de la igualdad

salarial igual salario para las mismas funciones de trabajo.

– Exigir el cumplimiento del Convenio de la OIT respecto de las mujeres

que realizan trabajo doméstico.

  1. Garantizar el acceso a unos cuidados públicos dignos de niños y niñas, personas con enfermedades y discapacidades, así como de las personas mayores.
  • Garantizar la dotación de infraestructuras públicas y la escolarización universal de niñas y niños de 0 a 3 años en todo el territorio estatal.
  • Garantizar la dotación de plazas para la atención a la dependencia en todas las CCAA mediante centros de día o geriátricos públicos.
  • Formación profesional de asistentes sociales, trabajadoras y trabajadores sociales, que puedan atender con regularidad a las personas dependientes que no tengan la posibilidad de acudir a los centros anteriormente mencionados.
  1. Garantizar la inserción de los hombres en los cuidados y en las tareas domésticas a través del establecimiento del permiso paternal financiado, igual e intransferible de nacimiento y adopción. Aprobación de una ley que lo establezca con carácter obligatorio para todo el estado.
  2. Creación de un sistema de prestaciones sociales que tenga como objetivo el reparto más justo de los cuidados y del coste de los mismos -tanto entre mujeres y hombres- y que proporcione ingresos de forma adecuada y autónoma para todas las personas durante el curso de su vida.
  3. Eliminación de la tributación conjunta en el IRPF. La tributación conjunta y su opcionalidad constituyen una trampa de la desigualdad. Constituyen un instrumento de planificación fiscal donde se pone en juego la incorporación de las segundas declarantes al mercado de trabajo, un 85,60% de mujeres (Alarcón García, 2017).

Y ello por el denominado índice de discriminación fiscal del segundo perceptor (De Villota y Ferrari, 2004; 2016), que significa que las mujeres casadas en España soportan los tipos impositivos efectivos más elevados por agregarse a la renta del marido. Dada la alta elasticidad de la oferta laboral femenina en España, estos tipos impositivos se traducen en desincentivos a su posible incorporación al mercado laboral (Pazos y Medialdea, 2012) y es mayor cuanto más alto es el salario del marido y cuanto menor sea el de las mujeres, cual es el caso de los contratos a tiempo parcial, que puede ser una opción muy frecuente en mujeres que deciden reincorporarse tras un periodo de abandono del mercado laboral.

  1. Incremento del número de los tramos del IRPF en las rentas, situando el tramo más bajo en un nivel que deje fuera de la tributación las rentas básicas de reinserción y otras. Según el Informe Mirrlees (2013), se puede afirmar que toda política impositiva tendente a reducir la presión fiscal de las personas con bajos salarios, constituye un incentivo adecuado para garantizar la permanencia femenina en el empleo y evitar su retirada del mercado de trabajo (margen extensivo) (De Villota Gil- Escoin y Ferrari, 2016).
  2. Incrementar la inversión en viviendas sociales, priorizando su acceso a las personas con rentas bajas, en especial a las familias a cuyo cargo se encuentre una mujer. Una vivienda al alcance de todos es fundamental para lograr una economía solidaria y sostenible y, en particular, es básica para los y las titulares de rentas bajas, entre quienes se sitúan especialmente las mujeres al frente de familias monoparentales.
  3. Promover el transporte público de calidad que conecte los lugares de interés social y de los cuidados -hospitales, centros de día, ambulatorios….- con los lugares de trabajo, abandonando los sistemas de comunicación radial.

Conectar los lugares de interés social -escuelas infantiles, colegios, institutos, mercados, universidades, hospitales, centros de día, ambulatorios-, así como con los principales centros de trabajo, abandonando los sistemas de comunicación radial.

  1. Crear un sistema de servicios sociales en relación con el impago de las pensiones de alimentos en favor de los hijos e hijas por la progenitora, suponiendo que se genere un derecho a la percepción subsidiaria de una cantidad equivalente a las pensiones impagadas respecto de las administraciones autonómicas durante el tiempo del impago de la pensión. El impago de la pensión de alimentos supondrá la imposibilidad para contratar con la administración autonómica y en la percepción de subsidios de la misma. La Administración apoyará jurídicamente a la madre, o padre, acreedora de las pensiones de alimentos.
  2. Considerar a las familias monoparentales como un colectivo especialmente desfavorecido, y digno de protección especial, tanto en las políticas sociales como fiscales (Alarcón, 2015). En consecuencia con lo anterior, definirlo como sujeto preferente en todas las acciones sociales, beneficios fiscales o subvenciones públicas en las que se tenga en cuenta a colectivos determinados o en aquellas cuestiones que así se considere.
  3. Tener en cuenta al colectivo de mujeres del mundo rural como eje fundamental del desarrollo económico y social.
  • Las decisiones que afectan a este sector se tomarán contando con las asociaciones de mujeres rurales.
  • Se perseguirá la toma de posición en los órganos de decisión política y social, empoderamiento, de las mujeres rurales, fomentando el uso de las tecnologías de la información en el mundo rural, con particular atención a las mujeres rurales como mecanismo de empoderamiento.
  • Se potenciará su participación en la vida económica, política y sociocultural de su territorio, repercutiendo con ello en la cohesión social y en la gobernanza local, elementos clave para el desarrollo sostenible del medio rural.
  • Acciones concretas:
    • Fomentar, difundir y concienciar la propiedad rural compartida;
    • Transporte público de que conecte pedanías y núcleos urbanos;
    • Extender la conexión internet a las zonas rurales;
    • Fomentar el cooperativismo rural de las mujeres y hacer seguimientos de las mismas;
    • Fomentar la agricultura y la ganadería, el mundo rural para que las mujeres no abandonen los pueblos;
    • Escuelas infantiles y centro de día en zonas agrupadas y con transporte garantizado;
    • Promoción del emprendimiento femenino rural con acciones intensivas de formación.
  1. Potenciar el empoderamiento femenino y luchar contra la brecha salarial en la Administración y en el sector privado, mediante acciones tales como la apertura de los colegios e institutos los días de la semana en horario no escolar, así como los sábados, con el fin de que niñas y niños puedan estar atendidos y realizar actividades en el horario laboral de sus progenitores.
  2. Considerar a las parejas de hecho conyugues a los efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, otorgándole los derechos del cónyuge superstite a los efectos de este impuesto.

2.2. La financiación del Plan F

  1. En parte se pagaría por si mismo: nuestro Plan F aumentaría el empleo y las rentas medias lo que generará mayores ingresos en el impuesto sobre la renta, IVA y en la Seguridad social y ahorraría recursos a esta última.
  2. Revertir las reducciones en los impuestos introducidas desde junio 2006 ahorraría miles de millones.
  3. Aumentar la progresividad -gravar más a las y los que más tienen- y establecer nuevos tributos medioambientales generaría mayores ingresos públicos en las arcas autonómicas, sin ninguna duda abandonados al desinterés de las y los actuales gobernantes.
  4. La adopción de medidas eficaces en la lucha contra el fraude fiscal, tales como la inspección de los tributos autonómicos y, en particular, de la residencia de los y las contribuyentes aumentaría los recursos de las arcas del Estado y los de las CCAA.

No es que no haya recursos disponibles. Lo que sucede que no se movilizan los recursos para la estrategia económica que valore los cuidados y que tenga como objetivo la inserción en el mercado de trabajo en igualdad entre mujeres y hombres, así como el logro de un bienestar personal también en igualdad entre mujeres y hombres.

  1. Conclusiones

Es difícil una evaluación aproximada de nuestro plan F porque cada una de las 18 medidas no está cuantificada en sus objetivos, con lo que es difícil cuantificar el coste de alcanzarlos.

No obstante, las medidas aquí contempladas no son adicionales a las de otros planes anunciados o a las de las leyes, incluso orgánicas aprobadas.

Así, los presupuestos con perspectiva de género son de obligado cumplimiento tras la Ley 3/2007 y en sí mismo tiene coste cero, salvo el coste administrativo de analizar cada partida bajo esa perspectiva y generar indicadores, para lo hay personal en la Administración,.

Otro tanto sucede con la elaboración de estadísticas mejores y más desagregadas por sexo.

El diseño de las políticas principales y de sus programas de sanidad, educación, servicios sociales, seguridad, urbanismo, relaciones exteriores, medioambiente es consustancial con lo anterior, como se ha expuesto con más detalle en el apartado anterior.

Por ultimo, la reversión de los recortes en gastos sociales es algo muy concreto y perfectamente cuantificado.

Las políticas públicas transversales, que ponen en el centro del interés de la actuación y de la evaluación a la igualdad entre mujeres y hombres, suponen la generación de una economía solidaria, justa y sostenible que pone en juego el máximo potencial de sus valores disponibles.

La igualdad de género es el eje de la sostenibilidad económica y social. No obstante hay demasiados agentes políticos que son incapaces de valorar su importancia y su potencial.

El Plan F, el Plan Feminista, el Plan de Economía Feminista, es el gran desafío político para lograr la mejor de las sociedades posibles.

La igualdad efectiva entre mujeres y hombres supone que las mujeres ganen el espacio y el peso necesario en el mercado laboral y los hombres lo adquieran en el ámbito de los cuidados. Ambos deben ser sustentadores y cuidadores por igual.

Esta sociedad no será sostenible si no es contando con la presencia plena de las mujeres en el mercado de trabajo y con la incorporación plena de los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico.

NOTAS

[1] 210 Informe Oxfam, 2016 https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-es_0.pdf

[2] Informe AROPE, 2016 y Encuesta de condiciones de vida, 2015

[3]http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas

[4] Módulo sobre Acceso a los Servicios de la Encuesta de Condiciones de Vida http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=resultados&secc=1254736194824&idp=1254735976608

[5] Módulo sobre Acceso a los Servicios de la Encuesta de Condiciones de Vida http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=resultados&secc=1254736194824&idp=1254735976608

[6] Módulo sobre Acceso a los Servicios de la Encuesta de Condiciones de Vida http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=resultados&secc=1254736194824&idp=1254735976608

[7] Índice del Foro Económico Mundial. https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global.

[8] El Plan F que se presenta ha sido elaborado teniendo presente el modelo elaborado por el Scotisch Women Budget Group y discutido con la Dra. Angela O’Hagan de la Glasgow Caledonian Universtiy

[9]http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpf/2014/home_parcialf36abf2b318550a15a62c7155c59bc246e8633af5.html

[10] Los tramos del IRPF actual son 19%, 24%, 30% 37 y 45%.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

– Alarcón García, Gloria (2015) “El tratamiento fiscal de la familia y, en particular, de la monoparental. Pasado, presente y futuro” en Fiscalidad, Elecciones, Violencia de género, Madrid, vol. XXIV Taller de Economía Feminista, pp. 57- 92.

– Alarcón García, Gloria (ED.) (2015b) “La Igualdad de género como eje de un nuevo modelo económico y social eficiente y sostenible: el cometido de las políticas públicas”, Instituto de la Mujer, Ministerio de Salud, Políticas Públicas e Igualdad, Madrid.

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2015/docs/LaigualdaddegeneroWeb.pdf

– Alarcón García, Gloria (2017) Comments Paper – Spain, The EU Mutual Learning Programme in Gender Equality, The impact of various tax systems on

gender equality, Sweden, 13-14 June 2017, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-practices/index_en.htm

– De Villota, Paloma y Ferrari, Ignacio (2004) Reflexiones sobre el IRPF desde la perspectiva de género: la discriminación fiscal del/de la segundo/a perceptor/a, IEF, Nº 9/04.

– De Villota, Paloma y Ferrari, Ignacio (2016), Diferencias por razón de sexo en el tratamiento fiscal de las rentas: la discriminación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Serie Estudios, nº 119.

– Medialdea García, Bibiana y Pazos Morán, María (2011) ¿Afectan los impuestos a la (des)igualdad de género? El caso del IRPF español, Presupuesto y Gasto Público 64/2011: 99-116

– Mirrlees, James (2013) Diseño de un Sistema tributario óptimo (Informe Mirrlees). Madrid: Centro de Estudios Ramón, Areces, SA.

– Pazos Morán, María (2013) Desiguales por ley: las políticas públicas contra la igualdad de género, Los libros de la Catarata, Madrid, ISBN: 978-84-8319-862-9.

 

 

REFERENCIA CURRICULAR

Gloria Alarcón García es Doctora en Derecho y Profesora Titular de Economía Aplicada en el área de conocimiento Hacienda y Economía del Sector Público de la Universidad de Murcia. Actualmente desempeña el puesto de IP del grupo de investigación “El Observatorio fiscal: análisis de las políticas públicas”. Master en Bussines Administration (1986) y Master internacional en igualdad y género en el ámbito público y privado (2009) por la Universidad Jaime I de Castellón, la Universidad Miguel Hernández, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Además, ha sido Magistrada Suplente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (2000-2004 y 2012-2015), ha presentado más de 50 comunicaciones y ponencias en eventos de ámbito nacional e internacional y ha publicado más de 50 artículos derivados de sus múltiples líneas de investigación. Igualmente, es profesora en postgrados de distintas universidades.

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